El Parlamento amenaza con denunciar a AGE por divulgar los papeles de las cajas

Este jueves Alternativa Galega de Esquerda resolvía divulgar parte de la documentación declarada secreta (sólo con los votos del PP) en la comisión de investigación de las cajas de ahorros. Para el grupo encabezado por Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz el órgano parlamentario se había convertido en un “pitorreo” y, toda vez que a su juicio el propio presidente de la Xunta quebró el secreto en la pasada sesión de control, decidieron hacer públicos algunos de los documentos que centran el debate, como la supuesta auditoría encargada por la Xunta a KPMG que, una vez publicada, es posible saber que ni fue tal auditoría ni avaló la fusión de Caixa Galicia con Caixanova. Apenas veinticuatro horas después de iniciarse las revelaciones -Alternativa no descarta realizar más- la Presidencia del Parlamento amaga con denunciar a AGE.

A través de un comunicado remitido a los medios la institución dirigida por Pilar Rojo señala que, “a la vista de algunas actuaciones llevadas a cabo por diputados” en “relación con la documentación reservada”, el Parlamento “quiere dejar constancia” de que “la información de naturaleza reservada” fue “tratada conforme a los procedimientos previstos en el Reglamento del Parlamento de Galicia”. “El deber jurídico de confidencialidad previsto en el Código Penitenciario -continúa el comunicado- afecta a todo aquel que manejara esa documentación antes, durante y después de su paso por el Parlamento”. Así, afirma, “fue comunicado a cada diputado y así consta en la sala que alberga la documentación”.

Por todo esto, la Presidencia se apoya en el artículo 103.4 del Reglamento de la Cámara, en el que se estipula que si un diputado es sancionado por una causa “que pueda ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia le dará cuenta al órgano judicial competente”. Así, señala, la Mesa “valorará” la posibilidad de “remitir” a los tribunales la actuación de AGE. La amenaza va exactamente en la misma línea de lo expresado por Alberto Núñez Feijóo el propio jueves que, a preguntas de la prensa, aseguraba que el grupo de Beiras podía estar metiéndose “en un grave problema” y ya señalaba que los servicios jurídicos parlamentarios “tendrán que dilucidar en que responsabilidades pueden incurrir”.

Con independencia de la decisión que pueda tomar la autoridad parlamentaria esta parece que no afectaría por igual a todos los documentos divulgados. Así, como informó Praza Pública, en el caso del informe de KPMG la empresa asesora contratada por la Xunta ya advirtió en su momento de que su trabajo fue elaborado para “información exclusiva” del Gobierno gallego y no debía ser “citado o transferido” sin el consentimiento de la propia empresa. En caso de que se produjera alguna filtración, señalaban, “no aceptaremos responsabilidad alguna con respecto a cualquier otro tercero que pudiera tener acceso al informe”. De esto cabe deducir, por lo tanto, que si KPMG apostara por buscar responsabilidades lo haría únicamente en el propio gabinete de Feijóo. Mientras, desde AGE Beiras se mostraba tranquilo. Si el Gobierno o el Parlamento van a la Justicia “les saldrá el tiro por la culata”, augura.

“Que la fusión era viable lo dijo la Xunta, no lo inventé yo”

El informe encargado por la Xunta a la empresa KPMG fue el detonante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. El Gobierno gallego la presentó cómo una “auditoría” a pesar de no ser tal y aseguró que “avalaba” la unión de las cajas gallegas, a pesar de no hacerlo. Las filtraciones a la prensa están permitiendo conocer estos datos sobre el documento, toda vez que la Xunta lo remitió al Parlamento pero con la calificación de secreto. Parece que es también ahora cuando lo conocen íntegramente los ex directivos de las cajas. Esto es, al menos, lo que cabe deducir de las declaraciones de quien fue director general adjunto de Caixa Galicia y de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, que este jueves pasó por la comisión de investigación que indaga lo acontecido con las malogradas entidades gallegas.

García de Paredes, que fue uno de los negociadores de la fusión y también uno de los perceptores de las millonarias indemnizaciones ahora investigadas por la Justicia, les explicó a los diputados y diputadas que “el informe de KPMG” fue el gran argumento del gabinete de Alberto Núñez Feijóo para “no permitir otra alianza que no fuera entre las cajas gallegas” y “la autorización de la Xunta era necesaria”. En ese punto “que KPMG dice que la fusión es viable lo dijo la Xunta, no lo inventé yo”, ilustra.

Pero, ¿conocían los directivos el “diagnóstico acelerado de viabilidad de la fusión”?, preguntaron los parlamentarios. En aquel momento “no tenemos conocimiento del informe” porque, argumentó el Gobierno gallego, “estaba hecho con informaciones confidenciales” y, dado que no se había iniciado negociación alguna, “no se podía conocer la información de la otra entidad”. “Por lo tanto, no se tenía conocimiento” de lo que KPMG decía al respeto. Sólo lo que comunicaba la Xunta, esto es, que la operación era “viable”.

La fusión gallega no era, ni de lejos, la única vía explorada por la entidad de aquella gobernada por José Luis Méndez. En un clima de “noticias y rumores” sobre posibles “uniones de cajas de distintos territorios”, García de Paredes animó a sus superiores a encargar “estudios confidenciales que permitieran analizar la viabilidad” de fusionarse con Caixanova. Pero, al tiempo, “en una reunión con el Banco de España se comunica que se establezcan contactos con Caja Madrid y la Caja de Ahorros del Mediterráneo para la realización de un SIP”, esto es, una de las conocidas como fusiones frías.

Aquella operación con las cajas madrileña y valenciana, ambas integradas ahora en Bankia, no quedó en una mera especulación. La consultora Analistas Financieros Internacionales realizó un informe al respeto y se entablaron negociaciones en las que García de Paredes participó. “Eso fue así, yo participé de esas negociaciones”, subraya, al dar cuenta de unas conversaciones que desembocaron “en un documento que se presenta al Banco de España a principios de diciembre de 2009”. La presentación “coincide con el anuncio de la Xunta de que le va a encargar una auditoría a KPMG para el análisis de si es viable o no la fusión de las cajas”, señala. Acto seguido, “la Xunta se pronuncia de manera inequívoca a favor de la fusión e insta a las entidades a que la realicen en tal sentido” con un plan de integración que, recuerda, fue “aprobado expresamente por el FROB y el Banco de España”.