El Gobierno de Rajoy recibía chivatazos sobre las actuaciones judiciales contra el líder del PSdeG: “Mañana habrá registros”

El ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, recibió en julio de 2014 un correo electrónico de su jefe de gabinete en el que lo avisaba de que, al día siguiente, Vigilancia Aduanera, por orden de la jueza Pilar de Lara, iba a llevar a cabo registros en la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo, dentro de la investigación del caso Pokémon. En aquel momento, ambas instituciones estaban gobernadas por los socialistas José Ramón Gómez Besteiro, actual líder del PSdeG, y José López Orozco. Ambos se verían apartados de la política -Orozco de forma permanente- por actuaciones judiciales contra ellos que acabaron archivadas. De Lara fue sancionada por el CGPJ por desatención y dilaciones indebidas en sus causas.

Según publica El Periódico de España, el email es una de las comunicaciones que obran en poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si miembros del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, tal y como especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona.

El correo, enviado el 21 de julio de 2014 a las 20.20 horas por Felipe Martínez Rico al entonces ministros, da datos concretos de la operación que había ordenado la que era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo: “Mañana y pasado mañana el Servicio de Vigilancia Aduanera hará registros en la Diputación y en el Ayuntamiento de Lugo, por decisión del juez que lleva la instrucción de Pokémon”. El “objetivo” del registro, según la comunicación, era “localizar información de los equipos informáticos de varios funcionarios que ya están imputados en la instrucción del caso”.

La Pokémon, una trituradora de carreras políticas sin apenas consecuencias judiciales

La operación Pokémon, iniciada en 2012, investigaba una trama de supuestas concesiones ilegales por parte de numerosas administraciones gallegas. Durante aquellos años, acabó salpicando -en la mayor parte de los casos, sin consecuencias- a numerosos dirigentes políticos que se vieron apartados de sus cargos o truncadas sus aspiraciones. Orozco y Besteiro fueron dos de ellos.

El caso de Besteiro, recuperado para la política por Pedro Sánchez en 2021 después de que se archivasen todas las causas contra él, es el más conocido. En el PSOE lo presentan como una de las primeras víctimas de lawfare. Derivada de sus pesquisas en la Pokémon, Pilar de Lara abrió una pieza separada en la que se investigaba si Besteiro, entonces concelleiro de Urbanismo en Lugo, había cometido delitos en la compra de su vivienda. No fue el único proceso que la magistrada emprendió contra el que ya era presidente de la diputación lucense.

Besteiro se vio implicado en dos causas más, todas impulsadas desde el mismo juzgado. El caso Garañón trató de descubrir si había irregularidades en la concesión urbanística de las torres del mismo nombre. La Operación Pulpo ponía el foco en los contratos del ente provincial con el propietario de Monbus, Raúl López. La acumulación de imputaciones -alguna de ellas, anunciada oportunamente después de una reunión con Pedro Sánchez- descabalgó a Besteiro de la carrera por la Xunta seis meses antes de las elecciones de 2016.

Un año antes, en 2015, el PP había bloqueado en el Parlamento gallego el nombramiento de Besteiro como senador por designación autonómica, algo que le habría permitido ser aforado y escapar a la acción de de Lara. Por aquel entonces, aún faltaban meses para que la jueza lo imputase. Sin embargo, los populares sabían que en 2013, su presidenta en Lugo, Elena Candia, había dado traslado a la fiscalía de dos anónimos que, con el tiempo, provocarían el encausamiento de Besteiro.

Candia, eterna aspirante a la alcaldía de Lugo, sucedió al socialista brevemente -durante cuatro meses- al frente de la Diputación y hoy es la vicepresidenta primera de la cámara autonómica, donde Besteiro lidera al grupo socialista. De Lara, por su parte, fue cesada en 2020 y suspendida de empleo y sueldo durante siete meses por las injustificadas dilaciones y la “desatención generalizada” a sus causas. Un informe de 104 páginas del Consejo General del Poder Judicial enumeraba más de un centenar de irregularidades en la instrucción de sus casos.

Por su parte, Orozco -en aquel momento, el regidor más valorado de Galicia-, se vio apartado de la alcaldía por su imputación, un requisito impuesto por el resto de fuerzas de izquierda para apoyar un gobierno socialista. Dimitió y cedió el bastón a su segunda, Lara Méndez, regidora de la ciudad hasta las últimas elecciones autonómicas, cuando abandonó el cargo para secundar a Besteiro en las listas al Parlamento.

En su cuenta de X (antes twitter) el regidor ha compartido la noticia con este comentario: “Nada de lo que me fue hurtado me va a ser devuelto. A pesar de lo que me han hecho sufrir a mí, a mi familia y a mis amigos no tengo rencor. Siento no saber como habría sido mi vida sin este encuentro con la injusticia. Seguro que más feliz. Hoy lo soy”.