Desde el pasado 10 de agosto está en vigor la autorización con la que la Autoridad Portuaria de Ferrol permite la práctica del bunkering, esto es, del uso de las conocidas como gasolineras flotantes, barcos que les sirven combustible a otras embarcaciones sin tocar tierra. Esto sucede en los mismos días en que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que presidió hasta febrero una empresa especializada en esta actividad, anuncia su intención de hacer valer la declaración del entorno de la bahía de Algeciras, a un lado del peñón de Gibraltar, como Zona de Especial Protección. Allí no se puede practicar el bunkering porque perjudica el medio ambiente, viene a decir Cañete.
A pesar de agitar argumentos ecologistas, la manera de proceder de las autoridades en el entorno de la colonia británica no se reproduce en Ferrol. Así, la Autoridad Portuaria ferrolana sale al paso de las críticas y alertas sobre riesgos ambientales para “señalar el positivo efecto que la reglamentación de este servicio tendrá sobre la seguridad y el medio ambiente”. Según los responsables del puerto estos “beneficios” se pueden “resumir” en la “presencia de un nuevo buque anticontaminación puntero a nivel mundial para servicio de la costa noroeste española y con base en el puerto de Ferrol” y en los “efectos sinérgicos sobre la cartera de reparaciones del sector naval”, además de “efectos económicos sobre la industria logística y portuaria”.
Según la Autoridad Portuaria “hay que tener en cuenta que un rasgo que distingue los puertos principales de cada país, tanto en Europa como en Norteamérica y en los principales puertos asiáticos es la posibilidad de que los buques tomen combustible”. Así, la “inmejorable situación geográfica de Ferrol, junto con las extremas medidas de seguridad y ambientales que se han dispuesto para evitar los más mínimos derrames, hacen de esta una actividad altamente beneficiosa para la comarca”, resuelven.
Protestas y alertas políticas
Las explicaciones de las autoridades no convencen a colectivos vecinales y ecologistas y tampoco a las formaciones políticas diferentes del PP. Así, por ejemplo, el PSdeG acaba de registrar varias iniciativas en el Parlamento para instar a la Xunta a “prohibir el bunkering” en el conjunto de las rías gallegas y, concretamente, en la de Ferrol. Señala la diputada ferrolana Beatriz Sestayo que en el expediente que autoriza esta práctica “no existe ni un solo informe de evaluación medioambiental sobre una práctica que se ha demostrado como altamente contaminante”. El propio ministro Arias Cañete, subraya, dice que será “implacable con el bunkering” en Gibraltar “y llegó a hablar de delitos ambientales”. “Es insólito que mientras el ministro denuncia los efectos” de las gasolineras flotantes “la Autoridad Portuaria de Ferrol las autorice”.
También el portavoz del BNG en materia de pesca, Daniel Rodas, lamenta que las restricciones teóricamente ambientales que el ministro practica en Gibraltar “nada tengan que ver con la política que hace en la costa gallega”. En Galicia, dice Rodas, Puertos del Estado está alentando “un negocio millonario” basado en “ofrecerles una ensenada de refugio” a los barcos gasolinera, que así “pueden evadir las tasas de atraque portuario y los impuestos del Estado, lo que supone unos precios muy bajos y una alta competitividad”. “Nos tratan como a una verdadera colonia, sin tener en cuenta nuestro medio de vida ni nuestra realidad”, lamenta, al tiempo que censura que la Autoridad Portuaria “anteponga los intereses privados a nuestro patrimonio natural, ignorando la Red Natura de la ría de Ares, la declaración de las rías de Sada y Betanzos como reservas de la biosfera” y también “a los sectores que viven del mar”.
Mientras, desde fuera del Parlamento Compromiso por Galicia cree que el bunkering puede convertirse en una verdadera “marea negra silenciosa” para Ferrol. Para CxG los argumentos de la Autoridad Portuaria resultan “inaceptables”, ya que con su decisión “ponen en peligro un lugar de importancia comunitaria (LIC)”, cuando lo que debería es solicitar “al Consejo de Ministros la declaración como Zona de Especial Conservación”, esto es, como la bahía de Algeciras. Para el coordinador comarcal de Compromiso en Ferrolterra, Álvaro Montes, “el PP juega nuevamente con los recursos públicos e incluso con los recursos naturales, para permitir el negocio de las grandes empresas, en este caso Cepsa. Parece ser que la situación de precariedad y tasa de desmprego de la comaprca sirve como argumento para aceptar cualquier cosa”.