La gestión de la educación durante la pandemia: repaso a seis meses de conflictos en Galicia

Al tiempo que la Xunta celebraba la consecución de un acuerdo a nivel estatal para el inicio del curso escolar, admitía que apenas va a introducir cambios en el plan previsto en Galicia y que mantiene en pie de guerra a sindicatos, profesorado y familias. El Gobierno gallego lleva meses pidiendo que sea el Estado el que unifique los criterios sanitarios para la vuelta al colegio pese a que las competencias en Educación son de las comunidades autónomas. Una vez alcanzado, ese acuerdo de mínimos traerá pocos cambios a Galicia. El principal es el discutido espacio entre cada estudiante que pasará a ser de un mínimo de 1,5 metros en lugar de un metro “de cabeza a cabeza”. Educación, que dice que no hay espacio para desdoblar aulas, no ha explicado cómo lo materializará.

El curso escolar fue el primero en sufrir las consecuencias de la expansión del virus en marzo, con la suspensión de un día para otro de las clases, y se reiniciará el próximo 10 de septiembre sin que los protocolos y los medios preparados por la Xunta de Galicia hayan contentado mínimamente a la comunidad escolar. Los desencuentros entre la consellería que dirige Carmen Pomar y profesorado, familias y sindicatos no han cesado en los seis meses que separan el abrupto final de las clases presenciales de la vuelta a las aulas.

Enseñanza no presencial. La expansión del coronavirus dejó al aire la deficiente preparación del sistema para afrontar una enseñanza online en todos los niveles. Desde la falta de plataformas, medios y formación al profesorado hasta la escasez de iniciativas públicas para saltar las brechas socioeconómicas del alumnado, que impiden el igual acceso de los estudiantes a la educación a través de medios telemáticos. Las órdenes desde la Consellería de Educación fueron cambiando por la presión del profesorado, que en un inicio tenía que mantener su puesto de trabajo en el centro pese a que los alumnos y alumnas estaban en sus casas. Unos días después esta decisión quedaba en mano de las direcciones de los centros y, unas jornadas más tarde, era solo una persona de la directiva la que tenía que acudir.

Aplazamiento de las oposiciones. Galicia fue la comunidad que más se resistió a anular el proceso de oposiciones para profesorado, convocadas para finales del mes de junio y a las que planeaban acudir más de 18.000 aspirantes. A mediados de abril, después de un mes de confinamiento, el único Gobierno que mantenía un proceso de estas características en marcha era la Xunta de Galicia pese a las críticas de sindicatos, oposición y estudiantes. Carmen Pomar aseguraba entonces que la Xunta las mantenía “por respeto” a los estudiantes de la prueba.

La evaluación del curso. Con el Gobierno central al mando de todas las competencias gracias al estado de alarma, el presidente de la Xunta cargó tintas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez a costa de la evaluación del curso escolar. Alberto Núñez Feijóo reclamó del Estado un sistema de evaluación igual para todas las comunidades, así como una vuelta planificada a las aulas para el alumnado que se tenía que enfrentar a selectividad o a cursos que dan algún tipo de certificación. Pese a que el Gobierno central autorizó también el regreso a las clases de los tres a los seis años para favorecer la conciliación familiar, Galicia optó por mantener estas clases cerradas y también las escuelas infantiles hasta el mes de septiembre.

Universidad. Estudiantes de las tres universidades gallegos comenzaron a mediados de abril una huelga para reivindicar el fin del curso escolar. Reclamaban la finalización del curso escolar y a la superación automática del cuatrimestre restante, pero sin contase para la nota media. Mientras, la Consellería de Educación ponía en marcha un plan para transformar la docencia en las universidades gallegas apostando por las clases online y las evaluaciones sin exámenes que comenzaría en este próximo curso. Su diseño, recaía en el sector privado y encontró oposición entre profesorado, alumnado y las propias rectorías. La Consellería de Educación se vio forzada a retirarlo.

