Los médicos recurren el plan de la Xunta para organizar las citas de pacientes de atención primaria con un algoritmo
El Consello Galego de Colexios Médicos va a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el plan de la Xunta para organizar las citas a pacientes de atención primaria con un algoritmo. El sistema, llamado XIDE (xestión integral de la demanda en equipo), se ha ido implantando en cada vez más centros de salud de Galicia y la intención del Servizo Galego de Saúde (Sergas) es que funcione en todos. Lo que hace este modelo es utilizar un algoritmo que, con las respuestas que da el paciente a personal no sanitario, indica qué profesional debe atenderlo.
Desde que se presentó, el plan ha provocado críticas de las entidades colegiales gallegas, que ven “un importante riesgo” en este modelo. El paciente debe describir lo que le ocurre a personal que no es sanitario y, en función de las palabras claves con las que cuente qué le ocurre, el algoritmo ofrece un resultado sobre qué sanitario debe ver su caso y le asigna una cita. “Lo que debería ser un acto médico se decidirá entre una persona que no es sanitaria y una aplicación informática desconocida”, dice el Consello, que pide a la Justicia que anule la implantación del XIDE.
Para los médicos este procedimiento supone en la práctica aplicar un triaje -establecer prioridad en función de la dolencia- a los pacientes de atención primaria. Los resultados del algoritmo, aseguran, “no han sido testados” y “se desconoce su funcionamiento y si cuenta con aval científico” para gestionar las citas no programadas. Además, denuncian que se están atribuyendo a los trabajadores de los servicios generales funciones de “evaluación de riesgos o síntomas que no les corresponden y que no deben realizar en ningún caso”. Ven todavía un defecto más en el plan: “No se respeta la intimidad de los pacientes” ni la garantía de secreto médico al tener que describir su enfermedad en estas condiciones.
Hace unos meses, el Consello de Colexios Médicos pidió por escrito al Sergas la retirada del plan por “no ajustarse a derecho”. La entidad dice que no ha recibido respuesta del Gobierno gallego y por este motivo ha decidido ahora recurrir a los tribunales.
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