Las tres monjas presuntamente retenidas en el convento de las Mercedarias de Santiago de Compostela no son las únicas que centran la atención del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega. La jueza Ana López-Suevos indaga también sobre el motivo de la deportación de otras dos religiosas del convento, igualmente de origen indio.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirman que en el año 2011 dos integrantes de la orden religiosa “fueron deportadas” a su país de origen desde Santiago pese a disponer de permiso de residencia en España. La magistrada López-Suevos trata de aclarar si las responsables del convento están relacionadas con esta deportación e, igualmente, si las mujeres que han decidido abandonar la orden “tenían acceso” a su documentación“ para ”poder salir del centro libremente“.
Como ha adelantado en exclusiva eldiario.es, ninguna de las tres mujeres que abandonó el convento tras irrumpir en él la comitiva judicial, el pasado sábado, ha decidido presentar una denuncia, toda vez que manifiestan que su única voluntad es dejar de pertenecer a la orden. Así las cosas, para que el caso siga adelante tendría que existir una intervención de la Fiscalía, que se dispone a valorar “los indicios” para decidir si actúa de oficio.
El Arzobispado niega la retención ilegal
Mientras el procedimiento legal sigue su curso en el Arzobispado de Santiago reina el descontento por el estallido del caso y su salida a la luz pública. En la Iglesia compostelana no se concuerda en absoluto con la interpretación judicial y policial del caso y, a la espera de decidir si fija o no una posición oficial y pública -algo poco probable-, fuentes del Arzobispado consultadas por eldiario.es afirman que lo que sucedía en este convento no tiene nada que ver con una “retención ilegal”, sino con la vocación religiosa, destacando además que, si alguna de las mujeres hubiese querido huir, podría haberlo hecho en alguna de sus visitas a sus familiares.
En ningún momento ha habido, aseguran las mismas fuentes, “ni retirada de pasaportes ni violencia”, como indica la instrucción judicial. Admiten, no obstante, que las mujeres manifestaron que “su vocación no era seguir en la comunidad” y por eso la orden religiosa inició un “proceso de dispensa de votos religiosos”, el permiso papal al que también alude la instructora. Ese proceso “lleva su tiempo”, indican las fuentes consultadas, y en ese período “alguien entendió desde la India que había una supuesta retención ilegal y por eso formula una denuncia”.
En este contexto, las autoridades eclesiásticas entienden que no es posible hablar de liberación alguna. La comitiva judicial acudió al convento y “le pidió a la superiora que esas cinco personas fueran a declarar”. Dos de ellas volvieron “libre y voluntariamente” y esperarán allí “a que se resuelva el proceso canónico”. Las otras dos, admiten, “se quedan en una casa de acogida tuteladas por el propio juzgado”, con una protección semejante a la de las víctimas de violencia machista, segundo ha podido saber esta redacción.