La Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) es una prestación económica de “subsistencia” para personas en “exclusión social o en riesgo de exclusión” que oscila entre los 399 euros mensuales –para personas solas– y algo más de 700 para perceptoras con varios menores al cargo, si bien su cuantía media más frecuente ronda los 430 euros al mes. La partida que financia esta aportación es una de las que la ley presupuestaria fija como ampliables durante el año, toda vez que su dotación depende del número de solicitudes que se traducen en ayudas concedidas a personas que cumplen los requisitos. Una nueva inyección de 4 millones de euros que la Xunta está tramitando va a provocar que por primera vez el presupuesto de la Risga supere los 60 millones de euros en un solo año, certificando así la cronificación de la pobreza en un sector de la población gallega de unas 10.000 personas a pesar de los buenos datos de crecimiento ecónomico, que ya ascienden a valores previos a la crisis.
Este martes el pleno del Parlamento gallego acogió el trámite por el procedimiento de lectura única –una vía rápida de urgencia sin lugar a enmiendas de la oposición– de la Ley de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto social, denominación que el Gobierno gallego ha elegido para encajar en los vigentes Presupuestos Generales de 2017 los 228 millones de euros procedentes del Gobierno de España con los que ya contaba, pero cuyo ingreso se retrasó por la demora en la aprobación de las cuentas estatales. Esta modificación presupuestaria trae consigo la dotación económica para medidas ya anunciadas, como el incremento del 1% en las nóminas del personal público, y también incluye 4 millones de euros –la Xunta indicó a finales de junio que serían 3– para sumar a la partida que financia la Risga.
Los problemas de previsión traducidos en escasez de fondos han venido lastrando la Risga desde hace tiempo. Esta circunstancia se tradujo este año en que, a pesar de contar con una dotación récord en los Presupuestos -57,45 millones de euros, 5 más que en 2016-, al mes siguiente de su aprobación la Consellería de Política Social ya tuviese que modificar sus propias cuentas y sumarle 600.000 euros a esta partida para poder atender 90 solicitudes nuevas. Al mes siguiente, en abril, la situación se repitió aún con más amplitud: fue necesaria una modificación presupuestaria por importe de más de 860.000 euros para hacer frente a 219 solicitudes adicionales. La aportación de 4 millones contemplada ahora en la ley urgente eleva el desequilibrio entre lo previsto en los presupuestos y las necesidades reales hasta los 5,5 millones de euros en el que va de año, lo que lleva el crédito total hasta cerca de los 63 millones de euros, case un 10% más de lo previsto.
Cuando la Xunta esbozó los contenidos de esta ley había avanzado que, en el caso de la Risga, la nueva aportación iba “a permitir ayudar a un millar de gallegos en riesgo de exclusión”. Algo más de 1.000 personas eran también las que la finales de diciembre de 2016 estaban pendientes de conocer si su solicitud de Risga iba a ser aprobada. Eran, concretamente, 1.116 (un 9% menos que un año antes), según el informe de gestión publicado por la propia Consellería, un documento que refleja que el tiempo medio de tramitación de una Risga sigue por encima de los 3 meses (106 días) y que acredita, sobre todo, que el volumen de personas que la perciben no ha dejado de aumentar tras un año en el que las solicitudes fueron 6.804, 292 más que en el año anterior.
Atendiendo al indicador más utilizado y comparable con el de años previos, el de personas beneficiarias a finales de año, la población perceptora de la Risga llegó en 2016 a las 10.761 personas, el primer dato anual superior a las 10.000 que supone un incremento del 10,8% con relación a 2015. Durante el año, no obstante, esas barrera de las 10.000 personas fue ampliamente superada, ya que teniendo en cuenta altas y bajas el número de beneficiarias superó las 15.000 y el presupuesto total, los 56,3 millones de euros, un 7% más de lo presupuestado inicialmente.
A pesar de ser uno de los indicadores que acreditan el incremento de personas en situación de pobreza o exclusión social, desde el Gobierno gallego y el PPdeG se ha insistido en los últimos años en presentar el incremento de la dotación presupuestaria de la Risga y del número de personas que la reciben como una buena noticia, muestra del “giro social” del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. Mientras, desde entidades sociales como la Rede Galega contra a Pobreza, la Oficina de Dereitos Sociaos de Coia (Vigo) o Cáritas se ha venido reclamando una reducción de requisitos burocráticos para la solicitud de la Risga para eliminar retrasos -los mismos que ahora investiga la Valedora do Pobo- y, en última instancia, su conversión en un “derecho objetivo”, en una renta básica.
Por parte del Gobierno, al tiempo, se destaca que estas inyecciones económicas van a permitir reducir la lista de espera y se recuerda que la nueva ley de inclusión facilita compatibilizar la Risga con un puesto de trabajo como vía más adecuada para la inserción laboral y el abandono de la situación de pobreza. Esta y otras compatibilidades están, no obstante, pendientes de ser formalizadas en un decreto cuya aprobación se demora ya tres años y que, según avanzó Política Social a Praza.gal, está previsto que reciba luz verde en este 2017.