La creatividad legislativa demostrada por Alberto Núñez Feijóo en medio de la pandemia está a punto de acarrearle al político gallego su primer gran fracaso parlamentario a pesar de contar con una amplia mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia. El Consejo de Estado recomienda al Gobierno que recurra ante el Constitucional una parte fundamental de la ley que el PP aprobó a finales de febrero para regular la pandemia con normas propias en Galicia: la que otorga a las autoridades autonómicas las capacidades de aislar ciudadanos en sus domicilios, hospitalizarlos obligatoriamente, someterlos a tratamientos y medidas profilácticas, incluida la vacunación.
Durante el debate parlamentario que desembocó en la aprobación de la Lei Galega de Saúde, la oposición advirtió a Feijóo de que no podía crear cuerpo legislativo limitante para los derechos fundamentales desde el ámbito autonómico. También le dijo que la puerta abierta a la vacunación obligatoria era un error. El jefe del Gobierno gallego desoyó las advertencias y aplicó su rodillo parlamentario sobre la nueva regulación. Ahora el Consejo de Estado ha analizado esa ley a petición del Gobierno y, por unanimidad, ha concluido que el apartado 5 de la misma merece ser recurrido por vulnerar la Constitución.
El Gobierno busca la vía para el recurso ante el Constitucional y la petición de un informe es el primer paso, obligado por la ley. El dictamen está en manos del equipo de Pedro Sánchez desde el pasado 22 de marzo y su conclusión principal es que existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir la parte de la ley gallega en la que abre la puerta a vacunar a la fuerza y multar con hasta 60.000 euros a quien se niegue. El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional tiene como consecuencia la suspensión inmediata y cautelar de los preceptos recurridos.
Para minimizar la derrota, el barón gallego del Partido Popular quiere ahora iniciar una negociación con el Gobierno central y llegar a un acuerdo que frene el recurso gubernamental. La ley lo permite y supondría que el PP gallego modifique su propia ley para adaptarla a la receta dictada desde Moncloa. En caso de que Feijóo lo haga antes de los próximos dos meses, el equipo de Pedro Sánchez podría desistir en sus intenciones ante el Constitucional.
El Partido Popular de Galicia lleva meses diciendo que su ley pretende “proteger mejor la salud y hacerlo con garantías para que los administrados no se vean sujetos a decisiones arbitrarias”. La posibilidad de que el gobierno obligue a la población a vacunarse, bajo la amenaza de sanciones de entre 1.000 y 60.000 euros, es uno de los apartados más llamativos, redactado a propósito de la inmunización contra el COVID.
Además, la norma permite al Servizo Galego de Saúde (Sergas), en función de la situación epidemiológica, restringir la circulación y movimiento de personas, las entradas o salidas a una zona, o el número de asistentes a una reunión. Incluye también la prohibición del botellón, al denegar “el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública” y regula la intervención sanitaria de residencias privadas de mayores, una medida que la Xunta ha aplicado durante los últimos meses a aquellos centros con elevado número de contagios de coronavirus. El régimen sancionador queda delegado en el ámbito municipal, encargado de la imposición de multas de entre 1.000 euros de una infracción leve y los 600.000 de una muy grave.
Copy paste de otras leyes
El dictamen que el Consejo de Estado ya ha enviado al Gobierno es muy duro con la norma redactada por la Xunta, incluso con las partes cuyo recurso ante el Constitucional no se recomienda. Al margen del apartado recurrido (el cinco, de un texto con articulado único) para el resto de la norma se concluye que no aporta nada nuevo porque su literatura ya existía en leyes precedentes. Dicho en otras palabras, lo que el Consejo de Estado no recurre de la ley de Feijóo son preceptos que ya existen en otras leyes de carácter estatal, casi todos copiados de la Ley 14/1986 redactada por el ministro Ernest Lluch durante el gobierno de Felipe González.
Según fuentes del órgano consultivo, la mayor parte de la ley gallega se apoya en medidas idénticas a las establecidas en aquel texto de los 80. Algo que no ha frenado a Feijóo para decir que él estaba creando seguridad jurídica frente a la pandemia mientras Moncloa no hacía nada.
El próximo Consejo de Ministros estudiará el informe elaborado por el Consejo de Estado y la posibilidad de apretar el botón rojo que suspenderá parte de la norma aprobada por Feijóo de manera unilateral.
A todo lo anterior hay que sumar que Vox también ha anunciado su intención de acudir al Constitucional contra la ley gallega. En el caso de la formación de extrema derecha, su derecho de acudir al TC no viene acompañado de la posibilidad de veto inmediato para suspender la norma a la espera de sentencia. Sea como fuere, el movimiento político estrella de Feijóo durante la pandemia se encuentra, a día de hoy, en el alambre.