El gobierno de Santiago se retrata en el juzgado
Mientras, en la mañana de este lunes, el presidente de la Xunta proponía en Madrid ir ensayando la gran coalición PP-PSOE y desenterraba su idea de reeditar el Informe Abril bajo la batuta de Felipe González el gobierno de la capital de Galicia, del partido que preside, pasaba por su peor trance, incluso más duro que la dimisión por evasión fiscal de quien fue candidato por decisión de Alberto Núñez Feijóo y después alcalde, Gerardo Conde Roa. Tanto Conde Roa como su sucesor, Ángel Currás, decidieron acudir a los juzgados compostelanos para arropar a los siete ediles acusados de prevaricar por aprobar sin las condiciones legales, según la Fiscalía, que el Ayuntamiento pagara el abogado del edil de Deportes, Adrián Varela, imputado en la Pokémon como también lo están el actual alcalde y el anterior. El acto judicial y todo lo que lo que lo rodeaba se convirtió en una especie de retrato del atribulado gabinete compostelano.
Los concejales fueron recibidos en el complejo judicial de Fontiñas por un cielo gris y una comitiva ciudadana -esencialmente del BNG local, de la Candidatura do Povo y del colectivo Santiago de Corruptela- que los increpaba al grito de “corruptos” mientras, a pocos metros, unos pocos simpatizantes del PP y familiares de los incausados transmitían alientos y alguno, incluso reverenciales besos en las manos de las edilas. En el interior el procedimiento comenzaba con el infructuoso intento de suspender el juicio por parte del abogado defensor, Pablo Rodríguez-Mourullo, que antes de defender a los ediles compostelanos hizo el propio con el presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Rodríguez-Mourullo alegaba la ausencia de una de sus testigos -a la que finalmente renunció-, la funcionaria que, según varios de los presentes, fue la encargada de redactar el acta con el acuerdo que para el Ministerio público es ilegal.
La redacción de ese acuerdo fue, precisamente, uno de los principales argumentos de los acusados. “Yo no soy quien redacta el acta”, resumió Amelia González, concejal de Personal, primera en declarar y también primera en polemizar con la fiscal sobre el contenido del informe del secretario municipal en el que se apoyan los ediles para defender la legalidad del acuerdo. Según la Fiscalía lo aprobado por el gobierno compostelano fue “incondicionado”, sin tener en cuenta los criterios marcados por el propio secretario: el pago del letrado podría realizarse si la imputación de Varela se había producido por razón de su cargo, si no había actuado con abuso de poder o en caso de salir inocente. La versión de los ediles es que esos criterios eran la base del propio acuerdo, pero no los explicitaron en él porque ya constaba en otra parte del expediente, que es “uno todo conjunto”.
La defensa de su inocencia fue la tónica dominante de las siete declaraciones, prácticamente monocordes con la excepción de la actual portavoz del gobierno local, María Pardo, quien se muestra convencida de la legalidad del acuerdo pero ve en él “un error político enorme” y así lo defendió en su momento, asegura. Luego decidieron outorgalle a Adrián Varela el derecho a que el erario le pagara el abogado sin tener en cuenta su condición de imputado en la Pokémon porque “no podemos prejuzgar”. Al edil de Deportes “lo acusan” de corrupción “por ser concejal” y así será “hasta que haya sentencia”, dice. Esas, asegura, fueron las condiciones del acuerdo, aunque no figuren en él porque lo redactó la técnica ausente.
Los testigos
Mientras Feijóo ya había Dejado Madrid para comenzar sus actos de campaña electoral en Catalunya en los juzgados de Fontiñas era el turno para los testigos. Por parte de la Fiscalía acudieron Francisco Castiñeira e Inmaculada Viña, los que habían sido secretario e interventora del Ayuntamiento hasta que el Gobierno hasta que el PP decidió destituirlos en una operación que acaba de ser anulada por el TSXG. Con matices, ambos defendieron en esencia la versión acusadora: “no hay un condicionamiento” para sufragarle el abogado a Varela, en el consistorio era notorio que el edil estaba imputado por corrupción y el acuerdo “creaba” un vínculo entre el abogado elegido por el concejal y el presupuesto municipal.
