“De no haber reducido previamente la velocidad nada se podrá hacer ya”. En esos términos, describiendo el accidente que acabaría ocurriendo el 24 de julio de 2013, escribió a sus superiores en diciembre de 2011, un año y siete meses antes, un jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, alertando del riesgo que existía en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, de que se produjese un exceso de velocidad por despiste. Su aviso por escrito llegó a por lo menos diez técnicos intermedios de Renfe, pero alguno ni lo leyó. Esa advertencia previa acaba de ser puesta de relieve nuevamente en la instrucción del caso por parte precisamente del máximo responsable de la seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, quien en su declaración como imputado en el juzgado ha atribuído a subordinados suyos la responsabilidad de no tramitar esa “anomalía” por las vías reglamentarias.
La línea de AVE Ourense-Santiago fue inaugurada por el entonces ministro de Fomento ya en funciones, el socialista José Blanco, el 10 de diciembre de 2011. A los pocos días, ya con la popular Ana Pastor al frente del ministerio, Mazaira, jefe de maquinistas de Ourense, advirtió por escrito a sus superiores de que la línea de AVE permite velocidades de 300 kilómetros por hora hasta justo la curva de Angrois, en la que los trenes no pueden superar los 80, sin que existiese ningún sistema de seguridad que frenase de manera automática si por error no lo hacía el maquinista. La única señal, sólo visual y no automática, que existía estaba situada al inicio de la propia curva “pero de poco vale puesto que de no haber reducido previamente la velocidad nada se podrá hacer ya”, decía Mazaira sobre un posible despiste de un maquinista como el que tendría el del Alvia siniestrado, Francisco José Garzón, imputado en la causa judicial.
En su escrito de advertencia, Mazaira sugería “la posibilidad de solicitar la implantación en la vía de señales de limitación permanente a 80Km/h. que podrían facilitar el cumplimiento de las velocidades máximas”. Esas señales, con balizas que frenan de manera automática el tren si supera esa velocidad, sólo se implantaron en el tramo previo a la curva de Angrois días después del siniestro.
La advertencia por escrito de Mazaira llegó a por lo menos diez técnicos intermedios de Renfe, alguno de los cuales ni la leyó, según constató posteriormente documentación interna de Renfe. El resultado final fue que Renfe no avisó a Adif, que era la responsable de mejorar la señalización de la vía, y un año y medio después acabó ocurriendo el accidente que había predicho Mazaira.
Cuando a comienzos de 2014 varios de aquellos técnicos de Renfe pasaron a declarar por el juzgado, ofrecieron versiones contradictorias y nunca quedó claro hasta dónde llegó el aviso dentro de la estructura jerárquica de la operadora ferroviaria. Este martes el director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, que ya estaba en el cargo durante el Gobierno del PSOE y sigue en la actualidad con el PP, recordó por iniciativa propia ante el juez aquella advertencia. Según dijo, él no llegó a ser conocedor de ella, porque de lo contrario habría avisado a Adif para que mejorase la señalización. Lanchares apuntó al superior inmediato de Mazaira, José Luis Rodríguez Vilariño, como responsable, junto con el primero, de no transmitirla por la vía adecuada para que fuese analizada correctamente. Fue una declaración en la que Lanchares también desvió responsabilidades diciendo que Adif tampoco lo había advertido de ningún riesgo expreso en la línea Ourense-Santiago.
En su momento, cuando el primer juez instructor del caso imputó a la cúpula directiva de Adif, la Audiencia Provincial de A Coruña la desimputó argumentando, entre otras cuestiones, que el accidente era imprevisible y que nunca nadie había alertado del riesgo de la curva de Angrois. Sin embargo, tras aparecer la advertencia de Mazaira sobre ese riesgo, la causa cambió de instructor y tanto el nuevo juez como la Audiencia dejaron de darle importancia a esa cuestión y no siguieron indagando en ella.
Una alerta la de Mazaira que, por otra parte, trascendió a comienzos de 2014 gracias a indagaciones del abogado del maquinista imputado y que Renfe ocultó al juzgado durante mes y medio. Según admitió en su momento la empresa pública, su cúpula directiva no supo de la existencia de ese aviso previo de Mazaira hasta el 2 de diciembre de 2013, cuatro meses después del accidente. Sin embargo, no se lo comunicó al juez hasta que un mes y medio después, a mediados de enero de 2014, el abogado del maquinista logró una copia y reveló su existencia. Fue entonces cuando Renfe trasladó el escrito de Mazaira al juez y argumentó que en ese tiempo había estado realizando una investigación interna. Esa demora por parte de la empresa pública fue vista por las víctimas como una prueba más de la falta de colaboración del Gobierno con la justicia para que se aclaren las responsabilidades del siniestro.