2.000 millones. Una de las partidas a fondo perdido que el Gobierno central prometió a las comunidades llevaba pegada la etiqueta de Educación. Un reparto preestablecido que no gustó al presidente de la Xunta. Feijóo reclamó poder usar ese dinero para las partidas que dispusiese, apelando a “la mayoría de edad” del Gobierno gallego. La cuestión del dinero ha estado en buena parte de las polémicas sobre el regreso de las clases presenciales de los últimos meses, ya que los sindicatos consideran que algunas cuestiones, como la reducción del número de alumnos y alumnas por clase o los comedores gestionados por ANPAS, se pueden solucionar si hay voluntad política para asignar más fondos a Educación. A finales de julio, un mes y medio del inicio del curso, Educación no sabía decir si estaba prevista alguna inversión parar adaptar los centros de enseñaza ante el coronavirus y ligaba esta decisión al reparto de los 2.000 millones que no quería Feijóo para esta materia.

Protocolo de inicio de curso. Unos días después de las elecciones del 12J, la Consellería de Educación presentó un protocolo de inicio de curso que no reduce la ratio legal de 25 alumnos por aula y que hizo saltar las alarmas de los sindicatos y las asociaciones de padres y madres. La CIG, el sindicato mayoritario en el sector, pidió la retirada del documento por “ir al contrario de cualquier medida de precaución”, se retiró de la mesa de negociación y convocó varias manifestaciones.

Número de estudiantes por aula. Uno de los puntos más discutidos es que mantiene el número de estudiantes en cada aula en 25, lejos de los 15 o 20 como máximo que marca el Ministerio de Sanidad. El aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas ha limitado las reuniones a diez personas, mientras que en las aulas se doblará ese número dentro de dos semanas. El presidente de la Xunta ha insistido en varias ocasiones que el “peligro” de contagio para los estudiantes no está dentro de las clases, sino al aire libre, durante el tiempo de los recreos, mientras que su conselleira ha apelado a los efectos negativos de separar a los estudiantes que comparten un grupo. Unas semanas de presión después, Pomar aseguró en una entrevista en la Cadena Ser que no se reducen los ratios porque la falta de espacio hace “inviable” dividir los grupos y, por ende, no es necesario contratar más profesorado. A pesar de eso, la Xunta publicita la contratación de 1.000 docentes para el próximo curso, en su mayoría de programas de refuerzo ya existentes otros cursos.

Metro de separación. Tampoco gusta a profesorado ni familias que la distancia de seguridad dentro del aula se reduzca a un metro “de cabeza a cabeza” de estudiante cuando, en cualquier situación, fuera de los centros escolares el mínimo es de 1,5 metros. El acuerdo alcanzado ayer entre Gobierno central y comunidades, también ratificado por la Xunta, indica que metro y medio será también “como norma general” la distancia de seguridad en las aulas excepto para los grupos de convivencia, que no se mezclen con otro alumnado. Por el momento, Educación no ha indicado qué efectos tendrá eso en el número de alumnos que puede albergar cada aula.

Mascarillas. El presidente Feijóo sugirió hace unas semanas que el protocolo de inicio seguiría sufriendo cambios, entre los que sugirió el uso obligatorio de mascarillas para el alumnado mayor de tres años. El jefe del Ejecutivo gallego afirmó que lo propondría en la reunión con el Gobierno central, pese a que Galicia tiene competencias plenas para introducir esta medida. Finalmente, el uso de la mascarilla estará entre las medidas del próximo ejercicio escolar e incluso se extenderá, “cuando sea posible”, a los niños y niñas más pequeños, de tres a seis años a pesar de que no tienen obligación de llevarla en la calle u otros espacios.

Comedores. Los comedores escolares gestionados por las ANPAS en Pontevedra, Marín y Vigo han renunciado a ponerlos en marcha de nuevo este año. Consideran que el departamento de Pomar carga sobre las familias, que se encargan de los comedores de forma voluntaria y sin remuneración, una responsabilidad y unos gastos extra que no pueden asumir sin la colaboración de la Xunta de Galicia. El presidente gallego no dudó en calificar de “amenaza” la posición de las ANPAS, una línea que sigue también la conselleira. Ayer mismo definió la situación de estos comedores como “luchas de color político” al tiempo que se ofrecía a “asesorar y orientar” a las asociaciones de madres y padres.