Meirás: la punta del iceberg del macroexpolio del que se lucran los Franco

El anuncio de que la Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses las visitas al Pazo de Meirás y la confirmación por parte de la entidad de que empleará esta “excelente oportunidad” para hacer apología de la dictadura y de la “grandeza” del dirigente fascista han devuelto el inmueble y su historia a la actualidad.

La institución franquista no sólo presume del legado del militar golpista, sino que dibuja un relato que habla de la construcción como una “generosa donación” del pueblo gallego, obviando las numerosas investigaciones que acreditan las presiones, los descuentos en las nóminas de funcionarios públicos, las amenazas o las patrullas supervisadas por la Falange que acudían a las casas a solicitar aquellas supuestas “suscripciones voluntarias” en plena represión.

El expolio no se limitó al dinero de la población. Terrenos, casas, importante patrimonio artístico o edificios históricos fueron usurpados por parte de la familia Franco, que se lucró y se sigue lucrando de todas esas propiedades gracias a una élite burguesa clave para aquel “macroexpolio”.

Todos estas operaciones, los métodos para llevarlas a cabo y la connivencia de buena parte del alta sociedad de A Coruña y alrededores son explicados por Carlos Babío y el historiador Manuel Pérez Lourenzo en una investigación que verá la luz en un libro a finales de este año.

El caso más evidente de ese “macroexpolio” son los alrededor de 80.000 metros cuadrados en los que los Franco ampliaron sus propiedades fuera de los muros del Pazo y en la propia parroquia de Meirás. Decenas de terrenos y fincas que siguen revelando su origen. “Hace poco he descubierto uno del que no había constancia y que también fue inscrito a nombre del dictador”, explica Babío. En otras zonas del Ayuntamiento de la Sada también se hicieron con múltiples propiedades. O en el de Oleiros, otro municipio del área coruñesa donde la familia del militar golpista extendió sus propiedades.

Todo eso fuera de los muros que rodean el Pazo, pero también dentro. De hecho, Carlos Babío empezó las pesquisas al descubrir que una de las casas que quedaba dentro de la ahora propiedad privada de los Franco le había sido sustraída a su abuela. Su familia fue una de tantas labradoras obligada a ceder sus propiedades para ampliar el regalo al dictador en plena guerra civil y brutal represión. Y así docenas de ellas.

Al tiempo, en plena posguerra, las administraciones públicas del régimen franquista gastaban dinero sin reparo en obras de las ya propiedades de Franco con la inestimable ayuda de diferentes ayuntamientos. Hay muchos ejemplos, algunos bien ilustrativos. Uno de los terrenos expoliados a los vecinos anexo al Pazo servía de cuartel para las tropas, donde había un importante problema para la evacuación de las aguas fecales. En 1951 se construye una fosa séptica bacteriana y el dictador descubre que los restos eran un importante fertilizante para el maíz plantado en las fincas colindantes. Una inversión pública de 50.000 pesetas hizo el resto y se construyó una red de saneamiento entre el cuartel y el Pazo para abonar los jardines. En 1974, según la investigación, se invirtieron en el ahora Bien de Interés Cultural (BIC) 2,8 millones de pesetas. En 1975, 3,5 millones.

El gasto y el afán lucrativo de los Franco no tenían límite. Su patrimonio aumentaba poco a poco. El método para hacerse con más y más terrenos era siempre el mismo. La familia negociaba con los vecinos a través de la denominada Casa Civil, organismo creado en 1938, dependiente directamente del general fascista y que gestionaba todas las actividades que se derivasen de su función como jefe de Estado. Acordaba un precio -o imponía- para pasar luego los terrenos a propiedad de la familia, pero siempre inscritos a nombre del propio dictador.

Durante los años 80 y principios de los 90, la familia Franco vendió la mayoría de los terrenos obteniendo elevados beneficios. Fincas compradas a través de la Administración acabaron siendo aprovechadas para lucro de sus progenitores. En su poder, no obstante, continúan algunas propiedades que no pudieron vender “al no ser urbanísticamente apetecibles y estar protegidas”, como destaca Babío.

Con el resto ganaron, “muchas veces con recalificaciones por medio de las que sacaron también importantes beneficios”. El ya citado acuartelamiento de tropas, construido con fondos públicos en una parcela robada y puesta a nombre del dictador, “fue clave luego en un pelotazo urbanístico”. “No se le puede sacar más rendimiento a un robo”, insiste quien considera imposible determinar cuál fue el valor de todas esas ventas y cuántas se llevaron a cabo.

Incluso surgieron empresas de la mano del expolio. Pazo de Meirás Productos de la Huerta explotaba fincas expropiadas, producía leche, lúpulo o madera. El Ministerio de Agricultura le facilitaba semillas e incluso las crías de los animales. Los investigadores poseen documentos en los que la Casa Civil de Franco agradecía a organismos públicos sus aportaciones, e incluso algún recibo de 180 pesetas por seis docenas de huevos producidos en aquellos terrenos.

