La Justicia reparte 51 millones por daños del Prestige mientras sigue en Reino Unido un litigio por otros 900
Diecisiete años después, continúa el largo periplo judicial por el accidente del Prestige y, concretamente, por el cobro de las indemnizaciones derivadas de la catástrofe y fijadas por el Tribunal Supremo en 2018, matizando las cifras definidas un año antes por la Audiencia Provincial de A Coruña. Ahora es la propia Audiencia coruñesa la que agiliza el pago de compensaciones pendientes, 51 millones de euros de un montante total de más de 1.400 millones indemnizables -que se eleva a casi 2.500 contando intereses y otros gastos-, de los que unos 900 siguen pendientes de un tortuoso litigio en el Reino Unido.
En una providencia dictada este 25 de noviembre, la sección primera de la Audiencia de A Coruña ha ordenado distribuir entre las partes con derecho a indemnización -265 en total- el dinero que había sido depositado en el propio tribunal durante el procedimiento. Son, concretamente, 27,2 millones de euros que tuvo que aportar el Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (FIDAC). Se suman otros 24,5 que proceden de lo que había tenido que ingresar London Steamship Owners Mutual, la aseguradora (The London P&I Club) y 1,8 millones ingresados por la venta del fuel del petrolero recuperado por Repsol, una vez descontados los costes de su tratamiento.
Aunque las personas físicas y jurídicas con derecho a indemnización son casi trescientas -entre empresas, ayuntamientos, mancomunidades y particulares-, las más relevantes tienen tres destinos: el Estado Español, el Estado Francés y la Xunta. Reciben este pago en proporción a lo que les correspondió, según la sentencia, en el total de la indemnización.
De este modo, las autoridades españolas ingresarán de este reparto 40,7 millones de euros, las francesas 9,3 millones y la Xunta, algo más de 200.000 euros. En el caso de la Xunta, no obstante, gran parte de la compensación había quedado cerrada ya en el año 2005, cuando el Ejecutivo de Fraga había renunciado a ingresos futuros tras pactar con el Gobierno de España una indemnización de 513 millones por los daños del accidente.
Frente a la relativa rapidez de estos pagos tras la sentencia del Supremo, cuestión diferente será el proceso para intentar cobrar los alrededor de 900 millones de euros -1.000 millones de dólares- de la póliza del seguro del Prestige. Dado que The London P&I Club tiene su sedE en el Reino Unido, puede acogerse a la legislación británica, según la cual los perjudicados por el siniestro tienen que dirigirse a los tribunales de ese Estado para litigar por la indemnización. Esto es, que lo tendrían que hacer los Estados, pero también los particulares, pequeños ayuntamientos y mancomunidades afectadas.
En este contexto, la Audiencia coruñesa ya había establecido un mecanismo para que las partes afectadas sin capacidad para litigar en el Reino Unido puedan ser representadas directamente por la judicatura británica. Pero aquí puede entrar en juego un elemento más, el Brexit, toda vez que la salida del Reino Unido de la Unión Europea afectaría a, entre otros muchos ámbitos, la cooperación judicial entre ambos Estados.
De cualquier modo, la Abogacía del Estado tiene ya en marcha el proceso en los tribunales del Reino Unido, donde a su vez la aseguradora ha demandado a España. Entre sus pretensiones está no pagar si antes no le paga a ella la propietaria del Prestige, Mare Shipping, cuyas ramas se pierden una maraña de derivadas empresariales de resolución que, a efectos prácticos, es prácticamente imposible.
