Hace siete años, Quinteiro -un “proyecto comunicativo” de la comarca del Umia, en la provincia de Pontevedra- colgaba un vídeo en su canal de Youtube. Titulado Corrupción, mentiras e herba (artificial), y con la célebre melodía de Nino Rota para El Padrino como banda sonora, se detenía en la singular querencia de la Diputación de Pontevedra por construir campos de fútbol con césped sintético. Unos 70, en los que gastó 36 millones de euros durante lo más crudo de la anterior crisis económica. El documental de Quinteiro centraba su segunda parte en el de Moraña, presupuestado en 848.327 euros, y revelaba sospechas de manejos en torno a la obra. Hace dos semanas, un juzgado de Pontevedra condenó al entonces presidente del ente provincial, Rafael Louzán, a penas de prisión por fraude y prevaricación relacionados con el mencionado campo de fútbol. Era el hombre que había comenzado como bedel y había llegado a ser pieza clave del PP gallego, decisivo para Feijóo en la sucesión de Fraga.
Ahora fuera del partido pero presidente de la Federación Galega de Fútbol, a Louzán le estallan con efecto retardado algunas de las minas sembradas durante sus mandatos en la diputación, entre 2003 y 2015. “Cuando sacamos el vídeo, tuvo unas 2.500 visitas. Que es muchísimo para la zona”, recuerda un integrante de la asociación Quinteiro, hoy inactiva. Moraña apenas supera los 4.000 habitantes. Cuando el organismo provincial decidió licitar la infraestructura de Moraña, ya había gastado su respectivo millón de euros en campos sintéticos en Campo Lameiro y Cuntis, “a siete kilómetros unos de otros”. La sentencia, que también afecta a la entonces alcadesa de Moraña y ya ex delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, implica la inhabilitación de ambos para cargo público. Los delitos se sustentan en la concesión de subvenciones a unas reformas en el campo que en realidad se encontraban prácticamente acabadas.
El caso Moraña es una de las piezas desgajadas de la Operación Patos. Esta causa, impulsada por la Fiscalía Anticurrupción en 2013, investigaba irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por parte de 23 cargos de Partido Popular y Partido Socialista. La mayor parte fue archivada hace cuatro años, no así la que afectaba a Louzán y que acabó en su condena. “Lo de Moraña es como lo de los impuestos de Al Capone”, coinciden con crudeza varias de las fuentes consultadas para este reportaje, algunas bien conocedoras de los entresijos de las actuaciones del entonces presidente de la diputación. Investigado en más de una ocasión -su imputación por presuntos sobrecostes en el alquiler de tres bajos en el barrio de Navia, en Vigo, fue archivada en 2018 tras la retirada de la acusación que sostenía la Fiscalía “ante la imposibilidad de utilizar las pruebas de cargo”- solo esta vez la sentencia lo ha declarado culpable. Y ya ha anunciado que recurrirá.
Las carpetas de Cuíña y el sindicato de alcaldes
Hay quien aduce que su salida de la primera línea política en 2015, después de que PSdeG y BNG sumasen los diputados necesarios para hacerse con el control de la Deputación de Pontevedra, no fue exactamente a petición propia. Los dosieres sobre sus actividades obraban en la dirección gallega de su partido. “Eran bombas que podían estallar en cualquier momento”, señala una persona al tanto de aquel final de etapa. Tampoco es que lo dejasen caer: inmediatamente entró a dirigir la Federación Galega de Fútbol. “Eso lo hizo con la conformidad de Feijóo, está claro”, dice otra fuente. Al fin y al cabo, Louzán no fue un cualquiera en el PP gallego. Tal vez a ello se deba el estruendoso silencio de la Xunta ante la situación: el máximo dirigente del fútbol gallego, condenado por corrupción.
Un ex militante del Partido Popular hace memoria y visualiza las maniobras de Louzán en el congreso que, en 2006, eligió a Alberto Núñez Feijóo como sucesor de Fraga Iribarne. A dirigir aquel PP desbancado por primera, y última vez, del Gobierno gallego optaron cuatro conselleiros: el propio Feijóo, Xosé Manuel Barreiro, Enrique López Veiga y Xosé Cuíña. Fue este último, representante de lo que la prensa dio en llamar “sector de la boina” y bien afianzado entre los alcaldes de la provincia de Pontevedra, el principal riesgo para la operación Feijóo, propulsada por Romay Beccaría. “Louzán se encargó de llamar personalmente a los alcaldes para presionarlos y que apoyasen a Alberto. Si no, amenazaba, les retiraría el apoyo de la diputación”, explica este entonces afiliado.
Ese movimiento resultó decisivo para que Feijóo se hiciese con la dirección de la organización y, tres años después, con la presidencia de la Xunta de Galicia. “Él había comenzado como chico de los recados de la cúpula y fue culebreando hasta llegar arriba”, añade. No falta quien todavía se acuerda de cómo le llevaba las carpetas a Cuíña o lo acompañaba a los partidos del Celta en Balaídos. Su ascenso en el escalafón comenzó en lo municipal. Tal vez nunca salió de ahí. En 1995, Louzán había sido elegido concejal en Ribadumia, donde había nacido 28 años antes; en 1998 se hacía con la Secretaría de Organización de los populares en Pontevedra; en el 2000, con la secretaría general y un puesto en el Comité Ejecutivo gallego; en 2003, con la presidencia de la diputación.
