Galicia es una de las tres comunidades autónomas -junto a Castilla y León y Aragón- que durante los últimos cuatro años “hizo caja” al recortar en la atención a los dependientes mientras el Gobierno aumentaba el presupuesto que les transfería a través del Plan de Choque (2020-2023) que siguió a la pandemia. Es lo que afirma un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que considera “especialmente sangrantes los recortes” gallegos, ya que no sólo es el territorio que menos invierte por persona, 1.073 euros frente a los 1.825 de promedio; también es el que tiene el menor porcentaje de casos atendidos sobre la población potencialmente dependiente (16%), siete puntos por debajo de la media estatal.
El estudio, recogido por Europa Press, indica que, en ese período, el ejecutivo central aumentó su aportación para la Dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las autonomías. Así, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una “acusada desigualdad territorial”, donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.
Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.
Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, “cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación”. Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General “refuerza la financiación del sistema”. Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. “han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”, según la entidad.
En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.
“Cada 15 minutos muere una persona esperando prestaciones”
Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el “incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.
“Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia”, argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley.
“Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo”, ha denunciado la entidad.