La Xunta de Galicia dio en febrero de 2023 el permiso a la empresa Tungsten San Finx para verter casi 900.000 metros cúbicos de aguas cargadas de metales pesados procedentes de una mina que se encuentra siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año después, el 20 de febrero de 2024, la administración gallega le comunicaba a la compañía que, tras abrirle expediente por superar los niveles máximos de los elementos contaminantes, la propuesta –que aún no es firme– es revocar esa autorización. El día antes le había impuesto una multa de 180.000 euros por vulnerar las normas con estas concentraciones por encima de los topes de cadmio, cobre y zinc. Y pocas jornadas después, la empresa estaba convocada a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número dos de Noia, que la investiga por un presunto delito medioambiental y contra los recursos naturales.
La explotación del yacimiento, del que se extraen wolframio y estaño, lleva años provocando las protestas de colectivos ecologistas y de las cofradías de pescadores y mariscadores de la zona, que consideran estas aguas contaminadas un riesgo para una ría de la que viven unas 1.600 familias y famosa por su producción de berberecho. La autorización de vertido dada hace un año avivó las protestas y dio paso a nuevos litigios ante la Justicia, que se suman a otros procesos previos, en uno de los cuales un juzgado de Santiago investiga a Ángel Bernardo Tahoces, ex alto cargo de la Xunta que fue responsable del área de minas en los sucesivos gobiernos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.
En el dibujo actual de la situación de la mina ha aparecido un nuevo propietario que permanece en penumbra. Cuando la Xunta dio hace un año la autorización de vertido, la mina estaba en manos de la australiana Pivotal Metals, pero solo unos meses después, en verano, vendió la explotación. La compradora era una empresa recién creada con un capital de 3.600 euros y que cambió su nombre original, que no hacía alusiones a la minería o a la actividad de extracción de metales, por el de Metais Estratéxicos. Según el Registro Mercantil, el administrador es Álvaro Fernández Baca, un geólogo de origen peruano.
Pero hay otra persona cuyo nombre aparece en documentos oficiales dirigidos a la compañía. Es Miguel Cabal Lorenzo. Él mismo asegura a este diario que es un consultor con más de 25 años de experiencia en el sector minero al que la empresa, de cuyos dueños no habla, ha contratado “como asesor” y al que le ha dado “ciertos poderes de representación, pero nunca de administración”. Dice no poder responder en nombre de la empresa y promete trasladar a los propietarios las preguntas hechas por esta redacción por si desean hacer alguna declaración. En sus redes sociales, Cabal aparece como responsable de la firma Geomatec.
El episodio más reciente relacionado con la mina de San Finx se escribió en el juzgado de Noia que lleva la causa contra la empresa por presunto delito ambiental por las elevadas concentraciones de metales pesados. Allí compareció el 4 de marzo una abogada en su nombre. El proceso arrancó tras la denuncia de las cofradías de Noia y Portosín, a la que se unieron organizaciones ecologistas. Joám Evans, portavoz de Ecoloxistas en Acción, considera que la decisión de enviar a una abogada –una opción que permite la ley para representar a personas jurídicas, como en este caso, en el que la denunciada es la empresa– responde a que los propietarios “no quieren dar la cara” y teme que la intención sea “desaparecer” en poco tiempo.
A día de hoy, dice la asociación ecologista, no se conoce la identidad de los titulares reales de la mina tras el cambio en la propiedad del pasado verano y expresa su preocupación porque entiende que hay riesgo de fuga y que, en caso de algún problema con las balsas de residuos, no se haría cargo. En las últimas dos décadas, los derechos de explotación han pasado por varias manos para retomar una actividad que había quedado abandonada en los años 90, sin que hubiese reparación en el entorno. De hecho, siguen en pie dos presas con residuos levantadas antes de 1940. La mina fue propiedad de Incremento Grupo Inversor, una compañía gallega que extrajo metales en San Finx entre 2009 y 2013 y que terminó liquidándose en 2014. Pasó luego a una filial de Sacyr, Valoriza, que también produjo entre 2016 y 2017, pero que no logró consolidar el proyecto ni despejar los varios problemas que lo rodean. En 2022 fue cuando la compró Pivotal Metals.
