En 2003 la empresa Campo Lombao S. L., una de las varias patas del entonces grupo empresarial familiar de quien fue alcalde de Ortigueira (A Coruña) por el PP entre 1999 y 2007, Antonio Campo Fernández, ganó un contrato con la Xunta para suministrar piedra a la Ciudad de la Cultura, el macrocomplejo cultural impulsado por Manuel Fraga en Santiago. Lo hizo con una cuarcita obtenida de una cantera de Muras (Lugo) explotada por otra empresa de la misma familia que, segundo certificó la justicia, operaba sin licencia municipal y afectando a espacios protegidos de la Red Natura 2000. El Consello de Contas, órgano fiscalizador equivalente en Galicia al Tribunal de Cuentas estatal, criticó diversas irregularidades de aquel contrato, de 6 millones de euros, que primero se encareció y que luego la empresa dejó de cumplir, según la Xunta, que pasó a traer la piedra que faltaba desde Brasil. El de aquella empresa fue uno más de los numerosos encarecimientos de un complejo que iba a costar 110 millones y que pese a estar inacabado ya ha consumido más de 300. Según avanzó Economía Digital, el pasado 23 de febrero el Boletín Oficial del Registro Mercantil dio cuenta de la entrada en concurso voluntario de Campo Lombao S.L.
El Consello de Contas hizo en su momento un relato crítico del contrato con el que la Xunta obtuvo la piedra para la construcción de la Ciudad de la Cultura. “La licitación del suministro tan sólo se publicó en diarios de tirada nacional y autonómica, omiténdose la necesaria publicidad del Diario Oficial de las Comunidades Europeas por razón de su cuantía y en el resto de los diarios oficiales”, comenzó censurando el órgano fiscalizador, que relata cómo “al concurso tan sólo se presentan dos ofertas, resultando una inadmitida” y añadiendo que “la adjudicación se efectúa a favor de la UTE Campo-Ipisa formada por las siguientes participaciones: Campo Lombao S.L, Europizarras S.A. [también participada por la familia Campo] e Iberoitaliana de Pizarras S.A., actuando como representante de la UTE Pablo Campo Fernández”.
Según Contas, el contrato por cerca de 6 millones de euros del que se benefició la empresa ahora en concurso “posteriormente sufre modificaciones puntuales en los precios de determinadas partidas de losas que incrementa en un 10% el precio ofertado”. El órgano fiscalizador añade que “aunque el pliego de prescripciones técnicas del contrato establecía un riguroso protocolo de entrega de las losas, la realidad posterior pondrá de manifiesto que, como consecuencia de incidencias en la cadencia de producción y suministro, se produjeron importantes retrasos que afectaron al cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras”.
Aquellos retrasos llevaron a la Xunta, gobernada ya a partir de 2005 por el bipartito PSdeG-BNG, a cancelar el contrato y encargar a las empresas constructoras del complejo que fueran ellas mismas las que consiguieran una piedra similar, que acabó llegando de Brasil. Pero antes de que eso sucediese Campo Lombao S.L. obtuvo su piedra de una cantera en Muras (Lugo) explotada por otra empresa del mismo grupo, Piedra Natural de Muras S.L., de la que Antonio Campo también fue uno de sus administradores. Según los hechos probados que se recogen en una sentencia emitida en abril de 2013 por la Audiencia Provincial de Lugo, “la actividad extractiva no contaba con licencia municipal de actividad” e “incumplió las disposiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental para su desarrollo, no cumpliendo con los límites de la explotación establecidos, no instalando las adecuadas bolsas de decantación para la caída de aguas, no construyendo las adecuadas escombreras previstas para la caída de materiales, no creando, asimismo, un adecuado cierre perimetral para delimitar la cantera de su entorno en las zonas señaladas por la Declaración de Impacto Ambiental, y no constando tampoco que se llevaran a cabo las actividades dirigidas a la recuperación del entorno”.
Como consecuencia de esos incumplimientos, dice la sentencia, la cantera afectó a “más de una hectárea” del espacio natural protegido de la Sierra de O Xistral. Una “invasión” que según el tribunal “produjo un daño ecológico y paisajístico, con afectación en hábitats de la zona”. A pesar de estos “hechos probados”, en el juicio no se pudo certificar que esos daños fueran “graves”, requisito para que pudiesen ser considerados delito. El tribunal absolvió así los tres acusados responsables directos de la explotación, uno de ellos familiar de Antonio Campo.
Tras estos hechos las empresas del grupo experimentaron diversos cambios de titularidad y ahora la que había sido adjudicataria del suministro de la piedra de la Ciudad de la Cultura acaba de solicitar el concurso voluntario. El propio Campo Fernández también dejó la alcaldía de Ortigueira en octubre de 2007, días antes de que se crease en el Parlamento de Galicia una comisión de investigación sobre el complejo cultural que, con el respaldo de PSdeG y BNG y el rechazo del PP, concluyó que en su gestación y construcción se habían cometido numerosas irregularidades.