Una versión bien distinta fue la de los testigos de la defensa, comenzando por el nuevo secretario y el nuevo interventor si bien el segundo, Vicente Calvo, consideró “innecesario” el acuerdo presuntamente prevaricador, toda vez que para realizar el pago de la “indemnización” tendría que haber “un acuerdo posterior en el que se concretara el importe”. No obstante, la defensa más encendida de los concejales compostelanos llegó desde fuera del Ayuntamiento, concretamente por parte del letrado jefe de la Diputación de A Coruña, Ramón Valentín López, quien elaboró un informe para avalar la legalidad del acuerdo cuando los ediles ya habían sido denunciados. Según este letrado los “actos administrativos condicionados” no existen y lo que aconteció en Santiago fue “perfectamente legal”. Y “si hubiera algo que estuviera puesto contra la ley habría que entenderlo por no puesto” y aplicar sólo lo legal, por lo que en la práctica implicaría que el delito de prevaricación no existe.
La fiscal mantiene la acusación y pide inhabilitar a los concejales
Ni los ediles ni sus testigos fueron capaces de variar la posición de la fiscal, que en un duro alegato final mantuvo su convencimiento “de que el acuerdo no es legal porque no está condicionado”, por “mucho que nos intente convencer la defensa”. “Se nos quiere hacer creer” que la propuesta de Adrián Varela “ya incluía” una referencia al informe del secretario, pero “ha quedado acreditado que ese informe se emitió con posterioridad”. Por lo tanto, el acuerdo “se adoptó a sabiendas de que no estaba condicionado” y se hizo de una manera “patente, flagrante, evidente y clamorosa”, por lo que la Fiscalía ve evidente la prevaricación, más aún porque “estaban hablando de pagarle el letrado a un concejal en un asunto de corrupción y lo sabían”. “¿Hay que destinar el dinero a defender a los corruptos sin ningún condicionamiento? No”, subrayó.
“Ustedes -concluye la fiscal- tienen la función de velar por el interés público y eso es lo que los debe mover en la adopción de cada acuerdo” pero en este caso “antepusieron el interés particular” y “adoptaron un acuerdo ilegal”. “Se cumplen todos los requisitos” de un delito de prevaricación y por eso pide nueve años de “inhabilitación especial para seguir gestionando los intereses públicos, porque no los defienden bien, porque no lo hacen ni lo hicieron en este caso”, reprocha.
Por parte de la defensa el simple hecho de que lo sucedido dé lugar a “otras interpretaciones” distintas de las de la acusación implica que este no es un caso de prevaricación“, que ”tiene que rebasar lo que a nadie se le pueda ocurrir“. Sus defendidos, dice Rodríguez-Mourullo, ”jamás se separaron del informe“ del secretario municipal y el interventor municipal ”considera este acuerdo conforme a derecho“. En último extremo, la ”literalidad“ del acuerdo cuestionado no fue ”voluntad de los concejales“ porque ellos no lo escribieron. Esta voluntad ”quedó clara en su propia declaración“, resumió.
Siete horas después, cuando Feijóo se disponía a dar un mitin en El Prat de Llobregat, el juicio quedaba visto para sentencia y múltiples cargos del PP ya manejaban un argumentario que carga contra el juez y la fiscal y deja caer una supuesta intencionalidad política en el hecho de que el juicio se celebre en campaña. A las puertas del juzgado el alcalde, Ángel Currás, veía “demostrada” la “inocencia” de los suyos y confiaba en que la “sentencia sea favorable”. Acto seguido salía del edificio Conde Roa: “Hoy no me toca a mí”, declaró.
