Centenares de personas procedentes de los municipios coruñeses de A Baña, Vimianzo, Zas, Fene y Cerdido se han manifestado este jueves en A Coruña contra el cierre de sus oficinas bancarias, de Abanca en todos los casos, que condena a varios de estos territorios a la exclusión financiera y a sus habitantes, a tener que desplazarse a otros pueblos para realizar operaciones cotidianas. La batalla que han emprendido residentes de zonas rurales por conservar su última sucursal está tomando varias formas: Campo Lameiro (Pontevedra) amenaza con retirar todos los fondos de la entidad que preside Juan Carlos Escotet y declararlo a él persona non grata. El Ayuntamiento acaba de autorizar al alcalde, Carlos Costa (PP), a analizar la posibilidad de emprender acciones judiciales. Además, anima a los habitantes de este pequeño municipio a presentar hojas de reclamación interna ante Abanca por el “perjuicio” que les ocasiona su marcha. Portas, también en Pontevedra, decretará un día de luto oficial si el 8 de septiembre se confirma el cierre su última oficina bancaria, de la misma entidad.
Tras años de cierres continuados de oficinas y reducción de la red de las entidades bancarias, han llegado las protestas de los vecinos. Abanca, la de más implantación en Galicia como heredera de las antiguas cajas de ahorros, Caixa Galicia y Caixanova, anunció varios cierres de sucursales este verano. Mientras tanto, la Xunta tiene abierto un proceso público para entregar 2,8 millones de euros a una entidad que se comprometa a abrir cajeros en territorios que se han quedado sin servicios bancarios. En medio del descontento, también el Gobierno central ha anunciado que Correos prevé instalar cajeros en 80 entidades de población este año. La propia entidad que centra las críticas ha tratado de calmar los ánimos y ha afirmado, según Europa Press, que va a ofrecer servicios financieros en las localidades en las que está cerrando oficinas, pero será con cajeros, oficinas móviles y las sucursales que hay “en las localidades próximas”.
En la manifestación que recorrió este jueves las calles de A Coruña, se escucharon gritos de “ingrato” dirigidos a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca. El alcalde de Cerdido, Benigno Galego (PSOE) explicó lo que supone para un municipio como el suyo, con una población envejecida, no tener una oficina bancaria. Solo queda dentro de los límites municipales un cajero “obsoleto y que sufre bastantes averías”. A los mayores les resulta “complicado” utilizar la banca electrónica y falta transporte público para desplazarse a ayuntamientos limítrofes, destacó.
“Estamos ante otro atentado contra el rural. Estamos hartos de que se llenen la boca de que quieren promocionarlo y luego nos metan estas puñaladas. No tenemos apoyo desde las institucione. Le solicitamos a la Xunta una reunión porque, si alguien puede frenar esta sangría, es el presidente”, manifestó el regidor de A Baña, José Antonio Pereira. Para el alcalde de Zas, Manuel Muíño, el cierre anunciado en su municipio es “la gota que colma el vaso”. Recuerda que la entidad fue “rescatada con dinero público”. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, considera que el impacto de la clausura de la sucursal de Baíñas es “tremendo” para los vecinos mayores y el pequeño comercio. Por su parte, Juventino Trigo, el regidor de Fene, pidió también la intervención del Gobierno gallego. “Lo que está haciendo Abanca está fuera de toda lógica”, zanjó.