Aunque fue un nombre clave de la política gallega durante dos décadas, el inicio y el final de la carrera de Rafael Louzán (Ribadumia, 1967) están marcados por el deporte. Primero, porque empezó como bedel en un polideportivo municipal, algo que hoy le permite presentarse como funcionario. Segundo, porque pretende presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la inhabilitación de Pedro Rocha, fugaz sustituto de Luis Rubiales, el hombre que provocó el movimiento #SeAcabó con su beso no consentido a Jenni Hermoso, aquello que para Louzán fue, de primeras, “uno de esos errores que se cometen”.
La trayectoria que va del pabellón de la localidad pontevedresa a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas está marcada por acusaciones de caciquismo y juego sucio, coronadas por la condena por prevaricación que en 2021 lo inhabilitó durante siete años para ejercer un cargo público. Louzán y su entorno están convencidos de que el de presidente de la RFEF no lo es, digan lo que digan sus estatutos. Y hacia ahí se está dirigiendo con la misma fuerza y las mismas maniobras con las que impulsaba mociones de censura en ayuntamientos de izquierdas o amarraba la sucesión de Fraga para Alberto Núñez Feijóo a costa de quien había sido su propio mentor, el eterno delfín del PP gallego, Xosé Cuíña. O mejor, uno de sus mentores. Y no el primero.
Ese honor le corresponde a José Ramón Barral, Nené, alcalde de Ribadumia durante 18 años hasta que fue detenido por Vigilancia Aduanera, que lo consideraba una de los principales traficantes de tabaco de Galicia, brazo derecho de Vicento Otero Terito (sí, el de “el tabaco es para Terito y los viejos”, la famosa frase de Sito Miñanco en Fariña). Pese a pasar cuarenta años bajo el foco -desde los primeros 80 hasta su muerte, en 2023, aún con varias causas pendientes- Nené nunca fue condenado por contrabando, aunque tras su detención -de la que culpaba al entorno de Aznar en Moncloa, donde ya estaba Mariano Rajoy- sí fue expulsado del PP y montó su propio partido, Independentes por Ribadumia. Barral amagó muchas veces con hablar sobre Louzán, pero nunca lo hizo.
Muchos años antes de su caída en desgracia, Nené fue quien le dio a Louzán las llaves del polideportivo y, de paso, el acceso al poder. En el 98, es nombrado secretario de organización del PP en Pontevedra y en el 2000, presidente. Pero más allá de los órganos del partido, el auténtico poder se ejercía desde la Diputación, como bien sabían José Luis Baltar en Ourense o Francisco Cacharro en Lugo, barones del sector rural de la boina, enfrentados en la lucha interna con los urbanitas del birrete liderados por Rajoy y Romay Beccaría, que acabó apadrinando a Feijóo.
El líder de los boinitas era Xosé Cuíña, el auténtico patrón de la provincia de Pontevedra, todopoderoso conselleiro a quien, por aquel entonces, todos veían como sucesor de Manuel Fraga. Ocupado en dirigir y tratar de heredar Galicia, Cuíña necesitaba a alguien de confianza para el ente provincial. Y allí estaba Louzán, el chico de los recados, el hombre para todo que lo mismo le llevaba la carpeta que lo acompañaba a ver al Celta a Balaídos.
“La Universidad de Ribadumia”
Vicepresidente desde 1996, en 2003, Louzán se hizo con el mando de la Diputación y estableció su propia red de apoyos, aquella que se conocía como el sindicato de alcaldes. También marcó un estilo propio, definido en lo político por las mociones de censura, con o sin colaboración de tránsfugas -en su despedida de la presidencia del partido, en 2016, todavía se marchó anunciando las últimas- y en lo relativo a la gestión por la proliferación de campos de hierba artificial por toda la provincia. Mientras, la Diputación se llenaba de trabajadores fieles, procedentes “de la Universidad de Ribadumia”, como ironizaban los funcionarios veteranos. Algunos de esos campos de fútbol que adjudicaba la Diputación los construían empresas cercanas a Louzán.
El sindicato de alcaldes fue clave para que Núñez Feijóo -impulsado por el birrete de Romay Beccaría- se impusiese en la sucesión a Fraga. De sus tres rivales, aunque el después portavoz en el Senado Xosé Manuel Barreiro fue el que llegó hasta el final, quien realmente preocupaba al futuro líder del PP era Cuíña. Con Pontevedra como su fortín -Ourense era el de un Baltar que acabaría también por darle la espalda-, Feijóo necesitaba segarle la hierba bajo sus pies y para eso utilizó a Louzán.
El presidente de la Diputación dio la espalda a sus orígenes -como había hecho con Barral- y se preparó para recibir los nuevos tiempos. Él mismo llamó a los alcaldes de la provincia para amenazarlos con la retirada del apoyo y el dinero de su institución si no apostaban por Alberto. Cuíña tuvo que retirarse antes incluso de la celebración del congreso.
