Adif contrató a dedo por 14.900 euros, impuestos no incluidos, al despacho de abogados Hogan Lovells para “asesorar” a los comparecientes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el accidente del tren Alvia en Santiago del 24 de julio de 2013. En ese bufete trabaja el abogado que viene asistiendo al cargo de Adif imputado por el siniestro, el exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte, que juez instructor y fiscal proponen juzgar como responsable en igual grado que el maquinista del tren, Francisco José Garzón, de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones por el descarrilamiento. Durante la comisión, las víctimas del siniestro lamentaron que varios de los comparecientes no fuesen capaces de contestar a diversas preguntas argumentando desconocimiento u olvido. La empresa pública dice que ese “asesoramiento” fue voluntario y demandado por técnicos que afrontaban con incertidumbre su comparecencia en el Congreso mientras había una causa penal abierta.
Según refleja Adif tanto en su web como en la plataforma de contratación del Estado, el pasado 19 de julio la empresa pública dependiente de Fomento adjudicó un contrato menor -que por su cuantía puede entregar 'a dedo' a la firma que desee sin convocar un concurso público- a Hogan Lovells con el objeto “servicios de asesoramiento a los comparecientes ante la comisión del Congreso de los Diputados en relación con el accidente de Angrois en la línea de alta velocidad”. No hubo ofertas de más empresas y le fue adjudicado el contrato por un período de tres meses y un importe de 14.900 euros sin impuestos (18.029 euros con ellos).
Tras varios años rechazando tanto PP como PSOE la creación de esa comisión de investigación política, reclamada por la plataforma de víctimas, el cambio de opinión de los socialistas permitió ponerla en marcha durante la pasada legislatura, abriendo las comparecencias el 10 de julio del pasado año los afectados por el siniestro. Las comparecencias se pararon durante el verano y se retomaron en septiembre con diversos técnicos, varios de los cuales no fueron capaces de responder a las preguntas que se les formularon argumentando desconocimiento u olvido.
Desde Adif se señala que el contrato para el “asesoramiento” a los comparecientes en el Congreso fue una decisiones del anterior equipo popular que, junto con los servicios jurídicos internos, valoró la posibilidad de convocar un concurso público abierto pero que optó finalmente por encargarlo a Hogan Lovells por conocer ya toda la amplia documentación y el proceso judicial del accidente. El contrato fue adjudicado tres semanas después de que el 28 de junio el Gobierno socialista designase nueva presidenta de Adif a Isabel Pardo de Vera en sustitución de su antecesor con los populares, Juan Bravo. Pardo de Vera no tomó posesión del cargo hasta el 26 de julio, una semana más tarde de la adjudicación, que consideró adecuado mantener.
El bufete elegido para asesorar a los comparecientes en el Congreso, Hogan Lovells, tiene entre sus abogados al letrado que viene asistiendo tanto en la causa judicial como también en su propia comparecencia en la Cámara baja al cargo de Adif imputado por el accidente, Andrés Cortabitarte. Preguntada Adif por la posibilidad de que el asesoramiento al resto de comparecientes pudiese estar mediatizado o influenciado por los intereses particulares del imputado, la empresa pública señala que, más allá de defender a su imputado, “Hogan Lovells es el despacho de Allianz, la aseguradora que lleva la responsabilidad civil de Adif” y, como tal, quien debe hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas en caso de que Cortabitarte sea condenado -si el condenado es el maquinista, sería el seguro de Renfe el que pague y, si son los dos, a medias-. Hogan Lovells también fue el bufete que se encargó de asistir a los miembros del consejo de administración de Adif que fueron inicialmente investigados pero cuyas imputaciones fueron archivadas. “Conocen al dedillo los detalles del caso”, justifica Adif.
Tras el accidente del Metro de Valencia de 2006, con varias similitudes con el de Angrois, la Generalitat fue acusada de “adoctrinar” a los comparecientes en la investigación de aquel siniestro a través de una consultora externa. En este caso Adif niega ningún tipo de adoctrinamiento o presión y destaca que el asesoramiento a los comparecientes fue “voluntario”, que no todos lo emplearon, que unos recurrieron a él y otros al de los servicios jurídicos de la propia empresa pública y que todos los comparecientes siguen en los mismos puestos que antes y ninguno ha sufrido ninguna represalia tras sus declaraciones.
Adif no considera adecuado facilitar las identidades de los comparecientes que sí recurrieron al “asesoramiento” del bufete externo y destaca que eran técnicos que se veían por primera vez en la situación de tener que comparecer en una comisión de investigación en el Congreso. “Tenían incertidumbre y temor por estar la causa judicial aún abierta”, dicen desde la empresa pública, que indica que se les explicó “cómo era el funcionamiento” de la comisión, que tenían que “decir la verdad” y qué cosas “estaban obligados y no a decir”. “Hogan Lovells hizo un informe sobre toda la documentación que ya se había entregado al juzgado y al Congreso para que supieran qué había”, añade Adif sobre ese “asesoramiento” a los comparecientes.
Las comparecencias en la comisión de investigación finalizaron el pasado 11 de febrero con los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, en el cargo respectivamente cuando se diseñó la seguridad de la curva de Angrois y cuando ocurrió el accidente, pero la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes impidió que se llegase a emitir el dictamen político sobre el siniestro.
En el ámbito judicial, en diciembre el juez dio por finalizada la instrucción proponiendo juzgar tanto al maquinista del Alvia como al director de Seguridad en la Circulación de Adif. El primero se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois sin que hubiera activo ningún sistema que evitase o paliase su previsible error humano, defectos de los que considera responsable al segundo. El fiscal apoyó la propuesta del juez y el caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial de A Coruña, que debe resolver diversos recursos presentados tanto por los acusados para que se archive la causa contra ellos como por las víctimas para que se extienda a más cargos de Adif y Renfe.
Durante la instrucción, tanto Adif como Renfe ocultaron o demoraron la entrega de diversa documentación al juzgado instructor en varias ocasiones. Una instrucción que puso el foco en la posible responsabilidad de Adif después de que Agencia Ferroviaria Europea emitiese un duro informe sobre la actuación de las autoridades ferroviarias españolas, que actualmente tienen abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.