En mayo de 2018 abandonaba la ría de Ferrol el buque 'Cerro de la Pez'. El flotel antes denominado 'Orgullo Petrolero' fue el único buque construido en los astilleros ferrolanos de Navantia para la petrolera estatal mexicana Pemex. El otro flotel, 'Reforma Pemex', lo había encargado la filial internacional de la empresa (PMI) al astillero vigués Barreras después de haber comprado en 2013 la mayoría de sus acciones, las mismas de las que ahora se quiere deshacer. El barco construido en Vigo es parte de la flota de Pemex, mientras que el de Ferrol busca comprador notablemente devaluado.
Ambos floteles y la compra de Barreras fueron, a efectos prácticos, los únicos resultados tangibles para el sector naval gallego y para la economía de Galicia en general de la “alianza estratégica” que, bordeando la ley electoral, Alberto Núñez Feijóo había escenificado en vísperas de las elecciones gallegas de 2012 junto a los entonces máximos directivos de la compañía mexicana con las cámaras de la TVG en directo. Feijóo, y el Gobierno gallego por extensión, habían apadrinado hasta presentarlas casi como propias promesas de construcciones de múltiples buques, instalaciones industriales como una ambiciosa base en el puerto exterior de A Coruña y miles de empleos que nunca llegaron. Lo había hecho tras negociarlas, según había dado a entender, en un viaje a América con Mariano Rajoy.
El propio presidente gallego tuvo que acabar admitiendo, cuando los incumplimientos de Pemex ya habían dejado en evidencia en varias ocasiones a la Xunta, que en realidad aquellos anuncios preelectorales ni estaban asegurados ni dependían del Gobierno gallego. Dependían de la empresa estatal mexicana y, más concretamente, de los que entonces eran sus principales directivos. Algunos de ellos son ahora señalados por la Justicia de México y por el nuevo gobierno del país, presidido por Andrés Manuel López Obrador, por sus implicaciones en casos que las autoridades mexicanas presentan abiertamente como “corrupción”. Estas acusaciones se remontan a hace meses e incluso años, pero esta misma semana el propio López Obrador ha extendido las sospechas a los negocios en Galicia.
Entre los exdirectivos de Pemex que habían compartido reuniones y fotografías oficiales con Feijóo y que ahora están bajo la lupa de la Justicia destaca Emilio Lozoya, director general de Pemex de 2012 a 2016. Lozoya, clave en la compra del astillero Barreras por parte de Pemex, es señalado cómo presunto receptor de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el centro de uno de los mayores casos de corrupción de América Latina de los últimos años.
Las acusaciones llegan desde dentro de la propia empresa investigada pero también desde el Estado mexicano a través de la Fiscalía, que atribuye a Lozoya delitos como blanqueo de capitales en el marco de la aprobación de la compra, por parte de Pemex, de plantas de fertilizantes que, según las acusaciones, fueron adquiridas por grandes sumas de dinero a pesar de estar prácticamente quebradas. Esta misma semana Lozoya continuaba “prófugo de la justicia”, según informó el periódico mexicano El Universal.
En el conocido como caso Fertinal, en referencia al nombre de una de las empresas adquiridas, el gabinete de López Obrador no sólo implica a Lozoya. También a otros directivos clave en los negocios en Galicia y que compartieron encuentros con Feijóo, con el conselleiro gallego de Industria, Francisco Conde, y con otras autoridades gallegas en los años de los mencionados anuncios. Es el caso de Carlos Roa, jefe de asesores de Lozoya en Pemex y vicepresidente de Barreras hasta 2016, que según el expropietario de Fertinal, fue quien negoció la venta de la fábrica.
También José Manuel Carrera Panizzo, antiguo director de la filial internacional de Pemex, PMI. Panizzo había sido uno de los protagonistas de las operaciones de los floteles y había sido presentado por la Xunta como uno de los garantes de que Pemex iba a construir en Galicia hasta 14 remolcadores que nunca fueron encargados. Fue también miembro del consejo de Barreras.
A Carrera Panizzo y a Roa los señalan las nuevas autoridades mexicanas por otra compra sospechosa en Pemex, la de Agro Nitrogenados, compañía de fertilizantes que según diversos medios mexicanos llevaba más de una década paralizada y sin posibilidad de ser reactivada cuando la petrolera la compró con presuntos sobrecostes. El nuevo gobierno del país y la propia Fiscalía intentan esclarecer si por detrás de todos estos negocios sospechosos está el expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual él niega.
“Se ha terminado la corrupción en Pemex”
Por todos estos casos fue cuestionado por los medios esta misma semana el presidente mexicano. En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, López Obrador señaló la Lozoya como “representante de la corrupción en Pemex”, compañía en la que su Gobierno, asegura, está desarrollando una “limpia general”. “Puedo decirles que se ha terminado la corrupción en Pemex, ya no hay corrupción en los mandos superiores”, resumió para afirmar que “terminó” el tiempo de “trafique de contratos y compras con sobreprecios”. “Lo que costaba mil millones de dólares ahora se paga por 700”, ejemplificó.
“Estamos limpiando Pemex y va muy bien”, afirma el mandatario centroamericano, que se refirió específicamente a las antiguas operaciones de PMI, la filial internacional ligada a los negocios en Galicia. Filiales como esa, especifica, “eran independientes”, pero ahora ya “tienen control de la dirección” de la empresa estatal. Ahora, dijo, “estamos incluso revisando contratos de empresas que se tienen en España, con astilleros españoles, donde no había un trato justo para Pemex”. “Todo eso se está revisando y vamos a informar”, advirtió López Obrador en abierta referencia a Barreras y Navantia.
Sobre las eventuales repercusiones directas en Barreras, la compañía con sede en Vigo opta, por el momento, por el silencio. Así lo reflejaron las declaraciones realizadas por su presidente, José García Costas, a la agencia Europa Press, según las cuáles no tiene “ninguna noticia directa” sobre los movimientos anunciados por López Obrador. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, aseguraba esta semana en Vigo no tener más noticias al respecto que las palabras de López Obrador, si bien defendió la “legalidad” de la entrada de Pemex en Barreras y consideró que el naval gallego no sufrirá repercusiones negativas por las investigaciones en marcha.