Eduardo Tamayo, protagonista del golpe parlamentario que frustró la presidencia de Rafael Simancas (PSOE) en la Comunidad de Madrid y abrió la era Esperanza Aguirre, ha vuelto a reaparecer envuelto en una trama de extorsión a empresarios en Galicia en la que aparece en la nómina de imputados junto al que fuera secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard. La Guardia Civil ha bautizado a la operación, 'Domine Cabra', en referencia a uno de los personajes de El Buscón de Quevedo, una de las primeras novelas del género picaresco, cuya escritura se data entre los años 1603 y 1608.
Los investigadores han puesto a Tamayo y Bernard a disposición del juzgado número 8 de Vigo, encargado de la investigación, bajo la acusación de haber participado en el intento de extorsión a un empresario de Vigo, dedicado al sector pesquero. Las investigaciones arrancaron el pasado mes de noviembre tras denunciar el empresario que estaba recibiendo amenazas por negarse a pagar una deuda a Tamayo que él declaraba como inexistente. Según el denunciante, las amenazas surgieron cuando varios juzgados archivaron las demandas presentadas desde Madrid intentando reclamar esa deuda que, según asegura Tamayo a eldiario.es, se generó por gestiones empresariales con el Gobierno de Guinea Ecuatorial realizadas por el exdiputado socialista. A partir de entonces empezaron a llegar las amenazas a través de terceras personas advirtiéndole de los serios riesgos que correría su reputación profesional si no cumplía con el pago de 400.000 euros.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, las primeras informaciones las adelantó La Voz de Galicia, concluyeron con la identificación de los mediadores para exigir el pago: dos personas afincadas en Madrid, uno relacionado con el ámbito sindical y el otro, con el mundo de la comunicación. Ambos han sido notificados penalmente como imputados por un presunto delito de extorsión.
En total se investiga a seis personas, entre las que se encuentran Eduardo Tamayo y Miguel Bernard. Tamayo pasó a la historia por su espantada durante la frustrada investidura de Rafael Simancas (PSOE) a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras las elecciones de 2003. La abstención de este diputado socialista y la de su compañera María Teresa Sáez abrió la era de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
En cuanto a Miguel Bernard, su imputación por esta supuesta extorsión se suma a los problemas que acarrea con la Justicia por prácticas similares. En 2016 fue detenido por la Policía, acusado de extorsiones impulsadas desde Manos Limpias consistentes en exigir dinero a cambio de retirar querellas previamente interpuestas desde el pseudo sindicato. Ingresó en prisión preventiva ese mismo año por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A principios de año arrancó el juicio en el que la fiscalía pedía la pena de 24 años de cárcel para Miguel Bernard. Ahora, su nombre reaparece junto al de Eduardo Tamayo en una causa que impulsa un juzgado de Vigo.