Ni trama incendiaria, ni grupo terrorista, ni organización delictiva alguna. La intensa ola de incendios que en pocos días quemó en Galicia 50.000 hectáreas y acabó con la vida de cuatro personas el pasado octubre no fue provocada por “tramas organizadas”, como advirtió Rajoy como “posible explicación”, ni por una “actividad delitiva incendiaria para alterar la paz social”, como aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha reiterado este lunes el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, que ha presentado el informe que la Fiscalía realizó sobre aquel trágico fin de semana de otoño y que incide en descartar cualquier ataque organizado a los montes del país. A pesar de que el informe fue elaborado fundamentalmente por el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, fue finalmente el máximo dirigente del Ministerio Fiscal en la comunidad el encargado de presentarlo.
El lunes siguiente a la tragedia, Feijóo leyó ante la prensa una declaración institucional centrada en condenar el “ataque” del “terrorismo incendiario”, la misma que se insertaría después como publicidad en una docena de periódicos impresos -ocho editados en Galicia y cuatro, en Madrid- después del pago de 77.000 euros públicos, tal y como adelantó Praza.gal. Llegó a decir que “se quemaron parques naturales concertadamente que se encontraban a 300 kilómetros de distancia”. Pero no hubo nada concertado, ni grupo organizado alguno.
Tan sólo dos horas antes de la intervención de Suanzes en la comisión parlamentaria para el estudio y análisis de la política forestal y de los incendios, los grupos políticos recibieron el decreto de archivo de las diligencias de investigación penitenciaria de la Fiscalía, así como un resumen del informe. El texto es claro: “Las diligencias de investigación concluyen que no se puede acreditar una planificación criminal organizada”.
“No se pudo determinar que los numerosos incendios ocurridos en la semana del 8 al 15 de octubre de 2017 obedezcan a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y que persigan objetivos supraindividuales”, ha resumido Suanzes al abordar las conclusiones del informe sobre esos 352 incendios que en pocos días quemaron casi 50.000 hectáreas.
Incluso ha ido más allá, al aclarar, tras ser preguntado por el uso del término “terrorismo” por parte del Gobierno gallego o español para atribuir las causas de los incendios, que entiende que “cuando un ciudadano o político lo usa lo hace desde un punto de vista vulgar”. “Desde un punto de vista estrictamente jurídico, obviamente esto no es terrorismo porque eso requiere determinadas finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar estado de terror en la población; y eso no fue así”, ha explicado.
Según aclara Suanzes, “no se constataron nuevas tipologías, en cuanto a los artefactos incendiarios”. De igual manera, se verificó una vez más que “los tres elementos que pueblan el imaginario de la causa de los incendios: la madera, el urbanismo, y la economía del fuego, no fueron detectados, y quedan descartados como ya destacaba el informe de 2007 y actualizaciones posteriores”.
“Informaciones no contrastadas, rumores y alarma”
Por tanto, insiste, como en la investigación llevada a cabo hace más de una década, que no hay evidencia, ni prueba alguna de que haya ningún tipo de trama organizada para prenderle fuego a Galicia, tal y como ya habían advertido los atestados policiales o numerosos expertos. Además, ha recordado que “se generaron informaciones no contrastadas, rumores y malentendidos” propagados “con la ayuda de las redes” y que provocaron “alarma e incluso pánico” cuando, en realidad, la extensión del fuego en entornos como el de Vigo se debía “al viento que expandía partículas incendiarias”. De hecho, el informe detalla que los datos hacen prever que los fuegos que afectaron el área viguesa tienen su origen en dos únicos focos: el iniciado en la parroquia de Morgadáns, en Gondomar, y otro en la parroquia de Parada, en Nigrán.
Suanzes incluso advierte de que de todas las llamadas y entrevistas posteriores a personas que informaban de la posibilidad de gente provocando incendios, en ninguna “los informantes vieron persona alguna prendiendo fuego”.
Lo que sí acredita la Fiscalía es “el altísimo porcentaje de intencionalidad de los incendios investigados”, aunque “no es posible llegar a una cifra indubitada y conforme a todos los operadores involucrados, habida cuenta la diversidad de metodología y conclusiones”. El análisis de los incendios con mayor afectación, superior a 500 hectáreas, revela que su intencionalidad es dominante en más de un 61%. Entre ellos están los siniestros en los que se produjo la pérdida de vidas humanas, que están siendo objeto de una especial y minuciosa investigación. El informe realizado por la Policía Autonómica, que refiere a análisis pormenorizado de un total de 97 incendios en la demarcación asignada, determina una intencionalidad próxima al 70%. Por su parte la Guardia Civil informa de 280 fuegos catalogados de intencionales sobre el total de 352, es decir un 79,5%. Por último, la Consellería de Medio Rural eleva la intencionalidad hasta el 87,7%.
Además, Suanzes advierte de que las causas de esa intencionalidad eran, mayoritariamente, por la quema de matorral para usos agrícolas o comportamientos próximos a la piromanía, además de por conflictos vecinales o relacionados con la caza. Al mismo tiempo, insiste en que las “condiciones climáticas extraordinarias” ayudaron a propagar y avivar los incendios, cada vez más graves por las “nuevas condiciones climatológicas”.
En el informe se destaca que de los 18 incendios especialmente estudiados, por su extensión, once fueron “muy probablemente” intencionados, mientras que los siete restantes fueron “reproducciones o extensión de otros incendios” debidas al traslado de chispas y pequeñas llamas e incluso a la “propagación de los focos acontecidos en Portugal”, como en el caso de los de As Neves o Salvaterra.