La Xunta ha confirmado que este viernes por la mañana ha pedido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) su autorización para exigir la presentación del certificado COVID para acceder a locales de hostelería. La Justicia gallega tumbó esta medida porque el Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo no pidió su aval pese a ser “limitativa de derechos” y ser “preceptivo” el respaldo de los jueces. La Consellería de Sanidade alega ahora que se saltó el paso del visto bueno judicial porque consideró que no se veían afectados derechos fundamentales.
La noticia tomó por sorpresa al Gobierno gallego, que reaccionó en un primer momento señalando que aún no le constaba la notificación del TSXG y remitió horas más tarde un comunicado de prensa para señalar que cumplirá este trámite “cuanto antes”, este viernes por la mañana, para poder conocer el criterio del alto tribunal gallego “de forma inmediata”. La intención, añade, es evitar “cualquier duda en relación con la vigencia y eficacia de estos certificados y fomentar la seguridad jurídica”. Los dos autos del TSXG dejan claro que la medida no está en vigor porque no ha sido autorizada.
La decisión está ahora en manos de la Justicia. El Gobierno gallego arroja dudas en su comunicado sobre la reapertura de algunos locales de hostelería si el TSXG no avala sus medidas sobre el certificado COVID. Asegura que la exigencia de este documento fue lo que permitió abrir los interiores de establecimientos en situaciones en las que “antes estaban cerrados” y recuperar la actividad de pubs y discotecas “en circunstancias en que antes estaba suspendida”. La Xunta pedía presentar el certificado para acceder al ocio nocturno en los municipios en nivel de alerta bajo y medio -en el resto de niveles la actividad está cerrada- y para estar en el interior de bares y restaurantes de los ayuntamientos en nivel alto y máximo, situación en la que se encuentran todavía a día de hoy las siete principales ciudades gallegas.
La Xunta se defiende presentando la exigencia de certificados COVID como “una medida alternativa menos gravosa al cierre de estas actividades”. Cita el artículo 38.1 de la ley gallega para justificar la medida. La norma establece que las autoridades sanitarias pueden fijar la obligación de que los ciudadanos aporten datos para el control y la contención de riesgos para la salud pública. Hasta el momento, el TSXG ha dado su respaldo a las restricciones del Gobierno gallego contra la COVID, incluidas medidas que afectan a derechos fundamentales como la limitación de reuniones de no convivientes y los toques de queda.