Son cada vez más las voces que reclaman al Estado que recurra la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña que confirma la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás pero obliga a indemnizar a la familia de Francisco Franco que lo ocupó 82 años. Frente a los argumentos jurídicos que llevan a la Abogacía del Estado a no contestar ese segundo fallo, se alzan colectivos y representantes de la memoria histórica, la cultura o la enseñanza que claman por dar la batalla en los tribunales para no abonar a los herederos del dictador los gastos que desembolsaron para conservar y mantener la propiedad enclavada en Sada (A Coruña) desde la muerte del caudillo en 1975.
Instituciones como la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada, ambas adheridas a la demanda judicial del Estado, estudian la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Consideran que hay argumentos jurídicos para esta acción que, sin embargo, descarta la Abogacía del Estado, por considerar que la sentencia confirma la de primera instancia sobre lo esencial de su demanda, como es la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás. Sus llaves fueron entregadas al Estado el pasado 10 de diciembre 2020.
La reunión este miércoles de la Xunta Pro Devolución Pazo de Meirás, que reúne instituciones, entidades y expertos que se movilizaron por la recuperación del insigne inmueble, tiene por objetivo decidir si contestar o no un fallo que levantó muchas ampollas. “Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democrático” se titula el manifiesto que promueven a través de las redes sociales dos de los investigadores claves del proceso de devolución y autores del libro ‘Un pazo, un caudillo, un expolio’ (Fundación Sempre Galiza), Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo. Unas 250 personas de la esfera de la literatura, las artes plásticas y escénicas, el periodismo o el sindicalismo, además del BNG y varios de sus parlamentarios, rubricaron ese texto que considera inmoral indemnizar a los Franco y clama “por impedir que se perpetúe el relato franquista”.
El manifiesto critica partes del fallo que contribuye, en su opinión, a “blanquear” la dictadura y las artimañas del caudillo para amasar una fortuna a su nombre de la que disfrutan ahora sus siete nietos. Y reclaman al Gobierno central que presente un recurso “en defensa de los intereses públicos y de los valores democráticos que nos deben representar como sociedad, y como deuda histórica a las víctimas del franquismo”.
La sentencia de la Audiencia de A Coruña, emitida el pasado 12 de febrero, confirma la de primera instancia del Juzgado número uno y ratifica que es el Estado el legítimo propietario de las denominadas Torres de Meirás, entregadas en plena Guerra Civil al general golpista. Pero revoca la parte del fallo que declara a los herederos del dictador poseedores de mala fe y obliga a indemnizarlos por los gastos “necesarios y útiles” durante los 45 años, tras la muerte de Franco, que ocuparon el singular castillo. Los magistrados de la Audiencia recuerdan que el Código Civil establece que cualquier poseedor sea de buena o mala fe tiene derecho a ser resarcido de esos gastos. La factura se anuncia millonaria, según los Franco que ya han confirmado su intención de presentar un recurso de casación ante el Supremo con el fin de intentar recuperar el pazo.
“Por mucho que nos duela pagarle la indemnización correspondiente a los Franco por esos gastos, es imprescindible que las legítimas valoraciones políticas de la sentencia e incluso la viabilidad de una eventual casación ejercida por la Abogacía del Estado se construyan a partir del respeto, todo lo crítico que se quiera, al criterio jurídico de la Audiencia”, defiende, por su parte, Carlos Amoedo, catedrático de Derecho de Administrativo de la Universidad da Coruña. En un artículo publicado en Praza Pública, sale en defensa de la decisión de la Abogacía del Estado, que tacha de prudente, y de la Audiencia de A Coruña, que “merece un reconocimiento público”, mientras llama a no dejarse llevar por las consideraciones que nada tienen que ver con el ámbito jurídico. “Deberíamos ser los primeros interesados en recuperar el Pazo de Meirás para lo público conforme a la Ley”, arguye el que fue secretario de la Consellería de Cultura en el Gobierno bipartito de la Xunta.