Cuando en mayo la Audiencia Provincial de A Coruña reabrió la investigación del accidente del tren Alvia del 24 de julio de 2013 que instructor y fiscal querían cerrar con el maquinista cómo único acusado por los 80 muertos y 144 heridos, el tribunal ordenó que se investigase “si existió y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo” en el AVE Ourense-Santiago “que tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva donde se produjo el accidente”, en el barrio compostelano de Angrois. Este martes los peritos que suscitaron esa duda de la Audiencia ratificaron ante el juez instructor que el riesgo existente en la curva era intolerable y que Adif ni lo evaluó “concretamente” ni analizó de manera “integral” todos los riesgos de la línea, como preguntaba el tribunal. La abogada del Estado que defiende a Adif intentó transmitir con sus preguntas que ninguna norma obligaba a hacerlo
Este martes quienes declararon en el juzgado durante cerca de seis horas fueron Frans Heijnen, apoyado por James Catmur, expertos ferroviarios designados por la aseguradora de Renfe, la multinacional QBE, interesada en que Adif comparta responsabilidades con el maquinista; y Enrique Castillo Ron, catedrático de la Universidad de Cantabria experto en cálculo de riesgos. Todos ratificaron ante el juez que Adif no realizó un análisis integral del riesgo de la línea sino sólo de algunos de sus elementos, entre los que no se encuentra la curva de Angrois ni el riesgo de un exceso de velocidad justo allí, en el punto más peligroso. Uno de ellos, Heijnen, había llegado a cuantificar la posibilidad de un accidente catastrófico cada año y, de hecho, el siniestro se produjo un año y un mes después de que Adif autorizara que los Alvia circulasen por allí sin llevar activo el control constante de la velocidad ERTMS, propio del AVE. Este martes los expertos coincidieron en que tampoco se analizó el riesgo de un error humano, como el que cometió el maquinista, que, despistado después de recibir una llamada del interventor, no frenó a tiempo antes de la curva y descarriló sin que existiera ningún sistema de seguridad que lo evitase o paliase tras la desconexión del ERTMS. Según la documentación existente en la causa, Adif y Renfe “exportaron” al conductor el riesgo de un posible exceso de velocidad.
Según insistió este martes al final de la comparecencia el abogado del maquinista, Manuel Prieto, “es obligatorio un análisis integral de riesgos” que analizase también “el riesgo del factor humano, y no se hizo”. Para este letrado, “los que dirigen la seguridad en la circulación en Adif” deben ser llamados a declarar en la causa -el director de ese área, Andrés Cortabitarte, se negó a hacerlo cuando estuvo imputado-. Por su parte, y según indican varias fuentes presentes en la sala, la abogada del Estado que defiende a Adif intentó evidenciar con sus preguntas que nada obligaba a realizar esos análisis de riesgos específicos
Las declaraciones de este martes fueron exigidas por la Audiencia al instructor cuando reabrió la causa en mayo. Este, por su parte, también encargó a otros tres peritos, los tres designados por el juzgado al inicio de la instrucción, que le elaboren “un solo informe consensuado” sobre si el riesgo existente en Angrois fue correctamente analizado por Adif. De esos tres peritos judiciales a los que insta a entenderse, uno, César Mariñas, fue elegido por sorteo de entre los mejores profesionales ofrecidos por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y ya concluyó que Adif no analizó el riesgo de Angrois como exigía la normativa.
Los otros dos peritos judiciales son funcionarios autonómicos impuestos por la Xunta. Uno de ellos, José Manuel Lamela, ingeniero de Industriales, se centró en su área de conocimiento y sólo analizó el tren, sin entrar en consideraciones sobre la seguridad de la línea. El otro, un ingeniero de Caminos, Juan Carlos Carballeira, que en su peritaje plagió diversos párrafos de la investigación oficial de Fomento, admitió en su momento que Adif no había analizado en concreto la posibilidad de un exceso de velocidad en la curva, pero dejó en el aire si era obligatorio, y consideró “razonable” el riesgo existente en Angrois. Este perito, admitiendo así su desconocimiento sobre la cuestión, optó por encargar un estudio sobre las probabilidades de accidente al citado catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo, uno de los que declaró este martes. A la espera de lo que pueda decidir el juez instructor tras las declaraciones de este martes, los tres peritos judiciales deben entregar su informe “consensuado” antes de diciembre.