El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central: “No tenemos plan alternativo ante finalización estado alarma y nos enteramos por los medios de comunicación de que nos quedamos sin cobertura legal”. La inquietud, ha dicho, es compartida por otros jefes de ejecutivos autonómicos. “Nos preguntamos qué podemos hacer a partir del 9 de mayo”, ha indicado y ha manifestado que se quedan en una “situación de indefensión”.
En la comparecencia ante la prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Feijóo ha interpretado a su favor el informe del Consejo de Estado que recomendó recurrir ante el Tribunal Constitucional parte de la ley de salud de Galicia que abre la puerta a la vacunación obligatoria. Ha defendido que el documento considera que no hay legislación adecuada para gestionar la pandemia y que, cuando venza el estado de alarma, habrá “un vacío legal”. “Es un clamor en el ámbito de las comunidades autónomas y entre los juristas, ahora refrendado por el máximo órgano consultivo”, ha añadido. Sostiene que la norma gallega, que el Consejo de Ministros ya aprobó recurrir, no incumple la Constitución y ha insistido en un diálogo entre administraciones para resolver el desencuentro, que ha ceñido a “dudas de expresión, de un tiempo verbal, sintácticas”.
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, remitió una petición al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para que convoque la comisión mixta con Galicia. Feijóo quiere evitar una “judicialización” del asunto y se revuelve contra los pasos dados por el Ejecutivo estatal: “Si no quiere hacer una ley, que no boicotee a una comunidad que quiere hacerla”.
Lo hace después de que su equipo asegurase que recurrirá ante el Constitucional la nueva Ley de Cambio Climático, si bien no ha aclarado a qué vía acudirá para hacerlo: “Vamos a ver cuál va a ser el procedimiento”. El informe solicitado al Consello Consultivo gallego concluye que hay “una posible inconstitucionalidad”. El presidente gallego centra las críticas en el artículo 18, que se refiere a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre y a su alcance en el tiempo. Esto es, a su juicio, “una parte importantísima de modificación de la Ley de Costas”.
“No hablamos de salvar hoteles, sino de que se nos deje vivir y trabajar”, ha protestado Feijóo, que alude a construcciones tradicionales y negocios como depuradoras de mariscos y conserveras, instaladas en la costa. No ha mencionado, aunque sí ha mostrado en otras ocasiones su apoyo, a Ence. La pastera carga también contra la redacción actual de la ley, que entiende que la obliga a dejar su actual emplazamiento en 2033. Si esa es la fecha límite, la empresa ha manifestado que no invertirá en mejorar la calidad ambiental.