Un muerto, condena laboral, daño ambiental y años de demora en un tramo del AVE gallego investigado en el caso Púnica
Un manuscrito incautado en el despacho del exconsejero de la constructora OHL Javier López Madrid en el marco del caso Púnica vincula esa investigación con el caso de la caja b de dinero negro del PP derivada de los papeles de Bárcenas, según reveló este martes la Cadena SER. El papel, localizado según la emisora entre otros documentos del empresario de principios de 2012, tiene como encabezamiento “Carlos Contreras VIMAC”, en referencia a una de las empresas de la familia Contreras, que según los papeles de Bárcenas donó dinero negro al PP, y en él se señala que “quieren hueco en el AVE a Galicia” y que el entonces secretario de Estado de Fomento, Rafael Catalá, estaría interesado en que así fuese. En la primavera de 2012 Vimac se adjudicó, junto a otras dos empresas, la construcción de la plataforma derecha del tramo Prado-Porto en lo que supuso el contrato más caro de la construcción del AVE gallego, por 123 millones de euros.
El tramo Prado-Porto es paradigmático de las numerosas irregularidades existentes en la construcción de la línea de AVE entre Galicia y Madrid en sus tramos más complejos, atravesando las montañas del macizo central ourensano. En ese tramo en cuestión murió un trabajador, una de las empresas socias de Vimac fue condenada por varias contrataciones fraudulentas, se registraron daños ambientales a los ríos de la zona y las obras acumularon años de demora.
En el centenar de kilómetros en que la línea de AVE atraviesa las montañas de Ourense y del oeste de Zamora sus dos vías se dividen en dos plataformas paralelas que Adif fue contratando por separado. La plataforma derecha entre Prado y Porto, de 9,1 kilómetros entre los municipios de Laza y Vilar de Barrio, fue licitada en noviembre de 2011 por el Gobierno entonces del PSOE por 171 millones y adjudicada el 30 de marzo de 2012 ya con el PP por 123 millones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Prado Porto conformada por la filial de ACS Vías y Construcciones (67,5%), Torrescamara y Cía de Obras (22,5%) y Vimac (10%). Esos 123 millones supusieron la adjudicación más cara de la veintena de contratos en que se dividió la construcción de las plataformas paralelas del AVE a su paso por las montañas de Ourense y Zamora. Por su parte, la plataforma paralela para la vía izquierda, con algo menos de longitud, fue adjudicada a finales de 2012 a otra UTE formada por Dragados y Tecsa, las dos también filiales de ACS, por 78 millones. Las dos plataformas de ese tramo incluyen sendos túneles de 7,6 kilómetros de longitud, los segundos más largos de toda la línea.
En esas dos plataformas paralelas del tramo Prado-Porto hace dos años ocho sentencias similares del Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenaron a una de las socias de Vimac, Vías y Construcciones, por varias contrataciones fraudulentas de trabajadores a los que despidió como si fuesen temporales pero que el juzgado consideró indefinidos. Las sentencias relatan cómo Vías y Construcciones, filial de ACS, aprovechó que ella misma era adjudicataria de la vía derecha y que fue subcontratada para varios trabajos por las adjudicatarias de la vía izquierda (Dragados y Tecsa, las dos también del grupo ACS) para destinar a sus obreros a una y otra plataforma del tramo “indistinta y simultáneamente en función de las circunstancias”. “Todas esas irregularidades”, dicen las sentencias, que las considera “graves”, “suponen que la contratación temporal efectuada deba considerarse fraudulenta, pues las conductas descritas determinan que la empresa utilizó los servicios del trabajador como si de un trabajador fijo de plantilla se tratara”.
En ese tramo de dos túneles paralelos entre Prado y Porto trabajaba para la misma Vías y Construcciones un ingeniero de 37 años que el 2 de abril de 2013 murió al ser atropellado por un camión. Su muerte es una de las que está investigando un juzgado de Verín (Ourense) que a principios de este año abrió una causa penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores tras una denuncia del sindicato CIG por la elevada siniestralidad de las obras del AVE gallego. Solo en esa zona entre Ourense y Zamora van ya seis muertos desde 2013, a los que hay que añadir otros tres en años previos en otras zonas de Galicia.
Además de los accidentes laborales, las obras del AVE están teniendo efectos sobre el medio ambiente. Según reveló este diario, las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y del Duero vienen detectando reiterados daños y vertidos a los ríos de la zona que se están saldando con sanciones de reducido importe en comparación con los millones de euros de los contratos implicados. En el caso de la UTE Prado-Porto en la que participa Vimac, el 30 de abril de 2013 la Confederación del Miño-Sil le abrió un expediente por “vertido de aguas residuales” de un pequeño túnel del tramo sin permiso a un riachuelo que se saldó un año después con una multa de 240,40 euros. Similares multas recibieron otras empresas participantes en la construcción de una u otra plataforma de ese mismo tramo Prado-Puerto.
Por otra parte, a pesar de que esa plataforma derecha del tramo Prado-Porto fue adjudicada a Vías, Torrescamara y Vimac en primavera de 2012 por un plazo de ejecución de 34 meses, unos tres años, las obras han durado el doble.
