La exigencia de presentar un certificado COVID para acceder a la hostelería se aplicó durante casi tres semanas en Galicia sin que en realidad estuviese autorizada por la Justicia. La respuesta a dos recursos presentados por hosteleros de Lugo y de Santiago contra la medida impuesta por la Xunta llevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a percatarse de que nunca se le consultó sobre esta obligación. Para atajar la situación emitió dos autos en los que deja claro que este requerimiento no tiene vigencia y los bares, por tanto, ningún motivo para pedir a sus clientes que demuestren estar vacunados, haber pasado la infección o haber dado negativo en una prueba diagnóstica. Horas después el Gobierno gallego remitió la documentación para pedir el aval y volvió a dejar la pelota en el tejado de los jueces. Entretanto, los hosteleros siguen el intercambio preocupados por la “confusión” que se genera. “Nos están volviendo locos a nosotros y nosotros estamos volviendo loca a la gente”, protesta José Luis Asenjo, propietario de una discoteca y una cervecería en Vigo.
Desde que se conoció la suspensión de la medida y a la espera de que los jueces respondan, ahora que la Xunta sí les ha consultado, los locales han dejado de pedir certificados. “Estamos de vacaciones del pasaporte COVID”, dice César Ballesteros, también hostelero y miembro de la federación provincial en la que se agrupan empresas de este sector en Pontevedra. En cuanto trascendió que la exigencia de presentar el documento no estaba vigente, se sucedieron las consultas de bares y restaurantes para verificar que podían dejar de reclamárselo a la clientela, explica. La propia medida no es del gusto de la federación, pero se resignan a que “es lo que hay” porque el objetivo es no tener que volver a bajar la persiana.
Más crítico se muestra Lois Lopes, propietario de A Nave de Vidán, en Santiago. Desaprueba que la Xunta plantee la situación como una disyuntiva entre aceptar este tipo de obligaciones o cerrar. “¿Me estás amenazando? Si consideras que tienes que cerrar, cierra”, replica. Él y otros hosteleros de Santiago están detrás del recurso que hizo que el TSXG se diese cuenta de que no había dado su autorización a la exigencia del certificado. Unos días antes, el alto tribunal gallego contestó a otro recurso, de la asociación Lugo Monumental, denegando la cautelarísima con la que pedía suspender la aplicación de la medida. En aquella ocasión no hubo menciones a si la obligación estaba o no vigente porque los jueces dieron “por sentado” que la Xunta había pedido y logrado el aval de la Justicia. Así lo recogen los dos autos conocidos este jueves, que también señalan que el visto bueno judicial es “preceptivo” para una nueva norma que es “limitativa de derechos”.
Estos argumentos no convencen al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que este viernes dijo en una entrevista en Telecinco que sigue pensando que la “ley de pandemias” -en alusión a la reforma de la ley de salud gallega hecha este año y suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional- le permitía exigir el pasaporte COVID para entrar en la hostelería. En todo caso, asegura respetar el auto.
Para Lopes la Xunta lleva tres semanas aplicando una medida de forma “ilegal”. La exigencia afectaba a los locales de ocio nocturno en los municipios en nivel medio-bajo y medio de alerta sanitaria por la pandemia -en los de escalones más altos esta actividad está suspendida- y para el interior de bares y restaurantes en los de nivel alto y máximo. El hostelero compostelano cree que pedir el certificado es “discriminatorio” porque impide el acceso a personas que no están vacunadas porque, por edad, aún no recibieron los pinchazos. Tampoco la considera efectiva desde el punto de vista sanitario porque no tienen medios para verificar que los certificados presentados son verdaderos. “No es nuestra labor”, apunta, y da voz a una queja extendida en el sector. Hace otra objeción: con los cambios la clientela está “confusa” y esto agrava la fatiga pandémica. Ahora tiene confianza en que la Justicia gallega rechace la medida y cita los ejemplos de Canarias, Andalucía y Cantabria.
César Ballesteros también les hace críticas a la medida y a los cambios en los requerimientos. Las “pegas” para acceder a la hostelería terminan por fomentar las reuniones privadas en las que, dice, no se respetan las normas y en las que se concentran los contagios. En este último punto le dio la razón esta semana el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que situó los encuentros “prohibidos” de no convivientes como el principal foco de nuevos positivos.
Por su parte, José Luis Asenjo se resigna a que haya restricciones en los locales e incluso a tener que aguantar los “cortes” que les dan algunos clientes a los empleados cuando les piden sus datos personales. Los “vaivenes”, dice, son lo que más repercute en su actividad: “Estamos en una pandemia y no vamos a pensar que esto es Jauja, pero esto es marear a la gente”.