El edificio del número 11 de la compostelana Rúa da Algalia de Arriba está desde este martes tapiado con bloques de hormigón. Es la solución determinada por la empresa propietaria del edificio para evitar que vuelva a ser ocupado, situación en la que se encontraba desde abril de 2014 y hasta esa misma jornada, cuando atendiendo a una orden judicial efectivos antidisturbios de la Policía Nacional acudieron a desalojarlo, aunque no había nadie en su interior. Finalizaba así la historia del que durante tres años funcionó como Centro Social Ocupado Escárnio e Maldizer y que antes, durante casi medio siglo y hasta 2011, había sido sede de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. El desalojo derivó en dos manifestaciones, la primera salpicada de cargas policiales, y el tapiado, en un expediente del Ayuntamiento santiagués a la constructora por obviar la normativa que rige este tipo de obras en el casco histórico de la capital gallega.
Los sucesos precipitados en torno al edificio han venido acompañados de una onda expansiva en forma de tormenta política en el consistorio, donde esta ocupación apenas había suscitado atención hasta esta semana ni en el actual gobierno, de Compostela Aberta, ni en el que ejercía en el momento en que se inició, del PP -la “reapertura” se produjo tres meses antes de que el actual portavoz popular, Agustín Hernández sustituyese a Ángel Currás en la alcaldía-. El alcalde, Martiño Noriega, ha manifestado su “malestar” porque “en ningún momento se comunicó” al gobierno local que se iba a producir el desalojo ni el dispositivo policial desplegado, lo que a su juicio impidió que el Ayuntamiento pudiera intermediar o buscar “otras vías para solucionar” el conflicto en un espacio que nunca había generado “problemas de convivencia”. Para el portavoz de los conservadores, el exalcalde Hernández, el regidor “incita al incumplimiento de las decisiones judiciales” y demuestra que “no respeta la propiedad privada”.
Con este telón de fondo el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para enmendar una “aberración urbanística” que, dice Noriega, no puede ser “amparada” por la “defensa de la propiedad personal”. “Le abrimos expediente a cualquier vecino que afecte mínimamente al patrimonio” y así sucede también en este caso, indica. El procedimiento iniciado, según aclaran fuentes municipales consultadas por eldiario.es, es el contemplado en el Plan Especial de la Ciudad Histórica por una “intervención no regular” en un edificio catalogado con un nivel de protección 2 en una escala de 4, el mismo de otros inmuebles nobles del entorno. Esa normativa, que data de 1997, contempla la posibilidad de expedientar a los propietarios de los inmuebles cuando transgredan los preceptos estéticos del plan, lo que en este caso, señalan las mismas fuentes, puede contemplar actuaciones como pintar y “adecentar” el muro construido, además de retranquearlo para que no invada espacio público.
La controversia política
La “rapidez” del expediente abierto por el Ayuntamiento ha sido incluída por el PP en el argumentario que, según Hernández, acredita que el gobierno local “no respeta la legalidad” ni la “seguridad y la libertad de las personas”. “Me gustaría saber si el ayuntamiento abrió expedientes también por las innumerables pancartas colocadas en este mismo edificio desde hace mucho tiempo”, dijo en rueda de prensa y también a través de las redes sociales, en las que ilustró la demanda con una imagen correspondiente al inicio de la ocupación del inmueble, tres meses antes de su propia toma de posesión como alcalde en 2014. Sus críticas llegaban poco después de proponer, sin éxito, que todos los grupos de la corporación se unieran a una declaración redactada por el PP para expresar el “máximo respeto” por el desalojo y el “reconocimiento y apoyo” a los agentes antidisturbios -la delegación gubernamental dice que 6 fueron heridos y su actuación, “proporcionada”-. Noriega, agrega, no debió “permitir” el mantenimiento de la ocupación que ya había convivido con su propio gobierno.
Esa marcha de protesta, a cuya finalización la Policía cargó en varias ocasiones y disparó bolas de goma mientras algunos participantes arrojaban vidrios y prendían fuego a tres contedores de basura, es el otro eje de la vertiente política de lo sucedido. “Santiago es una ciudad que vive con absoluta tranquilidad”, dice Noriega, por lo que cabe preguntarse “cóo se miden las actuaciones” desde la Delegación del Gobierno central. “Evidentemente, condenamos cualquier tipo de violencia y no nos gusta que exista deterioro del mobiliario urbano ni que personas a título individual y minoritario provoquen una sombra de criminalización sobre un colectivo pacífico”. Pero esto, agrega, no “vale” para que “se me acuse de alentar intelectualmente lo que ha sucedido”. Eso, concluye, también “es violencia” y “quien coloca el foco debería tener el pudor de medir lo que dice”.
Un edificio histórico
El polémico tapiado es el último episodio en la prolongada historia de este edificio, cuya construcción es datada por el Catastro en 1920 y que desde 1957 fue sede de Cantigas e Agarimos, la histórica agrupación de música y baile tradicionales que hasta 2009 era inquilina del inmueble con un régimen de renta antigua por apenas 24 euros al mes. La llegada al fin de ese modelo de alquiler se producía después de que en la recta final de la expansión económica la propietaria del edificio pasara a ser la sociedad Algalia 11, empresa participada por una de las inmobiliarias protagonistas de los años de la burbuja en la comarca compostelana.
La promotora advirtió entonces al colectivo cultural de que tenía que abandonar el edificio si bien, tras la intermediación del Ayuntamiento -entonces gobernado por PSdeG y BNG-, accedió a dos prórrogas que terminaron definitivamente en 2011, cuando un acuerdo unánime de la corporación municipal proporcionó a Cantigas un nuevo emplazamiento y el edificio de la Rúa da Algalia quedó cerrado.
Así se mantuvo hasta 2014, cuando la ocupación lo convirtió en el centro Escárnio e Maldizer. Tras la segunda manifestación de apoyo al grupo desalojado, más numerosa que la primera y sin incidentes, colectivos de la ciudad preparan ya otra movilización. Mientras, el Ayuntamiento espera que el expediente abierto a la empresa culmine en unas dos semanas y el PP, desde su dirección provincial en A Coruña, se apoya en el acontecido para lanzar una nueva ofensiva contra los gobiernos de las mareas. El lema elegido en esta ocasión es “Gobiernos Okupas”.