Una de las consecuencias más inesperadas de las discusiones que atraviesan el movimiento feminista actual es el Partido Popular enarbolando su bandera. Lo hizo el presidente de la Xunta de Galicia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles, 8 de marzo, al afear a la oposición “dar lecciones” en la materia y citar los desacuerdos en el Gobierno de coalición sobre la ley del sí es sí o el escándalo de Tito Berni. Le dieron igual los pactos de su partido con la extrema derecha y los protocolos antiabortistas sobre los que el mismo Alfonso Rueda se ha mostrado ambiguo. Se lo recordó el BNG por boca de Ana Pontón: “Llevan ustedes décadas votando contra los avances en los derechos de las mujeres, y años de ganchete con la ultraderecha”.
Rueda no se apartó demasiado de su guion habitual en la Cámara gallega, adaptado a las circunstancias. El argumentario del partido a nivel estatal como núcleo principal de unas intervenciones que, en teoría, responden a preguntas de nacionalistas y Partido Socialista. “Vaya papelón el suyo después de lo que pasó ayer [en el Congreso]”, no tardó en atizarle a la portavoz socialista Begoña Rodríguez Rumbo -tomó la palabra en lugar de Luis Álvarez- y enseguida se lanzó a proclamar que “las agresiones sexuales salen ahora más baratas” y a mencionar al exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes, cabecilla de una presunta trama corrupta. “No nos van a decir ustedes cuál es el camino de la igualdad”, añadió.
Lo que se dejó atrás el presidente gallego fue matizar, negar o admitir los datos que había esgrimido Rodríguez Rumbo. La brecha salarial en Galicia entre mujeres y hombres es del 19% -5.000 euros anuales-; la tasa de actividad, un 6,7% menor en las mujeres; la de ocupación, un 6,9%; y el desempleo, un 1,7% más. Son 115.000 las que trabajan a tiempo parcial, frente a 35.000 hombres. Y de las excedencias activas en 2021, el 88% las solicitaron ellas. Rueda no entró en la cuestión, y se limitó a otro de sus clásicos demonios, el bipartito progresista que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. “Invertía 55 millones en políticas de igualdad y conciliación. Nosotros, 202 millones”, dijo, obviando la inflación acumulada. No faltó un anuncio: la próxima reunión de su gabinete, este jueves, aprobará “un plan” para seguir creando juzgados de violencia machista.
La ley fantasma de Feijóo hace un año
También su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, usó la misma táctica hace exactamente un año. Entonces era una “ley de igualdad que situará a la comunidad en la vanguardia contra la discriminación de género”. No se volvió a saber de ella, como afirmó la diputada socialista. Ana Pontón, líder del BNG, se internó por vías próximas y acusó al gobierno gallego de estar “en punto muerto”. “Las mujeres soportan más precariedad, más temporalidad y más pobreza”, sostuvo, “y esta crece entre las mujeres mientras baja entre los hombres”. Habló del “fracaso total en conciliación” y tildó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de “mayor empresa de trabajo temporal de Galicia”, cuya política laboral provoca que parte significativa del personal de enfermería firma innúmeros contratos cada año, cada mes, cada semana.
A este panorama, Rueda contrapuso las ocasiones en que el BNG ha votado en contra de iniciativas de la Xunta o del PP que, a su ver, implicaban avances en igualdad: la ley de administración pública, la de avance demográfico o la gratuidad en las escuelas infantiles. Y lo remachó con un regreso al argumentario: “Con lo que sí están de acuerdo es con que a los delincuentes sexuales les salga más barato delinquir”. Pontón no lo dejó pasar, y aseguró que a su formación le “repugna que salgan a la calle violadores antes de tiempo” pero que se opondrá a “volver al código penal de la Manada”. Antes se había referido a los acuerdos de los populares con Vox y a que el propio presidente gallego había “bendecido el protocolo que cuestiona el derecho de las a decidir sobre su propio cuerpo”, en referencia al aborto.
Rueda ni se inmutó. Recurrió a su socorrido “usted tergiversa los datos” -no quedó claro cómo-, dijo que Galicia era la tercera comunidad española “en que más ha crecido el salario femenino” y cerró, de nuevo, con el sí es sí: “Apoyan leyes que suponen que haya delincuentes sexuales amenazando a sus víctimas”.