“La auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG avala la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”. Esta fue la afirmación que la Xunta difundió numerosas veces desde el 20 de enero de 2010, fecha en la que la entonces consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, compareció ante los medios para presentar la “auditoría” que el Gobierno le había encargado a la multinacional por más de un millón de euros. Más de tres años después del primero de los múltiples fastos auspiciados por el Ejecutivo gallego para bendecir la unión de Caixanova y Caixa Galicia es posible saber que lo que realizó KMPG no era una auditoría, sino un “diagnóstico acelerado de la viabilidad de la fusión” que no recomendaba -ni dejaba de recomendar- que las dos entidades se convirtieran en una sola.
Esa documentación le había sido remitida por la empresa a Currás seis días antes de la referida rueda de prensa y bajo el epígrafe “privado y confidencial”. Ese carácter reservado es el incluso que la Xunta decidió otorgarle al informe cuando se lo entregó a la comisión parlamentaria de investigación sobre las cajas, y el mismo que Alternativa Gallega de Izquierda (AGE) ha decidido obviar porque, en palabras de su portavoz, Xosé Manuel Beiras, la comisión se convirtió en un “paripé” y “el primero que violó el secreto fue el propio presidente”. Además, añade, el Parlamento no puede “estar sometido a lo que considere la Asesoría Jurídica de la Xunta”, en cuyo “dictamen” se apoya el Gobierno para establecer el carácter reservado de los papeles.
En ese “diagnóstico acelerado”, al que ya tuvo acceso Praza Pública, KMPG inicia sus notas advirtiendo de que “es importante resaltar que nuestras conclusiones no constituyen recomendaciones sobre la conveniencia de llevar a cabo o no la fusión”. Se desmonta así por lo tanto, de entrada, uno de los argumentos clave de la Xunta. Poco después, en la página 3, los autores del estudio detallan sus “fuentes de información”. Citan, entre otras, las “cuentas anuales” y los “informes de auditoría” de las dos cajas, “entrevistas” con su personal, “informes de la Xunta”, “correspondencia con el Banco de España” e “informes de las agencias de rating”. En este punto la empresa expresa una cautela que no es en absoluto menor: “KPMG no realizó contraste alguno sobre la información recibida de Caixa Galicia, Caixanova, la Xunta de Galicia y otra fuentes”. En su diagnóstico “se limitan a transcribir” los datos y, “en ningún caso” están certificando la veracidad o exactitud“ de los mismos.
Hipótesis de viabilidad
Partiendo de la base de que el trabajo finalizó el 30 de diciembre de 2009 y de que “podrían ocurrir hechos significativos con posterioridad” que cambiasen el panorama, KPMG le presenta a la Xunta sus estimaciones, apoyadas, esencialmente, en “hipótesis” de proyecciones macroeconómicas o de “ingresos y costes” que “alimentaron las proyecciones de la entidad fusionada”. En este sentido, los propios autores del diagnóstico, Francisco Gibert y Carlos Trevijano, señalaban este jueves ante la comisión de investigación que “asumimos como hipótesis las expectativas económicas de consenso, alineadas con procesos semejantes aprobados por el Banco de España”. Pero “el efecto del deterioro económico y de la normativa regulatoria fue muy relevante” en el escenario dibujado por el trabajo, dice Gibert. En todo caso, el informe estaba hecho “a la medida” de las peticiones de la Xunta, que “llevaban implícita la viabilidad” de la unión. “No estudiamos otras opciones”, sintetiza Trevijano, en un contexto en el que ellos propios ratifican que no elaboraron “una auditoría”.
Esas hipótesis, unidas a los datos proporcionados por las propias cajas, dieron lugar a una proyección en el que la entidad precisaría un total de 1.489 millones de euros del FROB en un proceso que implicaría emitir 337 millones de euros en preferentes. Si el plan de fusión no se cumplía, advertían ya entonces, el FROB podría convertir esas preferentes en cuotas participativas y tomar el “control” de la entidad. El cumplimiento del plan implicaba, entre otros aspectos, el cierre del 20% de la red de oficinas (280 sucursales) y un “reparto de esfuerzos entre entidades, empleados y sector público” -no se tiene en cuenta, por ejemplo, que los preferentistas asuman quitas-.
En cualquiera caso, estos eran los números de una operación para la que KPMG también formulaba algunas propuestas que el Gobierno gallego y demás autoridades nunca asumieron. Así, frente a la repetidísima fusión “paritaria”, la empresa autora del informe proponía abiertamente “que la adquirente contable sea Caixanova para minimizar cargas futuras en la cuenta de resultados”, esto es, que Caixanova protagonizara una absorción de Caixa Galicia, lo “más favorable para el proceso” dada la peor salud financiera de la entidad del norte por, entre otras cosas, su mayor lastre de exposición al sector del ladrillo.
AGE denunciará a Currás, Almunia y Ordóñez por no comparecer en el Parlamento
Además de divulgar parte de la documentación hasta ahora secreta AGE compareció este jueves ante la prensa para anunciar su intención de llevar ante los tribunales a los “incomparecientes contumaces” de la comisión de las cajas, esto es, la ex conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia. La intención, explica Yolanda Díaz, es que “se depuren las responsabilidades jurídicas y, por lo tanto, penitenciarias”.
La coalición ha previsto que la próxima semana esté ya en marcha una “denuncia penitenciaria” que apelará a las leyes que “dicen que es obligatoria la comparecencia de todas las personas que sean llamadas a una comisión de investigación”. “La trampa que están introduciendo -dice Díaz- sobre que la norma es estatal es una auténtica burla”. Por eso “le exigimos al señor [Miguel] Santalices”, presidente de la comisión, y a la presidenta del Parlamento “que aperciba de responsabilidades penitenciarias a las personas que se niegan a comparecer”.
“Hay responsabilidades clarísimas y vamos a actuar en la defensa de los ciudadanos”, añade Beiras quien, por otra parte, no teme represalias por la divulgación de los documentos secretos. “Si la Xunta emprende acciones contra nosotros les saldría el tiro por la culata” porque “en ese proceso se pondría de manifiesto que lo que es ilegal es declarar secretos esos documentos”, asegura. “En el caso de denunciarnos a nosotros, condenarían al denunciante”, augura, en un contexto en el que, en todo caso, advierte, “nosotros no somos como Rajoy” y “nuestro primero deber” es que “no se impongan los poderes” que están “por encima o fuera del control parlamentario”.
Feijóo advierte a AGE de que “puede tener un grave problema”
Apenas una hora después de que AGE comenzara a revelar la información en el Parlamento en la sede del Gobierno gallego su presidente, Alberto Núñez Feijóo, comenzaba a lanzar advertencias a la coalición que encabeza Xosé Manuel Beiras. “En el supuesto de que eso sea así el Parlamento tiene un grave problema”, asegura el líder de la derecha, en cuya opinión ese “grave problema” también lo tienen “los letrados de la Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces”. “Y más problema es el que puede tener AGE”, afirma.
Según Feijóo, hacer públicos los informes y auditorías implica “revelar información contable y revelar el secreto bancario” y, “sobre ese tipo de cuestiones”, los servicios jurídicos de la Cámara “tendrán que dilucidar en que responsabilidades pueden incurrir”. “El Gobierno estará muy atento”, asegura el jefe del ejecutivo gallego, que al tiempo asegura que “ningún miembro” de su gabinete “va a cometer ningún delito”. “Si hay algún diputado que piensa que todo se puede hacer, incluso incumplir la ley, eso es responsabilidad de ese diputado o diputada”, concluye.