Un ex alto cargo de Feijóo, investigado
Esas presas tienen relación directa con la investigación contra Tahoces, que fue director xeral de Enerxía e Minas entre 2009 y 2020. El caso se deriva de una denuncia por falsedad en documento público y afecta también a dos funcionarios que estaban bajo el mando de Tahoces. Los informes de la Xunta bajo su responsabilidad aseguraron que las balsas de lodos de la mina eran en realidad infraestructuras para una explotación hidroeléctrica. Augas de Galicia, otro organismo dependiente de la Xunta, confirmó, sin embargo, que el uso era minero.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago había decidido sobreseer la causa, pero el año pasado la Audiencia Provincial de A Coruña estimó un recurso de apelación y obligó a seguir adelante con el proceso. Como consecuencia, en septiembre de 2023, Tahoces tuvo que declarar como investigado. Solo respondió a las preguntas de su abogado y lo hizo para defender que nunca faltó a la verdad, según relató después a Europa Press el abogado de la cofradía de Noia, Francisco Iglesias, que consideró que no había entrado en la “cuestión fundamental” del caso, que fue la no exigencia de evaluación de impacto ambiental para retomar la actividad en la mina. En 2008, la Xunta –entonces gobernada por el bipartito de PSdeG y BNG– había reclamado este trámite, pero con el cambio de gobierno en 2009, el nuevo equipo dejó de exigirlo y aprobó la reapertura.
Elevados niveles de cadmio, cobre y zinc
Relacionada también con la mina de San Finx hay otra causa en un juzgado de Santiago, en este caso por la autorización de vertido concedida en 2023 a raíz de una denuncia contra responsables de Augas de Galicia. Este órgano, que depende de la Consellería de Infraestruturas, fue el que dio ese permiso. Justificó su decisión con que la empresa debía cumplir una veintena de requisitos y atender de forma “estricta” las normas de calidad ambiental. De acuerdo con el documento, Tungsten San Finx S.L. podía empezar a vaciar 889.885 metros cúbicos de agua acumulada.
Evans explica que la mina es subterránea y a la altura del nivel cuatro hay, desde la reapertura de 2009, una galería de desagüe. Por ahí, dice, sale las 24 horas del día agua contaminada. El permiso de Augas de Galicia permitía “legalizar los vertidos a través de estas galerías de drenaje y también bombear los niveles inferiores”. Es decir, retirar el agua que anega la mina por debajo del nivel cuarto, hasta el octavo, para explotar el yacimiento, aunque ese bombeo no se ha llegado a hacer. Estas aguas acaban en el río Pesqueiras (también llamado rego das Rabaceiras), a través del cual terminan llegando a la ría. Ecoloxistas en acción reclama no solo que se revoque el permiso de vertido, sino que se impongan “las medidas necesarias para taponar esas galerías y hacer que la mina se reinunde”.
A finales de agosto de 2023, los análisis mostraron que los niveles de metales pesados aguas abajo de la mina estaban muy por encima de los máximos permitidos. Augas de Galicia comunicó que abría un expediente a la empresa –el que ha terminado en sanción– y que le había reclamado que ajustase “la gestión de las aguas residuales” a las condiciones que fijaba la autorización de vertido que este mismo órgano le había dado unos meses antes entre protestas sociales. Los mariscadores habían denunciado ya que los niveles de cadmio estaban 78 veces por encima del tope, mientras que los de cobre multiplicaban el máximo por 48 y los de zinc eran ocho veces superiores a lo permitido. Presentaron también un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que avisaba de que la mina tiene “un grave impacto” en la ría.
El patrón mayor de la cofradía de Noia, Santiago Cruz, pide también “taponar” todos los puntos de vertido de aguas con metales pesados y responsabiliza a la Xunta de las labores de restauración del entorno. “La ría no soporta más vertidos”, protesta. Con la sanción impuesta por el Gobierno gallego y el expediente que propone revocar el permiso a la empresa se declara optimista sobre el fin de la explotación minera. Evans, sin embargo, se queja de la lentitud de la Justicia y de que en los varios casos que están en instrucción “no se practica ninguna diligencia”. Si hubiese algún problema con las balsas de residuos, avisa de que el peligro es que la empresa se “esfume” y nadie se haga responsable de los daños.