El director general de Ordenación Forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto, que lleva 17 años como máximo responsable autonómico de la lucha contra los incendios forestales, está imputado por presuntas irregularidades en la contratación de helicópteros para la lucha contra el fuego. La investigación, del juzgado de instrucción número 3 de Santiago la instancias de la Fiscalía, fue abierta a raíz de una denuncia por prevaricación presentada en 2012 por el sindicato CIG y que desde entonces viene avanzando a ritmo dispar. En las últimas semanas, tras la ola de incendios del pasado 15 de octubre, la oposición gallega ha reclamado expresamente al presidente de la Xunta el cese de Fernández-Couto pero Feijóo continúa avalando a quien es uno de los altos cargos en los que más confianza ha venido depositando. Fernández-Couto, según han confirmado a Praza.gal dos fuentes de la Fiscalía, ya ha sido citado a declarar en calidad de investigado, antiguo imputado.
La investigación tiene su origen en una denuncia por prevaricación presentada en 2012 por la CIG contra la entonces conselleira de Medio Rural y hoy de Mar, Rosa Quintana; su entonces secretario general, Francisco José Vidal Pardo (que meses después dimitió por “motivos personales”), y Fernández-Couto, director o secretario general a cargo de la política forestal gallega desde 1996, con el único paréntesis del gobierno de PSdeG-BNG entre 2005 y 2009.
El sindicato ponía el foco en la adjudicación a dedo por 6,6 millones de euros del servicio de transporte aéreo en helicópteros de las brigadas de lucha contra el fuego a la empresa Inaer. La Xunta argumentó que la cercanía de la época de incendios le impedía convocar un concurso público o pedir otras ofertas y se lo encargó directamente a Inaer a través de una “encomienda de gestión”, según la expresión empleada en su momento por la propia conselleira. Esa firma, adjudicataria también de los servicios de salvamento marítimo y emergencias sanitarias de la Xunta, fue adquirida hace tres años por la británica Babcock. Ya venía prestando ese servicio de transporte de los operarios en años anteriores, pero en ese asumió también la gestión de las brigadas, que antes realizaba la Xunta y que Inaer subcontrató a su vez a otra empresa, Natutecnia.
Un año después, en 2013, la Xunta sí convocó un concurso público para prestar ambos servicios ese año y el siguiente. Junto con Inaer, también se presentó otra empresa que ya había realizado ese trabajo en Castilla y León, pero el Gobierno gallego argumentó que las dos ofertas incumplían los pliegos de condiciones, declaró desierto el concurso y convocó un procedimiento negociado en el que eligió a dedo las empresas invitadas a participar. Ya sólo concurrió Inaer, que se llevó el contrato con una rebaja sobre el precio de partida de solo 8.000 euros sobre los 12,3 millones de euros de la licitación.
A finales de 2014 un informe del Consello de Contas, el órgano de fiscalización autonómico equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, criticó que la Xunta “demoró en exceso la convocatoria” del concurso original y que posteriormente hubo una “modificación sustancial de las condiciones iniciales” que a su ver “constituye un obstáculo legal para la posterior convocatoria de este procedimiento negociado sin publicidad, con infracción de los principios de publicidad y transparencia”. Contas consideró que el Gobierno gallego debió convocar un nuevo concurso público y no adjudicar aa Inaer de manera negociada.
Según fuentes judiciales, ese informe del Consello de Contas permitió reactivar la instrucción y a principios de 2015, cuando trascendió que estaba en marcha la investigación, por lo menos dos interventores de la Xunta habían declarado ya en el juzgado. Sin embargo, posteriormente el juzgado canceló declaraciones de testigos ya previstas y la causa volvió a sufrir un estancamiento.En abril de este año se tomaron declaraciones, entre ellas a Fernández-Couto, y el instructor está ahora a la espera de un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En los últimos días, tras la ola de incendios del pasado 15 de octubre, los partidos de la oposición pidieron la destitución de Fernández-Couto tanto por ser el máximo responsable de lo que consideran como una incorrecta ordenación del monte gallego a lo largo de las últimas décadas como por ser el responsable de los dispositivos de lucha contra el fuego. Sin embargo, Feijóo, que según diversas fuentes tiene a Fernández-Couto como uno de sus altos cargos mejor valorados, y de hecho es de los pocos que se mantienen desde su primer gobierno, viene insistiendo en avalar su trabajo. “¿Cree que sería lógico que la ola de fuegos de 48 horas hiciéramos responsables a las personas que trabajaron durante los últimos nueve años? Sería lo más fácil”, respondió el propio Feijóo este miércoles en el Parlamento cuando se le volvió a pedir la destitución de Fernández-Couto.
Por otra parte, Inaer, hoy integrada en Babcock, no sólo es adjudicataria de los principales servicios de la Xunta prestados a través de helicópteros, en muchas ocasiones siendo la única oferta que se presenta a los concursos y sin ofrecer un sólo euro de rebaja sobre el precio de licitación, sino que también es socia industrial del Gobierno gallego, junto con Indra, en la base de investigación de aeronaves no tripuladas que está desarrollando en el aeródromo lucense de Rozas.
Investigaciones penales similares por contratos para servicios aéreos de extinción de incendios se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas, en el marco de lo que se denomina como “cártel del fuego”.