Nadie en la ciudad del Apóstol sabe cuánto tributará la Iglesia por los impuestos de los que estaba exenta

En la ciudad del Apóstol nadie sabe cuánto va a suponer para las arcas públicas que la Iglesia empiece a pagar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y las contribuciones especiales, de los que hasta ahora estaba exenta. Los dos tributos son recaudados por las haciendas locales, pero ni quien debe ingresar el dinero, el Ayuntamiento, ni quien deberá abonarlo, los responsables eclesiásticos, han hecho cuentas en un municipio, Santiago de Compostela, repleto de patrimonio en manos religiosas.

El cambio en parte de los privilegios fiscales de los que goza la Iglesia católica en España se deriva de un acuerdo entre el Gobierno central y la Conferencia Episcopal que se ha dado a conocer el miércoles pero que ya estaba negociado. Fuentes del Arzobispado de Santiago indicaron en respuesta a este diario que acaban de conocer la medida y todavía no han pasado de comentarla. Ese acuerdo pone fin a la exención que hacía que esta institución religiosa fuese la única que no tenía que pagar estos dos tributos, gracias a los Acuerdos de la Santa Sede. No hace mención, sin embargo, a otro impuesto que tampoco incluye a la Iglesia, el IBI, que se aplica a los bienes inmuebles.

En una ciudad simbólica dentro del catolicismo, en la que la Iglesia es propietaria de un abultado patrimonio en el que hay tanto edificios religiosos como inmuebles destinados a otros usos, la concreción económica del acuerdo tendrá que esperar. Ni el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ni el Arzobispado han aclarado tampoco, en respuesta a preguntas de este diario, si harán alguna estimación en los próximos días sobre cuánto dinero ingresará la hacienda pública. El detalle de las construcciones que están a nombre de la institución religiosa no es público. La respuesta del Gobierno municipal a una consulta reciente de esta redacción sobre cuántos de los inmuebles en estado ruinoso en el casco viejo compostelano son de la Iglesia fue evasiva: no ofreció una cifra con el argumento de que la ley de protección de datos no permite dar el nombre de los dueños.

De acuerdo con el registro del Catastro, consultado en 2021, la Diócesis de Santiago tiene 6.847 bienes en los 109 municipios que abarca. Estas propiedades son de todo tipo: la catedral compostelana, decenas de iglesias en la propia ciudad, 63 bienes de interés cultural (BIC), viviendas, locales comerciales, plazas de garaje, trasteros y hasta cultivos de eucalipto. Ocupan, sumados, más de 31 millones de metros cuadrados. Una cuarta parte, 1.677 de estos bienes, están en suelo urbano y tienen uso no religioso.

La Iglesia católica aprovechó para engordar su patrimonio con las inmatriculaciones. La Ley Hipotecaria que impulsó el Gobierno de José María Aznar permitió que la institución religiosa pusiese a su nombre multitud de bienes inmuebles. En Galicia, entre 1998 y 2015, constan 7.131. De ellos, la mayor parte (el 61,5%, un total de 4.384) son pisos, fincas, plazas de aparcamiento u otros bienes inmuebles que no tienen una relación directa con la actividad religiosa. No hay otra cifra tan alta entre las comunidades autónomas.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se aplica a cualquier intervención que requiera una licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no. Las contribuciones especiales se recaudan por el beneficio o aumento de valor de un bien por la realización de obras públicas o el establecimiento de servicios públicos.

Obras y suministros a cargo del erario público

En el caso de la Iglesia compostelana, los privilegios han venido por parte de este tratamiento fiscal excepcional y también por aportaciones directas de fondos públicos, que se han destinado a asumir rehabilitaciones de bienes con valor patrimonial y cultural, pero también a gasto corriente como los suministros o los desembolsos para la seguridad de la catedral.

Un informe municipal desvelado por este periódico sugiere que la catedral lleva medio siglo sin pagar sus facturas de la luz, cargadas a las arcas municipales. En 2021, y con el argumento del tirón turístico del Camino de Santiago en pleno año santo, la Xunta y la Fundación Catedral firmaron un convenio por el que el Gobierno gallego entregó 205.000 euros para cubrir gastos de limpieza, mantenimiento, electricidad, agua, seguros y seguridad, entre otros conceptos. Hace poco más de un mes, ya sin Xacobeo, se renovó un acuerdo por el cual el dinero público seguirá pagando los gastos en seguridad privada en la catedral.

La renovación del templo también recibió un millonario apoyo público. En 2015 el Estado aprobó una partida de 16,6 millones de euros para la obra, a los que la Xunta sumó otros casi 400.000 euros. En 2020, el Gobierno gallego hizo una aportación adicional de 770.000 euros, que entonces el conselleiro de Cultura defendió como necesaria para que los trabajos se pudiesen culminar. En total, casi 18 millones de euros públicos. No fue la única ayuda externa que tuvo la Iglesia en la rehabilitación de la catedral de Santiago. La del Pórtico de la Gloria fue financiada por la Fundación Barrié. En la actualidad este es uno de los elementos por los que el templo cobra la visita -12 euros por la entrada general, que incluye también el museo-.

La opaca gestión de la catedral

A la estupefacción que en el verano de 2011 provocó la noticia de que había sido robado de la catedral de Santiago el Códice Calixtino, un valioso libro del siglo XII, solo la superó la que generaron las conclusiones de la investigación posterior: estaba en el garaje del autor del robo, el electricista de la catedral, que también había sustraído ingentes cantidades de dinero en efectivo. Que las cuentas no cuadraban había sido detectado por los responsables del templo, pero no lo habían denunciado. En casa de Manuel Fernández Castiñeiras, que terminó siendo condenado a 10 años de prisión por los robos, se encontraron dos millones de euros en metálico.

El juicio del caso arrojó luz sobre una administración opaca en la que reinaba el descontrol económico. Un excontable, contratado en 2002 para informatizar el proceso, explicó ante el juez que nada más llegar quiso saber el estado de las cuentas para empezar a trabajar, pero no pudo porque esta información no se conocía y sobre el asunto había “silencio” en el templo. En el primer control ya se dio cuenta de que de la catedral salía dinero sin que constase cómo, pero el administrador insistió en atribuirlo a un error y rechazó la idea de comprobar con mayor frecuencia cuántos fondos había. Según el excontable, en una década pasaron por la caja de la catedral unos 20 millones de euros y cada año faltaba en torno al 10%.