“Lo más importante es no perder la fe y la esperanza. Si la perdiera, yo no aguantaría seis años más así, escuchando todas estas historias de sufrimiento”. Quien así habla es Ana Messuti (Buenos Aires, 1946), una de las abogadas de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Doctora en Derecho y ex funcionaria de la ONU, reside en Madrid y desde España lleva media docena de años luchando por el reconocimiento de las víctimas de la dictadura fascista y por acabar con el “hermetismo” de una Administración española que no hace más que poner obstáculos en las continuas solicitudes de colaboración, no sólo de la jueza Servini, que lleva el caso, sino de numerosos organismos internacionales. “Parece que para el Estado no existiesen ni la ONU ni los derechos humanos universales”, dice en esta entrevista, poco antes de ofrecer una conferencia en A Coruña.
Todo comenzó con Darío Rivas, el hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) asesinado en 1937...
Es muy hermoso que una persona mayor, con unos 90 años, diese inicio a todo esto. Lo notable en su caso es que él ya no buscaba nada concreto porque ya había conseguido la exhumación de su padre, pero recurrió a la justicia argentina porque precisamente buscaba eso. No quiere nada más que justicia. Su figura se convirtió en emblemática y se convirtió en un portavoz de la causa y de la querella. Comenzamos hace seis años y uno de los logros es continuar, perseverar, seguir recibiendo querellas... Incluso la semana pasada hemos recibido más.
¿Cuántas personas se han unido a la querella en Argentina para reivindicar justicia?
Hay que diferenciar: las querellas se hacen a través de los abogados, se refieren a familiares directos y son más detalladas, requieren más exigencias. De este tipo habrá unas 320. Luego está la posibilidad de denunciar cualquier hecho, sin necesidad de ser familiar, ante cualquier consulado de Argentina para que se traslade directamente al juzgado. En este caso es más difícil hacer el cálculo porque se pueden hacer en cualquier país; de hecho, algunas fueron interpuestas en el Reino Unido o en Chile. En todo caso, habrá más de un centenar de denuncias.
¿Por qué Darío Rivas, con 90 años, y no familiares de represaliados?
Muchos siguieron el ejemplo de Darío. De esas más de 300 querellas, muchísimas son impulsadas por nietos de represaliados o asesinados y, después de un recurso ante la jueza, incluso se aumentaron las facilidades para los querellantes, precisamente por ser crímenes de lesa humanidad desde los que han transcurrido mucho tiempo. No estamos hablando de un delito común y a veces se necesita mucho tiempo para que la gente se reponga de los crímenes sufridos y se decida a querellarse. Incluso hace falta que pase una generación o más para poder superar el miedo y el trauma e ir a denunciar.
¿Sigue habiendo miedo en la sociedad española?
Creo que se va superando y en eso ayudan mucho las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, todas ellas. La gente así no se siente sola. Donde sí parece que hay miedo es en la justicia española.
¿Qué es lo que falla en la justicia española, por qué esta dejadez?
Todo influye para que en la justicia se impida hacer justicia. La administración de justicia puede transformarse en la administración de la injusticia. El problema es que los obstáculos y las barreras los ha puesto la justicia española recientemente, desde 2012 con el juicio a Garzón. Antes, era el paradigma de la aplicación de la justicia universal porque los procesos contra la dictadura argentina llegaron gracias a que se comenzó aquí.
Pero aplicó la justicia universal fuera y no en su Estado...
Fue un ejemplo menos con lo propio, lo cual es terrible.
¿Ha hablado alguna vez con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía o cargos de la judicatura para pedir explicaciones?
Nunca. He hablado con gente del mundo de la justicia que está a favor de una apertura en estos casos, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo con quien insiste en mantener esta situación. Lo haría con sumo placer... Bueno, con sumo placer no sé, pero sí con mucho interés por lo menos.
¿Cómo explicaría que la justicia española comience un proceso contra Pinochet por genocidio mientras en el Estado hay más de 100.000 personas enterradas en fosas y nunca se ha juzgado ningún crimen franquista?
Aquí siempre se enarboló el asunto de la Transición, de la Ley de Amnistía... Muchos hablan de aquel período como un gran logro, algo modélico y ejemplar... No me quiero meter mucho en el tema, pero no puedo comprender cómo se puede enarbolar una ley interna de un Estado para frenar la aplicación de las normas internacionales. Más cuando hay un tratado suscrito, la Convención de Viena, en el que se dice explícitamente que una norma estatal no puede prevalecer sobre las normas internacionales. Se está haciendo una utilización del Derecho interno que bloquea la aplicación del Derecho internacional. Aquello que se dio en la Transición, por más que en aquel momento tuviera sus ventajas históricas, no se puede seguir enarbolando para frenar algo que significa un progreso del Derecho mundial.
¿Cree que el mito de la Transición perjudica el proceso contra los crímenes franquistas?
La forma en el que lo están utilizando sí que está perjudicando el proceso para que se haga justicia.
¿No hay manera de sancionar a un Estado por incumplir reiteradamente tratados internacionales, como en el caso de España?
No, no existe ninguna manera, nada que pueda imponer a un Estado algo más allá de su Derecho interno. Sí puede haber métodos indirectos y hay instrumentos internacionales que hablan de la responsabilidad internacional sobre 'hechos internacionalmente ilícitos', un aspecto en el que se ha trabajado durante años en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. A pesar de esto, no se tiene muy en cuenta pero prevé montones de sanciones que pueden aplicar los Estados para obligar a otros Estados a reparar estos 'hechos internacionalmente ilícitos'. La denegación de justicia a las víctimas del franquismo en España puede considerarse uno de esos hechos.
