A juicio tras más de una década de instrucción y casi veinte años después de los hechos. El exdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, tendrá finalmente que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documento público en su etapa como alcalde de A Arnoia por el PP. Concretamente, cuando a principios de siglo ocupaba, como regidor, la presidencia del grupo de acción local Ceivam.
Los hechos que ahora serán finalmente enjuiciados se remontan al otoño de 1999, cuando el empresario Gumersindo Álvarez, procesado junto al político del PP, pidió a Ceivam una subvención para construir una planta de biomasa en A Arnoia en el marco del programa sufragado con fondos de la UE Leader II. Álvarez presentaba un presupuesto de algo menos de 80.000 euros -entonces, 13 millones de pesetas- y solicitaba una subvención por la mitad del importe. Los trabajos y la maquinaria necesaria para la planta fueron certificados por el director de la obra, indica la acusación popular, ejercida por la Asociación para o Progreso do Ribeiro, ligada al PSdeG local.
Aquella obra, según defiende la acusación, nunca llegó a realizarse. Por el contrario, lo que sí se ejecutó fue “la reconstrucción de un galpón” -una pequeña construcción rural, utilizada generalmente para guardar maquinaria- en una finca del mismo municipio “que previamente había sido adquirida por el Ayuntamiento” dirigido por Martínez, “que también conocía que no se había adquirido la maquinaria”. La planta de biomasa, entonces, no llegó a funcionar en los términos en que había sido solicitada la ayuda, pero el exdelegado del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo certificó la obra y el pago de la subvención e hizo lo mismo, aseguran, en otras solicitudes.
Tras un largo proceso de dilaciones, archivos y reaperturas del procedimiento el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Ribadavia acabade decretar la apertura de juicio a Martínez y al resto de presuntos implicados en el caso. El político popular tendrá, además, que abonar una fianza de de 54.200 euros de manera solidaria con otros dos acusados para “asegurar” el cumplimiento de las sanciones que puedan tener que afrontar si son condenados.
Se aproxima así a su final un caso que comenzó en 2006, con una denuncia del BNG en un momento en el que la Agencia para el Desarrollo Rural de Galicia (Agader) comenzó a investigar las denuncias, en tiempos del bipartito de PSdeG y Bloque en la Xunta. Los ediles socialistas que han mantenido la acusación hasta ahora consideran este caso todo un “símbolo” de “numerosos atropellos y abusos en la gestión de los fondos públicos”, con Martínez cómo “máximo responsable”.
Rogelio Martínez fue nombrado delegado de la Xunta en 2009, tras elretorno del PP al poder y cuando ya estaba imputado en este caso. Tras seis años en los que fue considerado el hombre de la dirección del PPdeG en la provincia de Ourense, a modo de contrapeso a la familia Baltar, fue destituido en octubre de 2015, en el marco de la ola de cambios en el seno del Gobierno gallego que el PP decidió tras el golpe electoral de las elecciones municipales de ese año. No obstante, poco después de ser destituido Martínez aseguró que el motivo del relevo no era otro que la “renovación”, ya que el proceso judicial en el que está inmerso no era más que un “esperpento”.