La relación que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, siempre rehúsa establecer entre su política fiscal y la situación de la sanidad pública fue uno de los núcleos de la sesión de control parlamentario de este miércoles. El Partido Socialista le recriminó el aumento escaso de la partida presupuestaria destinada a reforzar la atención primaria -33,4 millones de euros, según datos del propio Gobierno gallego- mientras eneficia a los grandes patrimonios con una bonificación del 50% en el impuesto que los grava. “Suprimiéndola podía duplicar ese refuerzo”, dijo el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, en referencia a los 34 millones que dejarán de pagar 7.700 contribuyentes gallegos con patrimonio medio de seis millones de euros.
Rueda, como acostumbra desde que presentó la medida el 23 de septiembre en un foro privado, no la mencionó. Sí negó la mayor y aseguró que la subida en los presupuestos de 2023 dirigida a la medicina familiar y comunitaria será de 137 millones. “No son ciertas las cifras que da”, le espetó a Álvarez. Pero Álvarez se había remitido a la referencia de la reunión extraordinaria del Gobierno gallego en la que se aprobó el proyecto de ley de las cuentas autonómicas enviada a los medios de comunicación. “La última línea de actuación es el fortalecimiento de los servicios públicos para tener cada año una mejor sanidad pública”, dice el documento, “destacan 33,4 millones para el refuerzo de la atención primaria”. Un 2,5% más, recordó el diputado socialista, en unos presupuestos que aumentan en global un 8,5%.
“Tremendismos los justos”, se defendió Álvarez, “tremendos son los datos y la entrevista con la gerente del Sergas”. Se refería a las declaraciones de Estrella López-Pardo en La Voz de Galicia en las que pedía a “la gente” asumir que “no habrá pediatras en los centros de salud” o acostumbrarse a que el facultativo de cabecera no de las citas para el mismo día. El presidente gallego no entró al tema, dijo que la había leído con muchísima atención y proclamó que “en Galicia hay grandes profesionales en un magnífico sistema de salud”. A continuación, relató protestas de trabajadores del sector en comunidades gobernadas por el PSOE -Extremadura, Aragón y Cantabria- para argumentar que los problemas “son generales” y cargar contra el Gobierno central, pese a la Xunta detentar las competencias en la materia.
Ana Pontón reclama recursos para salud mental
También sobre la sanidad pública trató la pregunta de Ana Pontón, pero centrada en la salud mental. “El 23% de las gallegas y gallegos padecen un probelma crónico de salud mental”, expuso, tras resumir su perspectiva en un par de cifras: 331 suicidios en 2022 -“una tasa por encima de la media estatal y europea”- y 400.000 gallegos toman píldoras y tranquilizantes. Frente a esta situación, agravada por la pandemia de coronavirus, la sanidad pública gallega mantiene, aseguró, cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes cuando la media europea son 18. Y 10.020 personas esperan por su primera consulta en el psiquiatra. “Queremos que haya recursos concretos”, concluyó.
Alfonso Rueda se defendió atacando, le soltó a Pontón que “se preparase mejor los temas” y afirmó que “hay más servicios que nunca”. Lo precisó en que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha contratado a 186 nuevos profesionales en salud mental -Pontón recordó que solo en primaria, para igualar la media europea, harían falta 461- y creado cinco nuevas unidades de prevención del suicidio, hasta un total de seis. “Estamos haciendo cosas”, acertó a decir Rueda, antes de admitir: “Hay que hacer muchas más”.