En todas estas operaciones durante la dictadura, la familia del dictador se valía de la ayuda de las élites franquistas de A Coruña y alrededores. “Era una trama de favores, de favores mutuos a cuenta del erario público; se lucraron y aún se lucran las élites. Es la historia de la corrupción política de un régimen, pero va muchísimo más allá de ese inmueble y de sus terrenos; fue un macroexpolio, la gran vergüenza del Estado aún sin resolver”, añade el investigador, que aclara que “el Pazo de Meirás sirvió como oportunidad de negocio para la burguesía”.

También para que Franco cumpliera con sus caprichos, como la Casa Cornide, en el casco viejo de la ciudad de A Coruña. Fue adquirida por Pedro Barrié de la Maza en una subasta en 1962 a la que sólo habían asistido él y el jefe del Movimiento y pagando menos de 45.000 pesetas. Luego, acabó en manos del dictador gracias a la intervención del conde de Fenosa, uno de las figuras de la época que formaron parte de la denominada Junta Pro Pazo -grupo encargado de expropiar el Pazo de Meirás y recaudar fondos para sus obras-, junto a José María Marchessi, Joaquín Barcia, José Casteleiro Varela o el alcalde Alfonso Molina.

Mucho antes, el dictador quiso una casa frente al mar y en zona playera. “En 1939 llega a Meirás con varias intenciones”, dice Babío. Además de vigilar y controlar todo lo que se hacía en la que sería su residencia de verano, “hace un recorrido por diferentes playas de la costa para escoger una, hasta que se decide por la de Bastiagueiro”, arenal de Oleiros. “Allí ordena que se le compre una propiedad para construir una casa”, añade el que había sido concejal en Sada. Le adquieren un terreno y construye una residencia, todo pagado “con fondos públicos”.

A la muerte del dictador, su familia vende también esta propiedad en una de las mejores zonas del Ayuntamiento de Galicia con mayor renta per cápita. Negocio redondo.

“Un expolio de muchos expolios”

Pero el propio Pazo de Meirás es, como dice Babío, “un expolio de muchos expolios”. Dentro de la propiedad hay piezas arqueológicas de importante valor, cruceiros, fuentes, balaustres o escudos traídos de otros pazos gallegos.

Así, por ejemplo, el Pazo de Bendaña, en Dodro, fue desmantelado para instalar en la residencia de verano de los Franco elementos como grabados, figuras de la capilla y las propias piedras. Incluso la biblioteca desapareció. Además, de los pazos de Ximode o Hermida también se retiraron diferentes objetos que acabaron en Sada y como propiedad de los Franco.

La mayoría de todas estas piezas eran regalos de diferentes ayuntamientos y otras administraciones o adquisiciones de la mujer del dictador, Carmen Polo, conocida en la ciudad de A Coruña por entrar en las joyerías y acceder a todo cuanto capricho tenía sin reparo alguno. Entre los regalos para Meirás, fuentes de granito de los siglos XVII y XVIII, una réplica del relieve de la plaza de las Bárbaras en A Coruña o un cruceiro que representaba el Santo dos Croques y que fue usurpado del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.

Del mismo Pórtico se sustrajeron también dos figuras del siglo XII, de entre 1,80 y 1,70 metros, obras del Maestro Mateo. Aunque no se conoce cómo llegaron a las manos de los Franco, se sabe que en 1947 fueron compradas por el Ayuntamiento de Santiago al conde de Ximonde. El gobierno local pagó 60.000 pesetas en una operación en la que se estipulaba que, de acabar las esculturas fuera de Compostela, el vendedor recibiría 400.000 pesetas. Durante un tiempo formaron parte de la decoración del Pazo de Meirás y, según las últimas noticias, se encuentran ahora en la Casa Cornide.

La Diputación de A Coruña, a través de su vicepresidenta Goretti Sanmartín, reclamó hace casi un año que las figuras pasasen a “dominio público” y recordó que son propiedad de la familia Franco a pesar de que “no existe documento alguno que acredite propiedad, por compra o cesión”. Pero, como tantas otras cosas, los Franco siguen disfrutando de ellas.

Consecuencias más allá de Meirás

Las consecuencias de la cadena de favores, corruptelas y expolios de lo público tienen consecuencia en conflictos actuales. La relación entre los terrenos de la Solana y el Hotel Finisterre en A Coruña, que la Autoridad Portuaria de A Coruña insisten en poner a la venta para financiar el puerto exterior ante la movilización ciudadana para su reversión a terrenos públicos, y aquella época es evidente.

Armando Casteleiro Varela fue el impulsor de la construcción del complejo de la Solana en la que era la antigua playa del Parrote. Recibe la autorización de las administraciones en 1941 y abre sus puertas poco más de un año después. El empresario y nadador es hermano de José Casteleiro Varela, miembro del colectivo que peleó por la expropiación de terrenos y la adquisición del Pazo en Meirás y, ambos, reconocidos militantes fascistas en la represión.

Luego, Casteleiro decidió construir un hotel y formó una sociedad en la que entró el empresario Aurelio Ruenes, el arquitecto Santiago Rey Pedreira y la división industrial del Banco Pastor, banco que comandaba Pedro Barrié de la Maza, designado procurador en Cortes por Franco desde 1946, y que acabaría por ser accionista mayoritario de la sociedad que gestionaba el hotel y la Solana.