Y aquí aparecen la diplomacia y las complicadas relaciones internacionales...
Claro, pero en este instrumento hay previstas opciones, como que los Estados no ingresen en determinadas organizaciones internacionales. Y hay algunas en las que los países tienen mucho interés, como la Organización Mundial del Comercio, por poner sólo un ejemplo.
¿Nunca se ha optado por una iniciativa de este tipo contra un Estado?
No.
Ni se prevé...
Pues no.
¿En qué momento se encuentra el proceso judicial?
Estamos en un momento un poco delicado pero eso no significa en absoluto que se haya paralizado. La semana pasada recibí querellas y para la próxima hay prevista una declaración en un juzgado del País Vasco. Llegamos a un punto muy interesante: la jueza Servini tomó declaración a varias víctimas del franquismo aquí en España pero no pudo hacerlo con todas; dejó uno exhorto para que se les tomara declaración en varios juzgados y, a pesar de que la jueza ya no estaba, los jueces tomaron la iniciativa de llamar a declarar cuando no tenían obligación de hacerlo. Eso da mucha esperanza.
Pero dice que el momento es delicado, ¿por qué?
Sí, han declarado por lo menos 20 personas sin la presencia de la jueza Servini en varios juzgados de España, pero el pasado mes de octubre acudimos con Gerardo Iglesias para que él también declarase y el juez lo impidió. Fue un golpe bastante fuerte y más cuando averiguamos por qué. La Fiscalía General del Estado había enviado una comunicación a los fiscales para que recomendasen a los jueces no colaborar con la querella argentina, recordándoles lo que le había pasado a Garzón.
¿Supone esto un obstáculo importante en el camino de la querella argentina?
Hay una expectativa con las declaraciones anteriores que está frustrada con esta petición de la Fiscalía. Sin embargo, esta petición es de obligado cumplimiento para los fiscales pero no para los jueces, por lo que un magistrado puede hacer lo que considere aunque tenga que ajustarse a la posibilidad de apelación del fiscal. Y sabemos que hay jueces que ya han convocado a personas para declarar.
¿Hay alguna novedad respeto a las peticiones de extradición de los cargos franquistas imputados?
Ninguna. Fue denegada ya en dos ocasiones y en varias fases. Luego hay 17 imputaciones en las que directamente se negó la extradición a través de la resolución del Consejo de Ministros. Ante esto hubo una reacción en contra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que cuatro relatores criticaron la negativa, pero para España parece que no existieran ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos universales. Con respeto a los crímenes del franquismo, la actitud de la Administración española es hermética. Esto no quiere decir que no haya posibilidades e interés en presentar querellas en los juzgados españoles, que es algo que hay que hacer en la medida del posible.
¿Qué supondría un avance?
Mientras se trate de declaraciones de víctimas, la continuación del proceso está asegurada, pero el verdadero cambio será cuando se produzca la declaración de un imputado, cuando sea una declaración indagatoria. Eso permitirá a la jueza elevar el proceso a la segunda fase, a la del juicio oral.
¿Llegarán esas declaraciones de imputados?
No tengo una bola de cristal pero confío en que llegarán, en que habrá un cambio porque ya he visto un cambio de actitud con las tomas de declaración por parte de los jueces. Confío en que se vayan presentando querellas en la justicia española y se estimule la acción de los magistrados. Todos los caminos pueden ser positivos.
¿Hay un problema democrático en España?
Si nos referimos a dar voz, España tiene un problema democrático porque se está silenciando a las víctimas, como obligándolas a que no recuerden lo que pasó pero la gente sí que recuerda.
¿Cree que la sociedad española está suficientemente informada sobre la historia de la guerra civil y del régimen franquista?
Deberían estarlo más pero comienzan a estarlo, sobre todo gracias al trabajo de las asociaciones de memoria histórica. La prueba es que son muchos los jóvenes que presentan denuncias o querellas. La victimización se transmite de generación en generación, pero la culpa no. Que haya muerto el verdugo no significa que no se cometiera un crimen. El miedo es algo presente en la generación de los hijos de aquellos que sufrieron, pero no está en sus nietos y es importante que estos sepan que hubo una generación silenciada por el temor.
¿Se marca algún plazo para conseguir que el Estado dé respuesta a las demandas de la justicia argentina?
Se puede y se debe empezar a intentar que este proceso contra la represión franquista se lleve a cabo en la justicia española, pero los plazos de todo ello dependen mucho de las víctimas, de la colaboración de la justicia española... Lo más importante es no perder la fe y la esperanza, sino yo no aguantaría seis años más así, escuchando todas estas historias de sufrimiento. Es importante valorar la satisfacción de la víctima con cada cosa que se va logrando: ver el valor que le da alguna gente a únicamente poder declarar y ser escuchados por un juez es muy importante, haber conseguido una exhumación por orden judicial también es muy importante y haber sentado en el banquillo de los acusados a dos personas, aunque sólo fuese para negar la extradición, también es clave. No podemos esperar a que de pronto se haga justicia como si apareciese una milagro, sino que tenemos que valorar cada pequeño logro. Ir poco a poco, logrando lo que no se logró en 40 años.
¿El que resite gana?
Exacto. Mientras haya quien pida justicia, esto no se va a acabar.