No es habitual que un conflicto que afecta a una única localidad gallega y a su entorno más próximo rompa los límites territoriales y se expanda por el resto de Galicia. Menos todavía si el conflicto sucede lejos del eje trazado por la autopista AP-9, el que une las ciudades más pobladas en la fachada atlántica. Pero con el cierre del paritorio del hospital comarcal de Verín (Ourense) está pasando.
El movimiento feminista gallego convocó para este 4 de diciembre, a través de la Marcha Mundial de las Mujeres (Marcha Mundial das Mulleres Galiza) y apoyado en otras organizaciones locales, más de una docena de concentraciones y manifestaciones contra lo que este colectivo considera no sólo un nuevo recorte sanitario, sino también un caso de “violencia institucional” contra las mujeres. Al llamamiento han respondido cientos de personas en un total de catorce concellos al grito de “Verín non se pecha” [Verín no se cierra].
En varias de estas movilizaciones en la tarde del 4 de diciembre, especialmente concurrida en el caso de Verín apenas cuatro días después de otra masiva manifestación en la villa, fue leído el manifiesto de la organización Arrolos de Teta que resume el contenido de la reivindicación. Para estos movimientos feministas, “el argumentario esgrimido por el gerente, los jefes de servicio de Ginecología-Obstetricia y Pediatría y refrendado por 44 profesionales, el conselleiro y el presidente responde, únicamente, al desmantelamiento de la sanidad pública y del rural”.
“Hablan de evidencia científica”, subraya el documento, pero “olvidan mencionar la relativa a las prácticas que se realizan en esos servicios, hoy en día, sin tener un nivel de evidencia alto y que pueden ser perjudiciales para la salud”. Del mismo modo, lamentan, “olvidan la diferencia entre urgencia y emergencia” y “en esta última, el tiempo es vital”. De ahí el rechazo a que las mujeres que hasta ahora daban a luz en Verín tengan que desplazarse en todo caso a Ourense.
En este sentido, las organizaciones feministas subrayan que “las recomendaciones de sociedades y organizaciones nacionales e internacionales no son de obligado cumplimiento”, a comenzar por el hecho de que “la cifra de los 600 partos anuales es de calidad de gestión, no de calidad de atención”. “Es decir -resumen- olvidan mencionar que el problema para garantizar la seguridad no es la capacidad o pericia” del personal, sino “su pésima gestión.
Más allá del caso concreto de Verín, para los colectivos feministas movilizados -en la línea de lo manifestado por otros colectivos como las Enfermeras Eventuais en Loita o el sindicato CIG-Saúde- lo que sucede en este hospital de la comarca ourensana responde a un fenómeno más amplio: “la centralización estratégica de los recursos sanitarios en áreas más pobladas en detrimento de las zonas rurales”. “Olvidan también -concluyen- la vulnerabilidad de las familias en situación más precaria que no poseen medio de transporte” o que “la red viaria de esta provincia es deficiente y los transportes públicos, limitadísimos”.