Las prácticas de Louzán no tardaron en chocar con la Justicia, aunque pudo esquivar las primeras balas. Como el supuesto soborno que se escondería tras el sobrecoste que Louzán y su mujer cobraban a un diputado popular por unos bajos comerciales en el barrio vigués de Navia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló todas las pruebas de la Fiscalía por considerar que se debían a una investigación “prospectiva”. Al ministerio público no le quedó más remedio que acabar desistiendo.
Para entonces, por lo que pudiese pasar en la justicia y detectando un posible giro político en la provincia -debido, sobre todo, al tirón del socialista Abel Caballero en Vigo-, Louzán se había buscado un plan alternativo a la Diputación. En 2014 ganó las elecciones a la presidencia de la Federación Galega de Fútbol. Sustituía a José García Liñares, histórico alcalde socialista de Cerceda (A Coruña) y que también acabó su vida política inhabilitado. Parecía la versión beta de Louzán.
La subvención para una obra finalizada
Aquellos campos de hierba artificial marca de la casa acabaron siendo su perdición. En 2021, un juzgado de Pontevedra lo condenó por fraude y prevaricación en la construcción de uno de ellos, en la localidad de Moraña. La sentencia consideró probado que la Diputación había pagado en 2013 86.311 euros por unas obras de mejora del campo de fútbol que, en su mayor parte, ya estaban ejecutadas por un contrato anterior de 2011. Louzán recurrió y fue exonerado de la condena por fraude, pero no de la prevaricación ni de la inhabilitación para ejercer cargo público durante siete años, un plazo que se cumple en 2029, justo el anterior al Mundial en el que España será una de las sedes, y que él dirigirá si se hace con el mando de la federación.
En 2015, el PP perdió la Diputación de Pontevedra y un año después, Louzán abandonaba la presidencia provincial del PP. Lo relevaba el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ya era desde hacía una década el número dos de Feijóo y que renunciaba a la secretaría general del PPdeG para tratar de recuperar la influencia perdida en ese feudo. Rueda mantuvo el cargo orgánico hasta que heredó el gobierno autonómico cuando Feijóo se marchó a Madrid, en 2022. Un año después, el PP recuperaba por sorpresa el ente provincial.
Desde su caída, las relaciones entre Louzán y la cúpula del PP se han mantenido distantes, al menos de puertas para afuera. Aún así, Rueda le echó un capote tras el affaire Rubiales, cuando el presidente de la Federación Gallega, en uno de los giros que han marcado su trayectoria, pasó de disculpar el beso -“Son errores que se cometen en la vida”- a presentarse como uno de los “impulsores” del comunicado en el que los dirigientes territoriales le pedían la dimisión. “Deberíamos hacer poca política con este tema”, dijo entonces el titular de la Xunta.
Poco después tuvo lugar un episodio en el que se asociaban tres de las patas de esta historia: la Federación Galega, la Diputación pontevedresa y la selección femenina. Las campeonas del mundo recibían a Italia en el estadio de la ciudad, Pasarón, en un choque de la Women's Nations League. La fiebre tras el título presagiaba un lleno total, y justo así, sin localidades vacías, era como aparecía la grada a los minutos de abrirse la venta online. La frustración del público se viralizó. Ni Federación ni Diputación fueron capaces de decir cuántas entradas se habían puesto a disposición del público. El PSOE los acusó a ambos de repartírselas. Finalmente, se atenuó la polémica porque la Federación dispuso de 1.200 tickets más que había “liberado” la afición italiana. El partido se celebró con el lleno esperado. España perdió.
La inhabilitación, ¿un obstáculo?
Este jueves, la Audiencia Nacional rechazó paralizar la sanción que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le había impuesto al actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, por “tres infracciones muy graves”. Rocha heredó en abril el cargo de Rubiales cuando éste fue suspendido de forma fulminante por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Era el único vicepresidente al que no había cesado. Entonces, decían que no venía para aferrarse al puesto. Sin embargo, ha estado hasta el último momento haciendo todo lo posible para poder presentarse a las próximas elecciones. Descartada esta posibilidad, son varios los barones territoriales que ahora aspiran a sustituirlo. Y, entre ellos, Louzán parte como el mejor colocado... a pesar de la justicia.
El dirigente gallego, que presume del apoyo de Javier Tebas, amo y señor de La Liga, ya ejerció como presidente de facto en la comida que los mandatarios mantuvieron el miércoles en un restaurante de Torrelodones y que fue desvelada por Relevo. Su entorno está convencido de que la inhabilitación -recurrida ante el Tribunal Supremo y pendiente de resolución- no afecta a una entidad privada como la RFEF, a pesar de que ésta recoja de forma explícita en sus estatutos, negro sobre blanco, como cuarto requisito para formar parte de sus órganos el “no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”. Una de esas contradicciones que Louzán está acostumbrando a surfear, a base de alianzas que se tejen y se destejen, a menos que un juez lo considere ilegal. Al contrario que las subvenciones para campos de fútbol, las sentencias sí pueden cobrarse dos veces un mismo culpable.