También el Ayuntamiento de Sada presentará recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que abría la puerta a indeminizar a la familia Franco por perder el Pazo de Meirás. Se suma así al Gobierno central y a la Xunta de Galicia, que ya han anunciado su intención de hacerlo después de rectificar su posición inicial, contraria a recurrir. Pero Sada, el municipio donde se encuentra el inmueble que fue del dictador, había avisado desde el inicio: su alcalde Benito Portela había defendido que no hacerlo era “blanquear prácticas franquistas”.
El consistorio es uno de los integrantes de la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado y que el pasado noviembre desembocó en una decisión judicial histórica: un juzgado coruñés obligó a los Franco a reintegrarlo al patrimonio público. Estos no se conformaron y recurrieron la decisión. La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la primera sentencia “en lo esencial”, según Abogacía del Estado, pero concedió a la familia del dictador la posibilidad de recibir una indemnización por no considerar probada su “mala fe”.
“La representación procesal del Concello de Sada [...] considera que la sentencia de la Audiencia no se ajusta a derecho respecto de la condición posesoria de buena fe que atribuye a los nietos del dictador y con efectos en 1975”, dice en un comunicado, “é xuridicamente errónea”. Según su argumentación, Franco era conocedor de la “nulidad radical” de la escritura del pazo en 1941. Y esta la mala fe que la sostiene pasó a los herederos, ya que “eran estos y no el Estado quienes debían haber probado su ignorancia del vicio radical de su título posesorio”.
Tras algunos titubeos, finalmente todas las partes actuantes en la denuncia -Gobierno del Estado, Xunta, Deputación da Coruña y ayuntamientos de Sada y A Coruña- han encontrado una posición común, el recurso ante el Tribunal Supremo.