Una Cámara legislativa de segunda. El pasado 13 de abril las diputadas del PSdeG Carmen Acuña, Carmen Gallego y María Quintas solicitaban formalmente ante las comisiones institucional y de Sanidad del Parlamento de Galicia que una delegación de estos órganos parlamentarios visitara “cada uno de los centros penitenciarios” de Galicia para conocer y “dar respuesta a diversas preocupaciones recibidas” sobre su estado y el tratamiento de la población reclusa. Se trataba de extender al resto de grupos y a todas las prisiones gallegas la iniciativa que habían tomado un mes antes dos integrantes del grupo socialista, la propia Acuña y Patricia Vilán, que habían pedido poder visitar las cárceles de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra) para “conocer directamente las quejas” sobre las mismas. El Ministerio del Interior lo prohibió.
Como corresponde, Acuña y Docampo formularon por escrito el 12 de marzo su solicitud ante la Delegación del Gobierno central en Galicia, cuyo responsable, Santiago Villanueva, la trasladó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. El 7 de abril la subdirectora general de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial de este departamento, Mercedes Belaustegui, respondió al escrito de las parlamentarias que, admite, le trasladaron su propósito de “conocer la situación que se vive en las cárceles” gallegas “y conocer directamente las quejas de los internos”. Para negarles el acceso.
“Lamentamos comunicarle que no se autoriza dicha solicitud”, dice Belaustegui, porque “la actividad penitenciaria” es competencia del Estado y, además, “se realiza con pleno sometimiento a las leyes y al ordenamiento jurídico y en abierta colaboración con las diversas autoridades judiciales, especialmente con los juzgados de vigilancia penitenciaria” y la Fiscalía, “al igual que con el Defensor del Pueblo”. Además, indica la alto cargo del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, “los centros son visitados por diputados y senadores nacionales cuando así lo solicitan”, negándole por la vía de los hechos esta posibilidad a miembros de parlamentos autonómicos.
La respuesta de Interior ha provocado “sorpresa y preocupación” en las diputadas solicitantes que, en palabras de Acuña, sospechan que el Gobierno de España intenta “esconder la situación real de las cárceles gallegas” mediante este veto. El departamento estatal, evidencia, “alega que esta visita está restringida a diputados y senadores”, lo que da lugar a “una honda preocupación”. “No vaya a ser que desde el Gobierno quieran esconder la verdadera situación” de las prisiones, dice la diputada, que indica que parte de su interés en visitar las cárceles está ligado a la posible “repercursión de los recortes presupuestarios en las condiciones de vida de los reclusos”.
La “desconfianza” que las llevó a pedir la visita, indica, “aumenta tras conocer el impedimento del Gobierno a cumplir con nuestro deber de informarnos para responder adecuadamente ante las denuncias y reclamaciones que nos traslada la ciudadanía”, en este caso, la población reclusa. Se muestra además “sorprendida” por la “decisión injustificable de establecer una frontera interna entre los centros penitenciarios situados en suelo gallego” al “impedirse la visita de los legítimos representantes de las gallegas y gallegos”. En este escenario, Acuña reitera su propuesta de que una delegación de todos los partidos del Parlamento de Galicia pueda acceder a las cárceles y, al tiempo, solicita que las Mesas de las comisiones implicadas se posicionen “frente a esta repuesta intolerable del Ministerio del Interior”.