Andrea podrá morir dignamente. Una semana después de que sus padres, Estela y Antonio, decidieran sacar a la luz pública la reclamación de muerte digna para su hija de 12 años, que padece una enfermedad neurodegenerativa irreversible, el Servicio de Pediatría del Clínico de Santiago ha accedido a su ruego y le retirará la alimentación artificial, tal y como ha anunciado el abogado de la familia a las puertas del centro hospitalario.
El cambio de criterio o, lo que es lo mismo, el seguimiento de las recomendaciones del Comité de Ética Asistencial, que desde hace un mes venía avalando la petición familiar, llega después de la intervención de un juzgado de Santiago. La pasada semana el tribunal había recibido dos peticiones al respeto: una de los pediatras, para reclamar “orientación”, y otra de la familia, para exigir la retirada del soporte vital.
Esas actuaciones judiciales incluyeron la remisión al juzgado de todo el historial médico de Andrea y, sobre todo, un examen de la enferma por parte de un forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Tal y como había dictado en su providencia, una vez examinada la documentación el magistrado citó a los padres de la niña. Fue precisamente en ese encuentro, este lunes, cuando Estela y Antonio fueron llamados a acudir al hospital para ser informados de una “flexibilización” en el tratamiento, que finalmente ha implicado la retirada de la alimentación artificial y la aplicación de sedación.
Según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, los acontecimientos se han precipitado tras una comunicación del hospital al Juzgado de Familia, en la que se indicaba “una nueva posibilidad de tratamiento paliativo, consistente en retirar la alimentación y mantener únicamente la hidratación necesaria para permitir la sedación”. Ha sido el propio juzgado el que ha “emplazado a los padres y al hospital a mantener una reunión esta tarde” para abordar el “plan propuesto” y, “en el caso de llegar a un acuerdo”, informar al respecto al propio juzgado, que “realizará un seguimiento del caso para comprobar” su “cumplimiento”.
Primer caso con la nueva ley
El caso de Andrea ha sido el primero que ha llegado a la escena pública tras la entrada en vigor de la ley que, desde el pasado julio, regula en Galicia el derecho a morir dignamente. La legislación vigente, así como el dictamen del Comité de Ética Asistencial, deberían haber servido, según el juzgado compostelano, como guías para tomar una decisión, tal y como quedó reflejado en un auto del pasado mes de julio.
“El sufrimiento de nuestra hija es insoportable, sólo pedimos que le dejen irse dignamente”, resumía Estela Ordóñez, la madre de Andrea, en una entrevista con eldiario.es. Los tratamientos y la propia alimentación artificial, detallaba, estaban dejando a la niña “agotada físicamente”. “Su cuerpo no da para más”, clamaba. Este es el motivo para esa petición de muerte digna: “si se fuera apagando pero no tuviera sufrimiento estaríamos los meses que hiciera falta y no nos pelearíamos”, decía-
A pesar de a la coincidencia de la petición familiar con el criterio médico y el dictamen del comité, el veto del Servicio de Pediatría del CHUS obligó la familia a redoblar sus esfuerzos para buscar el fin del “sufrimiento” de la niña. Los responsables del servicio, avalados por la Xunta, han insistido durante días en que no se trataba del caso de una paciente terminal, y la ahora exconselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, llegó a calificar el caso como “eutanasia”. Finalmente, el hospital ha cambiado de criterio y la vida de Andrea dejará de ser sostenida artificialmente.