La provincia de Pontevedra cuenta con 62 ayuntamientos. Y con un número mucho mayor de campos de fútbol de hierba artificial. En la pasada legislatura, la Diputación gastó alrededor de 36 millones de euros en construir unos setenta de estos campos. En los últimos meses, nuevas obras en Vilaboa, Covelo, Cotobade, Marín, Barro, Cuntis o Moraña, con un coste de un millón de euros en algún caso, se han sumado a la lista. Muchos ayuntamientos cuentan con más de un campo y, por ejemplo, Ribadumia, con cinco mil habitantes, dispone de cuatro. Crecen las críticas al despilfarro, las sospechas de amiguismo en la elección de las localidades agraciadas con estas obras o de las empresas encargadas de llevarlas a cabo, y también se denuncian los crecientes costes de mantenimiento.
Recientemente, Galiza Nova –la organización juvenil del BNG– puso en la balanza el gasto de dinero público que implica cada una de estas obras. Por ejemplo, en Cuntis, el recién reformado campo de fútbol de A Ran costó un millón de euros, que se podrían haber convertido en 12.500 becas de material escolar, 1.602 ayudas a familias en situación de riesgo, 600 ayudas en viviendas sociales, o en 125.000 mayores que no tendrían que pagar sus medicinas. Cuntis tiene 550 personas desempleadas, además de un Centro de Día y un Polígono Industrial abandonados. Más críticas llegan desde la comarca del Umia. El proyecto comunicativo Quinteiro do Umia publicó hace dos semanas un reportaje en el que denunciaba la situación y recogía el malestar existente en BNG, PSdeG-PSOE e Independientes por Moraña.
El objetivo declarado de la Diputación es “disponer de cuando menos un campo en la práctica totalidad de los ayuntamientos, si bien en algunos municipios habrá más de uno por su mayor población, que se traduce en una mayor utilización de este tipo de terrenos de juego”. Y eso a pesar de que muchos dudan de la necesidad de este tipo de instalaciones en unas comarcas que figuran entre las más lluviosas de España. Hubo un tiempo en el que se hablaba de la “política de asfalto” que ejercían ciertos dirigentes, alcaldes y presidentes de diputaciones. Ahora el acondicionamiento de pistas, piscinas y pabellones parece haber dejado su lugar al césped artificial.
En los últimos tiempos se han inaugurado campos en Aguas Férreas (A Cañiza), A Sangriña (A Guarda), San Amaro (Cangas), Hío (Cangas), O Aral (Baiona), As Corticeiras (Caldas de Reis), O Pombal (Cambados), Municipal de Chapela (Redondela), As Cachizas (Meaño), O Regatiño (Tomiño), A Carballa (Tomiño), As Cercas (Gondomar), Coto Torrón (Mos), Pardellas (Ponteareas), Angoares (Ponteareas), Chan da Barcia (Pontecaldelas), Atios (O Porriño), Monte da Lomba (Vilanova), As Chans (Vilanova), O Casal (Salvaterra), O Salgueirón (Soutomaior), Álvarez Durán (Tui), Ribadelouro (Tui), Camballón (Vila de Cruces), A Bouza (Illa de Arousa), Silleda (Silleda), Cuíña (A Estrada), A Xunqueira (Pontevedra), A Bouza (Ribadumia), San Pedro (Marín), Mondariz (Mondariz), A Seca (Poio), Ramón Diéguez (Pontecesures), A Rapeira (Portas), O Revel (Sanxenxo) o San Martín (Vilagarcía).
Y, aún más recientemente se ha aprobado gastar 676 mil euros en Marín, 442 mil euros en Vilaboa, 342 mil euros en Cotobade, 354 mil euros en Covelo, alrededor de un millón de euros en Moraña, otro millón de euros en Cuntis... La lista y la factura siguen creciendo y las cuentas finales son difíciles de cuantificar, ante la multitud de contratos y obras anexas que se añaden a la obra principal. Los opositores a este tipo de proyectos señalan también que la mayor parte de los ayuntamientos en los que se llevan a cabo estas obras están gobernados por el Partido Popular. Otras críticas se refieren a la recurrencia de ciertas empresas como Covsa (Construcións Obras e Viais S.A.) en la adjudicación de los trabajos de construcción o de mantenimiento.
