Hacienda deja sin esperanza a los emigrantes retornados
“Es una gran decepción. No nos queda mucha esperanza”. Con esta frase resume la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados (CNGER) el resultado de la última de las reuniones que en estas semanas ha venido manteniendo con diferentes cargos públicos y representantes políticos em busca de una “solución política” a la campaña de sanciones que están sufriendo. Unos 250.000 pensionistas gallegos están afectados por las multas, que se unen a los intereses de demora y a las declaraciones que se les exige desde 2008 por las pensiones que perciben de los diferentes países en los que trabajaron, a pesar de que nunca habían sido advertidos de la obligatoriedad de declarar esas pensiones o cuando incluso fueron informados de que no eran obligatorias. Multas que llegan a docenas de millares de euros en muchos casos y que provocan la desesperación de jubilados que se enfrentan a unas exigencias económicas que no son capaces de satisfacer.
Pero el Gobierno central no cede. Ni mucho menos. La pasada semana, una representación de la CNGER se reunió en Madrid con el director de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, que dejó bien claro que la campaña sancionadora continuará y se intensificará en los próximos meses, al considerarse desde Hacienda que los 250.000 gallegos afectados –así como el más de un millón del Estado– son defraudadores que han incumplido la ley sabiendo que lo hacían. Desoye así la petición del Parlamento gallego, que unánimamente reclamó al Ejecutivo de Madrid que se regularizara la situación fiscal de los emigrantes, pero sin que fueran considerados defraudadores y, por lo tanto, evitando las sanciones.
“Esperábamos algo más de entendimiento y comprensión, pero tienen el corazón de acero; no se bajan de la burra e insisten en que somos delincuentes que conscientemente defraudamos a la Hacienda, cuando no solo no nos avisaban de tener que hacer la declaración, sino que nos aseguraban que no era necesario”, asegura Xosé Lois Leirós, uno de los portavoces de la plataforma, que recuerda que “mientras el Parlamento gallego pide al Estado” que evite apreciar dolo en la actuación de los pensionistas, “el Gobierno central insiste en considerarnos delincuentes”.
De nada ha servido la reclamación unánime de la Cámara gallega, ni las supuestas peticiones llegadas desde el PPdeG al Gobierno, ni las palabras de la conselleira de Hacienda, ni tampoco las advertencias del propio fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que recordó a los pensionistas que “de no haber dolo e interés defraudador, no puede haber sanciones y, por lo tanto, sería ilegal aplicar esa parte de la ley que el Ejecutivo está aplicando”.
No obstante, Madrid sigue considerando que más de 200.000 gallegos emigrados se confabularon desde diferentes países del mundo para defraudar a la Hacienda pública. Por eso decidió sancionarlos al mismo tiempo que aplicaba una amnistía fiscal para los grandes defraudadores. Mientras tanto, son mayoría los representantes políticos del PPdeG que reconocen la imposiblidad de un fraude colectivo, pero los senadores populares gallegos en Madrid decidieron ir en contra del Parlamento gallego y votar en el Senado contra una resolución casi idéntica a la aprobada en el Pazo do Hórreo.
Protestas más duras y vía judicial
Ante la situación límite que viven los emigrantes retornados, la Coordinadora ya anuncia que va a “endurecer las protestas” en las próximas semanas. “Seremos menos dialogantes, al igual que lo están siendo ellos”, aseguran, al tiempo que anuncian el comienzo de la vía judicial para detener la campaña sancionadora por la que Hacienda ha recaudado ya unos 4 millones de euros en Galicia.
La idea es presentar demandas individuales que cuenten con el apoyo social y económico de la Coordinadora Galega. Pretenderán así demostrar la “ilegalidad” de una medida que considera defraudadores a millares de emigrantes que nunca tuvieron la intención de evitar el pago de impuestos. Y habrá más. Por el momento, la UE ya ha advertido que vigila de cerca esta campaña del Gobierno y que estudiará si inicia procedimientos sancionadores por esta posible discriminación fiscal.
