La Fiscalía investiga si la Xunta tuvo responsabilidad en la desaparición del castro da Trinidade --o castro de Flores--, un importante yacimiento que comparten los ayuntamientos de Mondoñedo y Lourenzá y que fue destruido por los trabajos de una cantera a pesar de estar protegido desde hace más de 20 años. El fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, ha abierto diligencias penales después de la denuncia presentada por la entidad Mariña Patrimonio y por la asociación ecologista Adega, que llevan tiempo averiguando sobre un caso que señala al Servicio de Patrimonio de la Consellería de Cultura en Lugo. A pesar de las numerosas denuncias presentadas, de los importantes hallazgos arqueológicos o de los informes municipales que advierten de su amparo, la Administración autonómica no sólo obvió su deber de salvaguardar la zona y permitió el avance de la cantera, sino que intentó legalizar las presumibles actuaciones ilegales cometidas.
Así lo advierten las dos entidades denunciantes en el detallado informe presentado a la Fiscalía, y al que tuvo acceso este diario. En él se alerta de los “daños irreparables y de forma generalizada” causados sobre un bien patrimonial catalogado desde 1995 y ya antes, en 1991, incluido en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos. La colina sobre el que se sitúa el castro fue arrasado por la actividad extractiva de la cantera sin que nadie lo impidiese y a pesar de las denuncias. Consumado el destrozo, el Servicio de Patrimonio de la Xunta propone en marzo de 2016 la “exclusión” del yacimiento del preinventario a pesar de estar ya inventariado y catalogado e insiste en que se excluya del PGOM de Mondoñedo tan sólo tres meses antes de que fuese aprobado definitivamente. A pesar de los intentos, el plan urbanístico salió adelante y ratificó el Castro da Trinidade entre los bienes protegidos.
No obstante, el daño estaba hecho y tanto Adega como Mariña Patrimonio advierten de que “el hecho de no haber actuado para proteger este sitio arqueológico, junto con los informes y la solicitud de exclusión del preinventario, pudieron ser determinantes en los daños sufridos en este bien patrimonial”. Se refieren fundamentalmente al presentado en marzo de 2016 por un arqueólogo del Servicio de Patrimonio de Lugo de la Xunta, en el que habla de la desaparición del castro por “una cantera hoy abandonada”, cuando los trabajos aún se realizan hoy en día, o de la inexistencia de “indicios de ninguna estructura arqueológica visible en superficie” ni “restos arqueológicos”.
Su informe contrasta con numerosos documentos e imágenes que desmienten sus tesis. Ya en 2000, los informes de evaluación del impacto de la cantera sobre el castro documentan la existencia del yacimiento y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) autoriza la explotación de la cantera, pero excluyendo el yacimiento y su área de protección. Incluso se advierte de que los trabajos no pueden avanzar en la dirección del castro para protegerlo.
Tal y como se puede comprobar en las fotografías aéreas aportadas en el informe a la Fiscalía, el avance de los trabajos de la cantera fueron ocupando poco a poco no sólo la franja del perímetro de protección --de unos 200 metros-- sino el propio yacimiento, hasta comerlo prácticamente por completo. Así lo expresa en 2006 el arqueólogo municipal de Mondoñedo, que en su tesis doctoral advierte de que “una cantera se ha comido casi todo el terreno” de la zona norte del castro. Después de una denuncia presentada en el Ayuntamiento mindoniense, el mismo arqueólogo insiste en 2008 que el yacimiento está siendo afectado por los trabajos de la cantera. Tras una inspección, encuentra restos cerámicos, metálicos y óseos de la época castrexa entre los materiales removidos por la cantera, reclama que se suspenda la actividad y se informe a la DXPC y avisa de que la explotación “excede del ámbito territorial de la autorización”.
El Ayuntamiento le pide a la empresa que excluya de sus actividades la superficie del yacimiento y que adopte las medidas necesarias para evitar daños, además de advertir a la DXPC, que envía un arqueólogo para inspeccionar el yacimiento. El técnico asegura que el lugar está inventariado y catalogado. Es la misma persona que luego en 2016 propone que se excluya de un supuesto “preinventario”.
En 2010, el Servicio de Arqueología de Santiago también advertía sobre el castro que “el aprovechamiento minero del área de ocupación de los dos elementos indicados como cantera ocasionó prácticamente su total destrucción, sin que conste la realización de ninguna actuación arqueológica previa”. En 2016, la denuncia llega de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado por haberse invadido el perímetro de protección de los yacimientos arqueológicos, donde existe un castro celta catalogado“. Es entonces cuando la arquitecta municipal de Mondoñedo elabora un informe en el que insiste en que la cantera afecta a los terrenos donde está inventariado el yacimiento.
Tan sólo unos días después de este último informe municipal, el arqueólogo del Servicio de Patrimonio de Lugo intenta justificar la pretendida exclusión del yacimiento del Inventario de Cultura aludiendo a una ficha de 1991 para el preinventario, obviando frases claves, así como la información de los arqueólogos municipales de Mondoñedo, del PGOM del Ayuntamiento, del Servicio de Arqueología de Santiago o de los documentos elaborados para la construcción de la Autovía del Cantábrico o del gaseoducto Ribadeo-Vilalba.
El arqueólogo del Servicio de Patrimonio de Lugo incluso alude a una inspección realizada en 2008 en la que no pudo “darle una adscripción cronólógico-cultural concreta” a una cerámica encontrada en la zona. No obstante, el arqueólogo de Mondoñedo ya había remitido a la DXPC un informe en el que detalla que el material “parece adscribirse a la cultura castrexa” y en el que ya se recomienda “parar la actividad” a la espera de una resolución de la Dirección Xeral.
En esa inspección es donde se encontró una “excepcional hacha votiva de bronce”, una de las piezas arqueológicas más importantes de las que se encontraron en Galicia en ese año. “Es una pieza de sobra conocida por todo el mundo de la arqueología y, evidentemente, no pudo haberle pasado desapercibida al Servicio de Patrimonio de Lugo”, advierten Adega y Mariña Patrimonio sobre una figura que incluye un torques que “sitúa el yacimiento en una cronología y en una cultura muy concretas”.
“A día de hoy la cantera continúa destruyendo el yacimiento sin que la Xunta ni Ayuntamiento hagan nada para evitarlo”, han denunciado este martes en rueda de prensa representantes de Adega y Mariña Patrimonio, que insistieron en que la Administración gallega “tenía en su poder diferentes informes arqueológicos alertando de que la cantera estaba destruyendo el yacimiento”. Además, recuerdan que tuvieron que recurrir al Valedor do Pobo para poder acceder a la documentación relacionada con estos hechos después de solicitarla “infructuosamente” a la DXPC.
Por otra parte, fuentes conocedoras de la investigación abierta advierten de la contundencia de las pruebas e indicios y de las responsabilidades del Servicio de Patrimonio de la Consellería de Cultura en Lugo. “Personal técnico de la Xunta elaboró un informe en el que se pretendía demostrar la inexistencia del sitio arqueológico, con la finalidad de quitarle la protección que le corresponde, a pesar de que los citados arqueólogos contaban con numerosa documentación que certificaba la existencia del castro, que ya figura desde los años 90 en el Inventario y en el Catálogo de bienes patrimoniales de Galicia”, resumen las entidades denunciantes.