A este respecto, también se señala el elevado precio del mantenimiento de estas instalaciones, que requieren de reformas periódicas de las que deben hacerse cargo en su totalidad o en parte los ayuntamientos, siendo estos campos muchas veces un pesado lastre para las magras haciendas locales. Esta situación y las críticas generadas han llevado a Louzán a ofrecer el apoyo de la Diputación en su mantenimiento. En 2011, la Diputación sacó a concurso la renovación del césped en 36 campos,con un coste total de 190 mil euros más IVA. En el pasado, otras críticas habían llegado, precisamente, por el abandono al que la Diputación sometía a estos campos, impracticables pocos años después de su inauguración.
Los grupos de la oposición también denuncian que estos campos no salen “a coste cero” para los ayuntamientos, que deben hacerse cargo de las infraestructuras de saneamiento, de las conexiones de agua y luz y de los suministros para las máquinas que participen en su construcción. También le reclaman a la Diputación de Pontevedra un “diseño racional” para la instalación de estos campos, para que beneficien a más gente y no se dupliquen infraestructuras en zonas anexas, en palabras de Eva Villaverde, del BNG de Moraña: “¿Son necesarios todos? No”. Y señalan estas obras como “prescindibles”, porque lo “imprescindible”, según Manuel Campos, del PSdeG de Cuntis, es que los niños y las familias tengan acceso a la sanidad y a la enseñanza de calidad. O como concluye Arturo García, de Independientes por Moraña, “si tú les dices la unos padres si prefieren que su hijo juegue en un campo de hierba artificial o que tenga libros de texto gratuitos o transporte escolar, van a optar por lo segundo”.
Louzán defiende sus campos de fútbol: “Los chicos están ahí y no en otras circunstancias”
Como en el ámbito municipal, la particular política deportiva de la Diputación pontevedresa es también criticada en el ámbito autonómico, la última vez este mismo miércoles en el Parlamento, a donde el presidente del ente provincial, acudió para presentar sus presupuestos. Lejos de mostrar posibilidad de enmienda, el conservador defendió con intensidad sus campos de fútbol.
“Evidentemente, ese tapizado general de la provincia” con “campos de hierba artificial y parques” está ocultando, cuando menos, redes clientelares“, consideró el socialista Abel Losada quien, como Juan Fajardo, de AGE, y Daniel Ruedas, del BNG, cuestionó la falta de transparencia y la manera de proceder del pontevedrés al dedicar dinero a fines como este mientras hay 10.600 hogares sin ingresos en la provincia. ”Hay prioridades“, resume Losada.
Louzán admite que no es la primera vez que escucha críticas como esta. “Esta música me suena”, resume, si bien asegura que los alcaldes socialistas “están de acuerdo en que pongamos en marcha esta política”, excepto “en algunos ayuntamientos”. En la retórica del conservador, “invertir en la sociedad se llama invertir en las infraestructuras” y, frente al parlamentario del PSdeG, que subrayó irónicamente su incapacidad para entender estas decisiones, a lo mejor por no tener descendencia, Louzán sentencia que los campos de hierba artificial son necesarios porque “mientras los chavales están ahí, ocupados, no están en otras circunstancias que nos preocupan a los que tenemos hijos”.
Campos al margen, el también líder provincial del partido de la derecha se declara “contento” con sus decisiones, ya sea logrando que “el campo de Pasarón lo inaugurara la selección española” o con la salida de la Vuelta Ciclista a España de las Rías Baixas, previa subvención. AGE sugiere que el titular de la Diputación incluso forzó que la carrera pasara por delante de su casa, pero “se equivoca”, porque “no tengo necesidad de eso”. Según el PP, la aportación de la Diputación Provincial fue de poco más de 1 millón de euros. El Ayuntamiento de Sevilla, justifica, gastó “en una sola noche 1 millón de euros” para una etapa de la propia Vuelta en el año 2010.