El Gobierno central no prevé iniciar gestiones para reclamar a los herederos del dictador Francisco Franco la Casa Cornide, un singular palacete situado en el casco antiguo de la ciudad de A Coruña que acabó en los años 60 en manos de Carmen Polo por un precio de ganga. El Ayuntamiento de A Coruña, por su parte, sí ha anunciado que intentará recuperar el inmueble por la vía judicial, aunque ese paso está todavía pendiente.
En respuesta a una pregunta del diputado de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, el Gobierno argumenta que “no constan indicios” de que esta propiedad “pueda ser de titularidad estatal”. El diputado recordó que el Congreso aprobó -con el voto en contra de Vox y la abstención de Ciudadanos- una proposición no de ley en la que daba su apoyo a las medidas del Ayuntamiento coruñés para recuperar esa propiedad para el patrimonio público. Se dirigió al Ejecutivo para que aclarase si tenía previsto personarse en las causas judiciales que se abran.
Es en la respuesta a esta cuestión, de la que informa Europa Press, que el Gobierno indica que “en principio”, no ha considerado “pertinente” iniciar un expediente de investigación o recuperación patrimonial por la Administración General del Estado.
La Casa Cornide fue adquirida por la esposa del dictador en los años 60, después de que el inmueble, que en los 40 había formado parte del patrimonio de un ministerio franquista y después pasó a ser de titularidad municipal, saliese a subasta pública. La ganó Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, pero no se quedó con la propiedad mucho tiempo. Tres días después se la vendió a Carmen Polo por 25.000 pesetas, pese a que él había tenido que desembolsar 305.000, doce veces más.
Hasta la actualidad, el inmueble sigue en manos de los descendientes de Franco, que lo pusieron a la venta en medio del juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás que terminó con esta otra propiedad en manos del Estado. La Xunta ha iniciado el procedimiento para declarar el palacete coruñés bien de interés cultural (BIC), una figura de protección que implica que debe abrirse al público un número determinado de días y obliga a cumplir ciertas normas para su conservación.