El Gobierno advierte a la Xunta de que Galicia pagará mayor porcentaje de la sanción europea por estar a la cola en reciclaje

Galicia no solo suspende en materia de gestión de residuos, sino que es la comunidad con peores datos -solo Melilla tiene un resultado más pobre- en cuanto los desechos separados y preparados para ser reutilizados o reciclados. Los datos de 2020 muestran que el porcentaje se situó en 22,25%, lejos del objetivo establecido por la Unión Europea del 50% y por debajo de la media estatal, que fue del 40,39%. Al año siguiente, la cifra gallega retrocedió al 22,1%, frente al promedio del 43,85%. De nuevo, solo Melilla tuvo un porcentaje más bajo. Este mal desempeño ha llevado a una advertencia del Gobierno central a la Consellería de Medio Ambiente: la sanción impuesta por Europa por los incumplimientos de 2020 va a tener mayor impacto en las arcas públicas gallegas por haberse desviado más de la meta. Galicia tendrá que pagar casi el 13% de la multa, con una población que no llega a representar el 6% de la de España.

La reprimenda ha llegado en forma de una carta remitida este viernes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez. Gobierno central y autonómico protagonizan estos días un nuevo cruce de acusaciones por los objetivos incumplidos en reciclaje y por la decisión de la Xunta de asumir una parte de la subida del canon de Sogama -la empresa pública que gestiona los residuos de la mayor parte de los ayuntamientos gallegos- y amortiguar el impacto sobre los presupuestos municipales. El Ministerio para la Transición Ecológica criticó en otra misiva, enviada el 27 de enero, la estrategia porque considera que resta eficacia al impuesto sobre las basuras, que pretendía actuar como un incentivo para reducir la cantidad de residuos, dentro del principio de quien contamina, paga.

La reacción de la Xunta a la carta de principios de semana fue escribir, a su vez, un comunicado para los alcaldes en el que acusa al Gobierno central de haber “alterado las reglas del juego” al haber aprobado, con la ley de residuos de 2022, un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración. Bruselas dio su aval a la vía impositiva para avanzar en la reducción de los residuos, pero administraciones del PP han atacado esta alternativa reiteradamente. En su escrito, la Consellería de Medio Ambiente les pide a los regidores que le hagan llegar sus alegaciones para trasladárselas al Ministerio.

El Gobierno central recuerda en el último escrito que firma Hugo Morán que la Comisión Europea comunicó en julio del año pasado la apertura de un expediente sancionador porque España no había llegado al objetivo del 50% en preparación para la reutilización y reciclaje de residuos domésticos antes de 2020. La sanción que lleva aparejada se trasladará a las comunidades y a cada cual se le exige que aporte en función de cuánto se haya desviado del objetivo. Este es el motivo de que a Galicia se le vaya a exigir un porcentaje mayor, del 12,83%.

Morán añade que ve con “preocupación” los malos datos de Galicia, que no solo sitúan a la comunidad a la cola, sino que “hacen que los datos nacionales en su conjunto se desvíen de los objetivos fijados en las normativas europeas, de obligado cumplimiento”. Añade que es “más que probable” que también se incumpla el objetivo de 2025, que es del 55%, y que eso se traducirá en otra sanción. En este contexto, pide a la Xunta que dé “la importancia debida” a la gestión de residuos. Defiende las medidas de fiscalidad ambiental, es decir, los impuestos, para concienciar y lograr la “corresponsabilidad” de la ciudadanía.

El Gobierno recalca también que hay ayudas dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, de las que Galicia ha recibido 56 millones de euros para desarrollar proyectos de mejora de gestión de residuos. Morán concluye su carta pidiendo a la conselleira que dé a los ayuntamientos “políticas, instrucciones, instrumentos y herramientas oportunas” para que se cumplan los objetivos.

La Xunta ha batallado en los últimos meses con el Gobierno central por el impuesto sobre los residuos. Sogama anunció en septiembre de 2024 una subida de su canon de 66 a 108 euros por tonelada, entre críticas a lo que su presidente, Javier Domínguez, llamó “atropello” de las “medidas unilaterales establecidas por el Estado”. El jefe del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, anunció pocos días después que la Xunta asumiría el 60% de esa subida.

Este mismo viernes, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, insistió en las acusaciones al Ministerio para la Transición Ecológica: “El Gobierno quiere que lo pagen los ayuntamientos”. Las administraciones municipales son las competentes en la recogida de residuos. Calvo aprovechó para dirigirse a los alcaldes que, con el anuncio de la subida del canon de Sogama, fueron críticos con el Gobierno gallego: “Estaría bien que ahora pidiesen disculpas”.