La gestión de las autoridades españolas en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela vuelve a quedar en evidencia ante Europa. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha intervenido este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los “incumplimientos de la normativa” europea de seguridad ferroviaria que, a su juicio, provocó el siniestro en el que en julio de 2013 fallecieron 80 personas en la compostelana curva de Angrois, pero para también para exigir una investigación “independiente” de lo sucedido. “Confiamos en el Parlamento Europeo para obtener la verdad”, proclamaron. Y la Eurocámara ha atendido su demanda hasta donde llegan sus competencias: instará formalmente a la Comisión Europea, el 'gobierno' de la UE, a impulsar la investigación independiente que España no desarrolló.
Tras escuchar a las víctimas, representadas por Jesús Dóminguez y Teresa Gómez-Limón, y las intervenciones de los grupos parlamentarios la presidenta de la Comisión de Peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström, ha dicho ver claro lo que la propia Agencia Ferroviaria Europea, también representada en la sesión, constató en un informe hecho público el pasado verano: “El deber de investigar el accidente no se cumplió de manera adecuada” y por eso el Parlamento debe pedirle a la Comisión Europea que realice una “investigación independiente” y lo haga lo más “rápido” posible. El ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker, añade Wikström, tiene el “deber” de “tomarse este tema en serio” y “volver” a la Eurocámara “con una investigación independiente”.
El acuerdo -que la Comisión Europea tiene ahora la facultad de cumplir o no- satisface en lo esencial lo reclamado por la plataforma. “Como ciudadanos europeos -señaló Jesús Domínguez ante los eurodiputados- hemos sido víctimas de un gravísimo accidente por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del Estado español. Se vulneraron los derechos a la vida y a la seguridad” y por eso “necesitamos a Europa para que se abra una verdadera investigación” y refrende, dice, que el Gobierno de España “no evaluó” los riesgos cuando modificó el proyecto de la línea Ourense-Santiago ni cuando en la curva de Angrois se “desconectó el sistema de seguridad” de frenado automático “porque generaba retrasos”. Ni siquiera “cuando el jefe de maquinistas de Ourense envió a sus superiores un correo advirtiendo del peligro de la curva”, escrito que la plataforma mostró a los presentes.
“Si se hubiese cumplido la normativa europea el accidente no habría ocurrido”, reitera la Plataforma, que por medio de Gómez-Limón denuncia además un ejercicio de “publicidad engañosa” por parte de Fomento que, afirma, también transgrede la normativa comunitaria. Al anunciar la línea como alta velocidad sin tener los sistemas de seguridad adecuados el Gobierno español “nos llevó a la convicción de que era una línea segura y a tomar la decisión de viajar”. Fue, resume, “publicidad engañosa por parte del Estado con el resultado de una catástrofe que no se puede repetir”.
Las víctimas, acompañadas en Bruselas por la portavoz del BNG en las instituciones comunitarias, la futura eurodiputada Ana Miranda, han recibido apoyo a sus demandas por parte de todos los grupos políticos presentes con la única excepción del PP. Así, desde el grupo confederal de la izquierda tanto Lidia Senra (AGEe) como Marina Albiol y Ángela Vallina han exigido la apertura de una nueva investigación y han reprochado la actitud del Gobierno de Rajoy. Lo mismo ha sucedido sucedió en las intervenciones de Tatjana Ždanoka, por los Verdes-HALE, de Beatriz Becerra (ex-UPyD) y del socialista Sergio Gutiérrez, quien ha instado a las autoridades a aportar “toda la información” que solicitan las víctimas, además de reclamar “agilidad” en la investigación judicial reabierta por orden de la Audiencia de A Coruña-.
Al proceso judicial en marcha es, precisamente, a lo que se ha ferrado la eurodiputada del PP Rosa Estarás para evitar apoyar las demandas de la plataforma. “El poder judicial es independiente en España y nos darán luz sobre este tema”, ha proclamado, antes de considerar que “aquí hay una contradicción entre lo que dicen los informes” de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Fomento y “lo que dice el informe europeo”. “La CIAF dice que es independiente y el informe europeo, que no lo es”, señala, obviando que esta comisión fue reformada después de una amenaza de sanción europea precisamente por falta de independencia y tras elaborar el informe sobre Angrois, en el que consideraron el maquinista cómo único responsable del acontecido.
No en vano, el representante de la Comisión Europea en la sesión de este martes ha vuelto a advertir de la posibilidad de una sanción a España si la independencia de la CIAF no queda “reflejada adecuadamente”. En el mismo sentido, el director de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, ha ratificado tras escuchar a las víctimas lo que ya había expresado por escrito el pasado año: “La investigación de España no cumplió los requisitos de la directiva europea de seguridad”, ya que “el accidente no fue objeto de una investigación a fondo”.