Más de cuatro años después de que el descarrilamiento del tren Alvia en el lugar compostelano de Angrois provocara la muerte de 80 personas y heridas a otras 144, las víctimas del siniestro acaban de lograr una de sus principales demandas: la apertura de una investigación política sobre el accidente. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la petición conjunta de PSOE y En Marea para, en presencia de una delegación de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, crear una comisión a la que solo se ha opuesto el PP.
El anunciado cambio de criterio del Grupo Socialista ha desequilibrado la balanza a favor del “sí” donde antes había habido un bloqueo sistemático a las reclamaciones de las personas afectadas por el siniestro. “Sentimos el retraso, pero caminaremos juntos”, ha dicho a las víctimas desde la tribuna en nombre del PSOE la diputada gallega Pilar Cancela. “Hemos llegado aquí por vuestro tesón, por vuestra lucha; el mérito es todo vuestro”, admitió tras explicar que la “nueva posición política” de su partido tiene su origen en “novedades que no podemos obviar”, tanto las procedentes de la investigación judicial del caso como de la Agencia Ferroviaria Europea.
“Existen indicios de una actuación deficiente en la evaluación de riesgos” en la curva de A Grandeira, reconoce Cancela. La falta de independencia en la investigación técnica oficial, el modo en que los riesgos fueron “exportados” al maquinista o el papel del imputado ex-jefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, son factores que a su juicio hacen “necesario poner en marcha” esta comisión.
“Agradecemos que, después de tres intentos, se haya sumado el Grupo Socialista”, replicó Alexandra Fernández por parte de En Marea. La comisión que ahora sale adelante, dice, ha sido una demanda “persistente” de las víctimas que en el ámbito político ha padecido “una carrera de obstáculos y vetos”. “Tuvieron que llegar a instancias europeas porque aquí siempre se encontraron con un bloqueo”, pero también con un silencio “escandaloso” del Gobierno de España ante la evidencia de que la investigación oficial no había sido independiente, tal y como constataron la Audiencia Provincial de A Coruña y la UE.
La “falta de evaluación de riesgos”, el aviso no atendido del jefe de maquinistas de Ourense, la “desconexión del sistema de seguridad porque generaba retrasos” son a juicio de Fernández motivos de sobra que sustentan la apertura de esta investigación. “¿Cómo pueden decir que no?”, ha cuestionado a los populares. “Si se niegan, a quien deberían investigar es a ustedes para saber por qué tratan de ocultar la verdad”, concluyó.
Con la aprobación de la iniciativa ya garantizada -grupos como Ciudadanos y PNV también intervinieron para hacer explícito el apoyo- accedió a la tribuna el diputado ourensano Celso Delgado para representar al PP. “No vamos a apoyar esta solicitud porque está en instrucción un procedimiento judicial”, avanzó, antes de justificar que el proceso de los tribunales ya ha sido complementado con una “intensa” actividad en materia de análisis de riesgos de la red ferroviaria en general.
El grupo conservador, defiende Delgado, dice “no” para “preservar la independencia del poder judicial”; “la sentencia fijará hechos y causas y será el momento en el que plantear si procede una investigación parlamentaria”. Desde el “lamento” por el “cambio de posición” del PSOE, el grupo que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy augura una contaminación “partidaria” que, dicen, no va a ayudar a “saber la verdad”, que es lo que el PP “quiere”. Pero ahora los 135 “no” del PP no han sido suficientes y desde lo alto del hemiciclo, en esta ocasión, la plataforma de víctimas ha podido aplaudir que su demanda ha sido atendida.