La política gallega está enfocada hacia las elecciones municipales de 2019 desde poco después de los comicios gallegos del pasado septiembre. Así es, al menos, por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta. El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, lanzó simbolicamente tras lograr su tercera mayoría absoluta la ofensiva para intentar recoger todo el poder local posible y enmendar así el muy duro golpe sufrido por el PP gallego en mayo de 2015. En esta ya lanzada precampaña de los conservadores gallegos encajan varias de las iniciativas de la Xunta, que a través del propio presidente y de otros de sus miembros ha venido presentando a los gobiernos locales diferentes del PP, especialmente en las ciudades, como obstáculos para la recuperación económica. El movimiento más reciente pasa por ofrecer más financiación autonómica a los ayuntamientos que previamente renuncien a recaudar parte de sus impuestos.
En su reunión de la pasada semana el Consello da Xunta abordó un informe sobre “medidas para favorecer la implantación y fijación de empresas en Galicia”. Horas antes de la celebración de la Comisión Galega de Cooperación Local, que junta a la Xunta con ayuntamientos y diputaciones, el Ejecutivo gallego desvelaba que su plan pasa por proponer que los ayuntamientos se “adhieran” a un convenio promovido por la Consellería de Economía que los convertirá en Concellos Doing Business en Galicia. Integrarse en esta red, dice el Gobierno, permitirá “tener prioridad en diferentes órdenes de ayudas”, como las dirigidas a “parques empresariales, viveros industriales” o “eficiencia energética” o disponer de servicios adicionales para captar inversiones personales.
Pero para acceder l estas ventajas a los municipios se les exigirá una renuncia previa. Tendrán que firmar el compromiso de “impulsar medidas como la supresión o bonificación de impuestos municipales”, entre los que la Xunta cita específicamente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los tributos sobre actividades económicas, construcciones, instalaciones y obras, así como los cobros ligados a licencias de obra o apertura. “Del mismo modo se proponen ofrecer suelo empresarial a un precio competitivo, con un máximo por metro cuadrado y la posibilidad de alquilar suelo municipal para la instalación de empresas”, dice la Xunta tras unos años en los que han fracasado diversos intentos para colocar terrenos industriales de titularidad autonómica pese a haber aplicado sucesivas rebajas.
Con este proyecto el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo procura asentar en el ámbito económico y empresarial una medida ya ensayada puntualmente en otros campos. Uno de los casos más recientes se ha producido en el Ayuntamiento de Lugo, al que la Xunta ofreció equipar el nuevo auditorio de la ciudad -construido por la Administración autonómica, pero transferido a la local- a cambio de quedar exenta de abonar el IBI por edificios de su titularidad.
Financiación insuficiente y alternativas
El plan de la Xunta para que los ayuntamientos compitan en mayor medida por ayudas autonómicas en detrimento de sus propios impuestos llega en un momento en que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) defiende, tras el trabajo al respecto de una comisión de expertos, la necesidad de replantear la financiación local a través de nuevas leyes estatales y gallegas. No en vano, la asociación municipalista gallega calcula que la brecha de financiación de los ayuntamientos gallegos oscila entre unos 40 y unos 50 euros menos por habitante con relación a la media estatal.
Entre las soluciones defendidas por los ayuntamientos figura una va justo en la dirección contraria del modelo impulsado por la Xunta. Es necesario, cree la Fegamp, apostar por una “progresiva desaparición del sistema de subvenciones” y substuírlo por “transferencias directas con criterios objetivos de reparto”. Entre los ejemplos a seguir citan los planes únicos de financiación a los ayuntamientos que impulsan en este mandato las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra, gobernadas por PSdeG y BNG.
Otra de las líneas propuestas por los ayuntamientos gallegos es una reforma de la apodada como ley Montoro, que impide a los gobiernos locales destinar el dinero que ahorran a servicios públicos, toda vez que están obligados a atender primero la amortización de deuda. A esta normativa, que el Ministerio de Hacienda dice no prever suprimir, se unirá en los próximos meses la disposición contenida en los Presupuestos Generales del Estado para impedir la integración en la Administración del personal que esté trabajando en servicios municipales gestionados por empresas privadas.