Stop Desahucios tiene 9 a personas encausadas en A Coruña por participar en movilizaciones contra los desahucios y más de 7000 euros en multas. El importe total de las infracciones para las personas que protestaron contra el desalojo del Centro Social Ocupado de Palavea asciende a 3000 euros. Multas a preferentistas, estudiantes, inmigrantes, sindicalistas... Son algunas de las razones que llevan a la Plataforma contra la represión de A Coruña, formada por varios colectivos de la ciudad, a denunciar una estrategia de “criminalización de la protesta social”. Denuncian también el “acoso policial” en los actos del 15M de Monte Alto o la imputación de Pepita Seoane “por defender los derechos de los presos políticos”.
Todos estos motivos están en la base de la manifestación convocada por la plataforma este sábado en A Coruña bajo el lema “Nos reprimen a nosotros para asustarte a ti”. La marcha partirá a las ocho de la tarde de la Plaza de María Pita.
Los colectivos convocantes llaman a “dar una respuesta colectiva” ante esta situación porque “hoy somos nosotros, pero mañana puede tocarte a ti”. Recuerdan también la presión sufrida por “preferentistas, marineros, estudiantes, sindicalistas, migrantes, las gentes de Sarria en defensa del río”, de la cual resposabilizan al “gobierno antisocial del PP” y a la actuación de la Delegación del Gobierno dirigida por Samuel Juárez. “Todas sufren el acoso policial, identificaciones, represión económica, listas negras, detenciones y la amenaza última de la cárcel, centros de reclusión para pobres” mientras hay total impunidad para los culpables de la crisis“, señalan.
Stop Desahucios lleva meses alertando sobre una estrategia creciente de “presiones” y sobre las “técnicas de intimidación” llevadas a cabo por la Subdelegación del Gobierno. Por ejemplo, denunciaron que varios miembros de este colectivo recibieron una notificación “bajo el concepto Advertencia” por el subdelegado Jorge Atán, en la que se les acusa de “desobedecer a agentes de la Comisaría Provincial de A Coruña”, pero “sin especificar ni dónde ni en el marco de qué tipo de situación, pero amenazando con ponerles multa si no modifican en el futuro su supuesto comportamiento”.
La plataforma asegura que sus servicios jurídicos confirmaron que este envío de cartas “intimidatorias” no es un protocolo legal contemplado entre las posibilidades de comunicación con la ciudadanía, ni por parte de la Delegación ni por parte de la Subdelegación del Gobierno. Además, advierten, los compañeros ahora advertidos “no fueron identificados en ningún momento del día señalado en la carta recibida”. “Por lo tanto, parece que el recado que pretende darles la Subdelegación es que sean conscientes de que están 'a raya', a lo mejor incluso que existen listas negras, procurando que el miedo a las represalias económicas las disuadan de participar en futuras movilizaciones sociales”, añaden.
Juicio
Este jueves fueron juzgadas en A Coruña tres activistas sociales (dos mujeres y un hombre), acusadas de un delito de “obstaculizar la calle y el paso de vehículos” durante la movilización que el pasado 18 de febrero de 2013 buscaba impedir la expulsión de Aurelia Rey de su casa. Stop Desahucios convocó una concentración de apoyo ante los Juzgados, y denuncia que estas tres personas fueron señaladas por “haberle solicitado el número de placa a un policía que previamente les había pedido su número de DNI”. En la vista, la Fiscalía reafirmó sus acusaciones y solicitó multas de 250 euros para las tres activistas. La entidad enmarca este juicio “en el actual contexto de criminalización gubernamental de la solidaridad y tergiversación capitalista de los valores humanos más fundamentales”.