“Él fue tejiendo una red de afines, aquello que llamaron sindicato de alcaldes, que después le ayudaron a ser presidente de la diputación”, explica la misma fuente. Con los Baltar en la de Ourense -donde continúan- y Cacharro en la de Lugo -hasta 2007-, cimentó buena parte de la hegemonía sociopolítica del PP en Galicia. Rivales, analistas y fuentes consultadas para este texto prefieren sin embargo hablar de “caciquismo moderno” o “clientelismo”. “Usaba tácticas casi mafiosas, como la de los campos de fútbol de hierba artificial”, indica otro, “los construía y con ello lograba que los ediles le debieran favores. Después les pedía su apoyo”. Fueron ellos los que lo sostuvieron cuando, explica una persona cercana a la oposición interna en aquellos días, la dirección gallega comenzó a retirarle el favor.
Especialidad, mociones de censura
Louzán se había encargado con dedicación de mantener prietas las tropas. Y de aumentarlas, algunas veces a través de sonadas mociones de censura, tránsfugas incluidos. Sucedió en Mos, en Porriño o en Silleda. En esta última localidad, en la comarca de O Deza, gobernaba la socialista Paula Fernández Pena. “Dos candidatos independientes se habían presentado por nuestra lista. El PP los manipuló hasta convencerlos. Eso sí, la oposición en el pueblo fue brutal”, comenta 11 años después. 2.500 personas llegaron a manifestarse en las calles de una villa cuyo ayuntamiento cuenta con 8.000 habitantes.
Fernández Pena recuerda cómo en las semanas previas a la moción, Louzán se reunía en Silleda con varios de los protagonistas de la jugada. “Se dedicaba a articular mecanismos de compra de concejales a cambio de favores y prebendas”, dice. Cuando los tambores del cambio de mayoría ya sonaban en Silleda, miembros del Partido Socialista abrieron conversaciones con los independientes que habían integrado en su candidatura y ahora abrían la puerta a una moción, respaldados por el PP. “Un día sentenciaron: 'No nos queda más remedio que hacer un viaje hasta Ribadumia'. Allí vivía Louzán. Nosotros nos levantamos de la mesa, claro”, recuerda la exalcaldesa, ahora alto cargo en la Diputación de Pontevedra, que gobierna una coalición de PSOE y BNG.
La moción se materializó y el ente provincial transformó sus relaciones con Silleda. En los dos años de alcaldía de Fernández Pena, y más allá de lo obligado por ley, solo había invertido en el pueblo, recuerda esta, “en 12 balones de fútbol”. “Entonces empezaron a llegar camiones de aglomerado, nuevas rotondas...”, dice. Pero los caminos de los dos tránsfugas que la desalojaron de la alcaldía se bifurcaron. La alcaldesa que la sucedió, Ofelia Rey, acabó inhabilitada. El otro, Javier Cuiña, fue contratado como veterinario en una entidad dependiente de, sí, la Diputación. En 2011, las urnas hablaron de nuevo, y el PSdeG, con Fernández Pena como candidata, formó mayoría junto al Bloque. Los siguientes mandatos, ya con ella fuera de la política municipal, los socialistas obtuvieron mayorías absolutas. “La sombra de Louzán es alargada”, entiende Fernández Pena, “y tiene un alumno aventajado en Alfonso Rueda”, vicepresidente de la Xunta y sucesor de Louzán al frente del PP pontevedrés.
El maestro Nené de Ribadumia
Louzán también ejerció en su día como alumno. Su maestro, José Ramón Barral, Nené, fue alcalde de Ribadumia entre 1983 y 2001 por el PP. No perdió las elecciones: fue detenido por contrabando de tabaco, en concreto por su implicación en el desembarco en Vigo de 400.000 cajetillas Magnum. Las actividades de Barral que salieron entonces a la luz no causaron excesiva sorpresa. El periodista Perfecto Conde ya lo situaba entre los “históricos del negocio” en su clásica crónica La conexión gallega. Del tabaco a la cocaína (primera edición, 1991). Barral también aparece en el exitoso Fariña (2015), de Nacho Carretero, en el que es identificado como el “brazo derecho” de Vicente Otero, Terito, ilustre militante de Alianza Popular y primigenio señor do fume.
Su segundo en el consistorio era Rafael Louzán, edil desde 1995 y en el momento de la operación contra Barral, vicepresidente de la Diputación. Años atrás había sido incluso socio en alguna aventura empresarial de la familia. De su mano había entrado en política y también encontrado su primera salida profesional, bedel en un polideportivo municipal. Fue el inicio de una carrera política que este mes ha conocido su primer revés judicial. Louzán ya ha anunciado que recurrirá su condena a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación.