La operación Pokémon apunta ahora directamente a José Luis Baltar, ex líder del PP de Ourense y presidente de la Diputación provincial hasta febrero de 2012, cuando la dejó en manos de su hijo, José Manuel. La jueza Pilar de Lara cree que el PP de Ourense “se podría haber financiado ilícitamente” desde 2003 y hasta la actualidad “a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia”. Es la declaración y la documentación aportada por el ex gerente de la formación en la provincia, Emilio Pascual, la que ha llevado a la magistrada a abrir una investigación que no sólo salpica a Baltar padre, sino también a su hijo, así como al vicepresidente del Parlamento y hombre fuerte del baltarismo Miguel Santalices.
Tras el testimonio de este gerente, que trabajó durante 17 años en el PP ourensano, la jueza De Lara considera que la presunta financiación irregular se realizó “utilizando, al menos, que se sepa, dos empresas: la empresa publicitaria Planos y el canal televisivo local Telemiño, del grupo La Región, que tuvo como presidente y consejero delegado al actual director general de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, desde febrero de 2007 hasta diciembre de 2008. ”En esta operación -agrega el mismo auto- colaborarían empresas“ investigadas en la propia trama, como las filiales de Véndex PAU y Sermasa o Aquagest ”las cuales abonarían, presuntamente, gastos del Partido Popular“.
En este contexto, la jueza les reclama a Planos y Telemiño las facturas emitidas “desde 2003 y hasta la actualidad” a nombre del PP, de Santalices y del actual presidente del PP y de la Diputación provincial, Baltar hijo. En el caso de Planos, además, tendrá que informar de la facturación con Inversiones Couto, Financiera y Comunicaciones Coruñesa, PAU, Leidove, Setex-Aparisa, Extraco, Creto y Promociones Gama. Telemiño tiene que dar cuenta, además de estas, de las facturas a nombre del dirigente del PP ourensano Amadino Rivera y del empresario Antonio Alén.
Basándose en el testimonio de Pascual la magistrada entiende que Baltar era “el encargado de recoger personalmente” el dinero de empresas que aportaban dinero a la formación popular “teóricamente, en concepto de donativo”. Los pagos, dice, “se efectuarían en el despacho del entonces presidente de la Diputación Provincial” y posteriormente “se albergarían en la caja fuerte existente al efecto en la sede del PP ourensano, estableciendo así un sistema imposible de controlar por procedimiento legal alguno”. Al incumplir la normativa, continúa la jueza, los pagos no constan en la contabilidad oficial del PP, “lo que impide conocer el destino de tales sumas de dinero”. Pascual, señala la jueza, “no descarta que parte del dinero hubiese ido a parar a los bolsillos” del autodenominado “cacique bueno”.
La instructora de la Pokémon explica que, “según especifica el testigo” y según la documentación que este le ha facilitado, era José Luis Baltar quien pagaba con este dinero a Telemiño o a la empresa Planos, las cuales, a su vez, “facturaban a otras empresas gastos ocasionados por el PP”. Ese dinero, “generalmente billetes de 100 y 500 euros”, también sirvió para “realizar pagos sin la existencia de facturas”, según versión de Pascual. El importe de las supuestas donaciones “pudo rondar los 200.000 euros” en un solo año. Este relato, dice De Lara, “avalaría la hipótesis de Vigilancia Aduanera” sobre “los pagos realizados por la empresa Véndex al señor Baltar el 20 de mayo de 2011”, en la apodada como ruta del bacalao“.
Baltar hijo sólo responde por su gestión
En este contexto, el hijo de Baltar Pumar y actual presidente de la Diputación de Ourense ha emitido una nota para volver a desentenderse de la gestión de su padre al frente del partido en la provincia y para aclarar que él tan solo “responde” por la que se hace desde enero de 2010, cuando sustituyóa su padre en un polémico y sospechoso congreso que ya le ha valido al patriarca una condena judicial. Además, aclara que una de las primeras medidas que tomó al llegar a la dirección del partido fue prescindir del gerente por “falta de confianza” y el “pésimo concepto” que tenía de su labor. Además, se defiende asegurando que las donaciones al PP “son tramitadas legalmente”.
Las sospechas se basan también en declaraciones de Emilio Pascual, que en otro juicio asegur que el PP de Ourense no había pagado la organización de un congreso provincial. En este proceso Pascual hablaba de más de 70.000 euros facturados la una empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado como uno de los líderes de la trama Gürtel.